Tercer aviso de la Defensora del Pueblo a la Junta por el abandono del Castillo de Galve
La Defensora del Pueblo comienza a hartarse de la actitud de la Junta con respecto al Castillo de Galve de Sorbe. Recientemente ha enviado un escrito a la Asociación Castillo de Galve en el que manifiesta su disconformidad con la “tardanza” de la Junta de Castilla-La Mancha a la hora de entregar la documentación que la Defensora del Pueblo le exige sobre el monumento abandonado. El objetivo de la Institución que dirige Soledad Becerril es recabar toda la información disponible a fin de evaluar hasta qué punto el Gobierno regional ha cumplido con sus obligaciones en relación a la conservación de este bien patrimonial.
El escrito de la Defensora del Pueblo, con fecha del pasado 19 de febrero, es el tercero en un año que recibe la Asociación de Galve en el que esta institución estatal afea al Gobierno de Cospedal su falta de diligencia para colaborar. Los anteriores están fechados el 30 de abril y el 11 de septiembre de 2014.
Al no recibir el informe solicitado, la Defensora del Pueblo ha comunicado a la asociación que ha vuelto a reclamarlo “por vía de urgencia” a la Consejería de Educación y Cultura. Una vez que la Administración envíe lo solicitado, la Defensora del Pueblo adoptará las medidas que considere oportunas para impulsar el proceso alrededor del castillo de Galve.
Los escritos de la Defensora del Pueblo tienen su origen en la queja presentada por la Asociación Castillo de Galve el 30 de diciembre de 2013 contra el propietario del monumento, que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y que se encuentra en un avanzado estado de degradación; y contra la Junta de Castilla-La Mancha, como administración competente en materia de patrimonio histórico. La Defensora del Pueblo necesita contrastar con la Administración de Castilla-La Mancha las alegaciones de la asociación galvita para admitir a trámite la queja.
Falta de colaboración
La Asociación Castillo de Galve ha expresado su lamento y su malestar por la falta de colaboración del Gobierno regional, teniendo en cuenta además que se trata de una exigencia directa de una institución pública del Estado.
Asimismo, la asociación recuerda que durante los múltiples contactos que sus miembros han mantenido con los responsables de la Delegación Provincial de la Junta, éstos se comprometieron a entregar toda la documentación que requiriese la Defensora del Pueblo.
Tras varios intentos frustrados con el dueño para negociar la rehabilitación del castillo, y ante la negativa del propietario a cumplir con las exigencias que desde 2007 le ha formulado la Comisión Provincial de Patrimonio, la Junta de Castilla-La Mancha valoró sancionarle entre 2010 y 2011. Tras el cambio de gobierno regional, la Consejería de Cultura volvió solicitar al propietario que presentara el proyecto de ejecución, estudio arqueológico y de paramentos, aunque sin resultados. En febrero de 2014, el Gobierno de Castilla-La Mancha anunció la incoación de un expediente sancionador que está pendiente de ejecutarse.
