En qué gastará Castilla-La Mancha los más de 13.000 millones de euros presupuestados para 2027

Ya se conocen los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2027: un total de 13.587 millones de euros destinados al próximo ejercicio. El Consejo de Gobierno ha dado luz ver al proyecto de ley que regula las cuentas públicas autonómicas, así como la de Medidas Tributarias, Administrativas y de Simplificación Administrativa, conocida como Ley de Acompañamiento. Ambas se han remitido a las Cortes regionales para su tramitación. Esa cantidad supone un incremento del 5,3% y hasta 683 millones de euros más en términos absolutos si se comparan con los del año 2026.

Lo ha detallado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha apuntado que estas cuentas recogen una reducción del 80% de los ingresos procedentes de los fondos europeos de recuperación, que pasan de 600 a 100 millones de euros.

“La mayoría de los fondos europeos finalizan el 31 de diciembre del 2026, excepto para la Consejería de Fomento. Estamos hablando de unos recursos que tienen carácter extraordinario y, además, temporal y distorsionan cualquier comparación que hagamos con los ejercicios precedentes”, ha abundado el consejero.

Por tanto, ha detallado que el presupuesto “real” de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2027 es de 11.974 millones de euros. Ese es el resultado de restar a la cifra anterior lo que se destinará a amortizaciones de la deuda, “eliminando el efecto de esa reducción de los fondos europeos”.

Estos 11.974 millones de euros suponen, según el consejero, un incremento en términos reales del 11,1% respecto al ejercicio anterior, “que nos va a permitir disponer de prácticamente 1.200 millones de euros más que en el ejercicio 2026”, ha manifestado.

Los objetivos del presupuesto para 2027 son el aumento de los recursos destinados a la financiación de los servicios públicos y al desarrollo de la política de vivienda, así como favorecer el crecimiento económico y empresarial, invertir en innovación y sostenibilidad y hacer frente a la despoblación.

Sobre la base de estos objetivos, el consejero ha indicado que las cuentas regionales del próximo año se caracterizan por que el gasto social, de nuevo, constituye el principal eje, fundamentalmente el relacionado con el estado del bienestar y la vivienda. Una prioridad en este gasto que se hace “compatible con el equilibrio presupuestario, déficit cero”, que no incrementa el endeudamiento de la comunidad autónoma; y con las nuevas reducciones fiscales, fundamentalmente en relación con las familias, los jóvenes, las personas con discapacidad, los mayores y la vivienda.

En relación con el gasto social, se van a destinar 8.412 millones de euros, una cantidad que representa el 72,3% del gasto no financiero y que aumenta un 12,5%, sin contar con los fondos europeos, que sirve para financiar los servicios públicos fundamentales, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales. Concretamente, para más profesionales, infraestructuras y equipamientos, más servicios y ayudas; e innovación y digitalización de los servicios.

Sanidad, educación y servicios sociales

En su exposición, el consejero se ha centrado en esas tres principales áreas. En el caso de Sanidad, contará con 4.611 millones, un 13,6% más que en 2026, lo que supone un incremento de 553 millones. Una partida para, entre otras acciones, reforzar la plantilla de profesionales sanitarios, además de hacer efectiva la carrera profesional; seguir invirtiendo en infraestructuras sanitarias, con instalaciones modernas, funcionales y accesibles en hospitales y centros de salud; o desplegar tecnologías avanzadas para reforzar la capacidad resolutiva de los centros sanitarios en zonas rurales.

En Educación, se van a destinar 2.664 millones de euros, un crecimiento cercano al 10% con respecto al presupuesto anterior, excluyendo igualmente los fondos europeos, y un incremento de 234 millones en términos absolutos. Esta área permitirá ampliar la plantilla docente para bajar ratios, extensible este curso a 2º de Primaria, continuar con la reducción del horario lectivo del profesorado, reforzar la FP y la inclusión educativa.

Además, se va a proseguir con el plan de infraestructuras, climatización de centros y digitalización de aulas; extender la gratuidad de las plazas de 2 a 3 años a todos los municipios de la región que lo hayan solicitado y dotar de más plazas de transporte escolar en zonas despobladas. También se ampliará la oferta de plazas en comedores escolares y ayudas a las familias de los alumnos para que puedan usarlo y cumplir con los contratos de programas de las dos universidades públicas que operan en la región, consolidando la gratuidad de la matrícula para el primer curso.

En el área de Servicios Sociales, el presupuesto aumenta a 1.135 millones de euros, un aumento con respecto a 2026 del 14%. El objetivo es reforzar el modelo asistencial, especialmente en zonas afectadas por la despoblación; desarrollar el Plan de Impulso al Sistema de Dependencia; potenciar la teleasistencia y la ayuda a domicilio; consolidar el Termalismo Social y mejorar la oferta de Turismo Social para mayores de 55 años; y consolidar una Atención Temprana pública, gratuita y cercana.

270 millones para políticas de vivienda

Otra de las áreas a la que se ha referido el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital es el gasto destinado al desarrollo de la política de vivienda, que ha considerado un “sector con una fuerte vertiente social”. En este sentido, ha explicado que esta política de vivienda dispondrá de 270 millones de euros, 86 millones por encima de la dotación del ejercicio anterior.

Estos recursos, ha dicho, se orientan a facilitar el acceso a la vivienda, promover la construcción y rehabilitación de inmuebles y desarrollar actuaciones en materia de accesibilidad y mejora de la habitabilidad. La planificación presupuestaria se complementa con las medidas fiscales vinculadas a la vivienda, dirigidas a distintos colectivos y, especialmente, a facilitar el acceso a jóvenes y familias.

De hecho, en materia de vivienda, el consejero ha indicado que las desgravaciones vigentes supondrán un ahorro fiscal de 103 millones de euros, un 23% más, con alrededor de 30.000 potenciales beneficiarios. Por su parte, las medidas fiscales vinculadas a la lucha contra la despoblación alcanzan los 72 millones de euros, un 20% más, y podrá beneficiar, según estimaciones, a unas 130.000 personas. 

En relación con las políticas de gasto dirigidas a incentivar el desarrollo económico y a la generación de riqueza y empleo, desde una perspectiva de sostenibilidad, Ruiz Molina ha detallado que el presupuesto contempla 2.776 millones de euros, de los que prácticamente 1.400 millones se van a canalizar vía transferencia a las empresas, con actuaciones dirigidas al tejido empresarial, al emprendimiento, a la contratación, a la mejora de la empleabilidad, a la innovación y a la modernización de sectores productivos. Además, incluye partidas de apoyo al sector primario, la eficiencia energética, las infraestructuras y la mejora de la competitividad.

Reto demográfico

Durante su exposición, el consejero se ha vuelto a detener en el apartado dedicado al reto demográfico, ya que, de nuevo, el presupuesto recoge las políticas de la Estrategia Regional frente a la Despoblación, que en 2027 va a disponer de 2.198 millones de euros, con un crecimiento del 82% respecto al anterior ejercicio, lo que representa un 4% más.

Del citado importe, ha dicho, en torno al 40% se vincula a la prestación de servicios públicos en zonas afectadas por la pérdida de población y cerca del 42% se va a destinar a medidas relacionadas con el empleo, el emprendimiento, el apoyo a las pymes y a sectores como el turismo y las actividades agrarias y forestales. Entre las nuevas actuaciones previstas, Ruiz Molina ha hablado del programa ‘Moviliza tu Vivienda Rural’, orientado a favorecer la disponibilidad de inmuebles en municipios afectados por la despoblación.