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El Tribunal Europeo ratifica la ilegalidad de la ayuda estatal a Telecom Castilla-La Mancha para desplegar la TDT y pide agilizar su devolución

Antena de Telecom Castilla-La Mancha

La ayuda de más de 43 millones de euros concedida a Telecom Castilla-La Mancha para el despliegue de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en las zonas más despobladas en la región fue ejecutada de manera ilegal e incompatible con el mercado interior de la Unión Europea y España ha incumplido con su obligación para que fuera devuelta en su totalidad y en plazo.

Es el resumen de la sentencia de la Sala Novena del Tribunal de Justicia Europeo fechada en Luxemburgo a 29 de abril de 2021. En ella se considera que España no ha adoptado, en los plazos señalados, “todas las medidas necesarias para recuperar de Telecom Castilla-La Mancha, S. A., la ayuda estatal declarada ilegal e incompatible con el mercado interior”.

España no ha acreditado la cancelación de todos los pagos pendientes derivados de esta ayuda ni tampoco ha comunicado a la Comisión Europea, en el plazo fijado, las medidas adoptadas para cumplirlo. Tampoco ha aportado pruebas de que existiera imposibilidad de hacerlo. En la sentencia, el Alto Tribunal europeo condena a costas al Reino de España.

El Gobierno de Castilla-La Mancha acata pero no comparte la decisión

Fue el Gobierno de Castilla-La Mancha el que, en el año 2008, por encargo del Gobierno de España ejecutó el proceso de reconversión televisiva.

Alipio García, director general de Cohesión Territorial en Castilla-La Mancha ha explicado a elDiarioclm.es que el Gobierno “acata y asume la sentencia” que ya están estudiando los servicios jurídicos de la Junta, aunque al proceso no se le prevé mayor recorrido judicial.

Hasta la fecha, según ha explicado, se ha devuelto casi la mitad de la subvención dentro de un proceso que se inició en 2018. “Ahora trataremos de agilizar el ritmo, tal y como nos piden el Tribunal de Justicia y la Comisión Europea. Telecom CLM es una compañía sólida y está en disposición de hacerlo. Entiendo que hablamos de meses”.

Alipio García explica que “todas las comunidades autónomas estábamos en la misma situación y actuamos según el Plan nacional de transición a la TDT que planteó el Estado con fórmulas jurídicas variadas”.

Ahora Castilla-La Mancha, detalla, “es la primera en llegar al final del proceso judicial y hemos de terminar la devolución. Hemos intentado defenderlo hasta el final sin causar perjuicios a nadie. Hasta aquí hemos podido llegar. Me consta que la empresa ha estado preparándose para el peor de los escenarios”. De momento, a petición de este medio, la operadora no se ha pronunciado sobre la sentencia.

El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene que “no se tomó una mala decisión y sin embargo la Comisión Europea no ha entendido que aquí teníamos una televisión analógica y que la forma menos gravosa para actualizarla era apostar por la TDT. Nos pudimos confundir en algún detalle, pero la decisión fue acertada”, asegura García a preguntas de este medio.

En este sentido alude a un informe previo que llegó a presentar la comunidad autónoma “en el que se justificaba el procedimiento”. Actualmente, Castilla-La Mancha funciona “con un pliego de condiciones neutro tecnológicamente y la Comisión Europea no ha presentado objeciones al contrato”.

Esta ayuda se otorgó en el marco del programa del Gobierno de España, entonces en manos del PP de Mariano Rajoy, para la transición de la radiodifusión analógica a la televisión digital terrestre (TDT) en todo el país.

Se dividió el territorio en tres zonas para lograr la cobertura óptima y la financiación pública se otorgó en particular para las zonas más despobladas, que apenas representaban el 2,5% del total de la población del país.

En el mes de septiembre de 2007, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre, cuyo objetivo era que el servicio de TDT alcanzara una cobertura de la población española similar a la de la televisión analógica.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio aplicó el programa en colaboración con las comunidades autónomas que, según los casos, licitaron las actuaciones o bien las encomendaron a determinadas empresas.

¿Qué ocurrió en Castilla-La Mancha para llegar a esta situación?

En Castilla-La Mancha, a diferencia de lo sucedido en la mayoría de las comunidades autónomas, el Gobierno no optó por licitaciones regionales para extender la cobertura de la televisión digital.

Por el contrario, se habilitó en diciembre de 2008 un decreto que regulaba la concesión de subvenciones directas para la ejecución del Plan de Transición a la Televisión Digital Terrestre en Castilla-La Mancha.

Esta norma permitía la asignación directa de los fondos necesarios para la digitalización a los titulares de los centros emisores existentes.

Cuando los centros emisores eran propiedad de una entidad local, esta es la que celebraba un convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para obtener la financiación de los centros emisores.

Una vez recibida la financiación, las entidades locales compraban el equipo digital a su operador de telecomunicaciones y subcontrataban la instalación, explotación y mantenimiento del equipo a ese operador.

Cuando los centros emisores eran propiedad de un operador de telecomunicaciones privado, este operador celebraba un convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para obtener fondos de la Junta al objeto de digitalizar su equipo.

 Fue necesario construir 20 nuevos centros emisores, 14 de los cuales fueron construidos sobre la base de convenios celebrados entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las entidades locales, mientras que 6 lo fueron sobre la base de un convenio suscrito por la citada Junta y un operador de telecomunicaciones.

 La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha financió tanto la adquisición de equipos digitales como su instalación, explotación y mantenimiento durante los dos primeros años respecto a cada centro emisor digitalizado.

 Así, las entidades locales eran titulares de 475 centros emisores, mientras que 141 fueron objeto de los fondos concedidos a dos operadores de telecomunicaciones, Telecom CLM y Abertis Telecom Terrestre, S.A.

Dos denuncian provocaron la declaración de ilegalidad de las ayudas

En el primer semestre de 2009, la Comisión Europea recibió dos denuncias, una de ellas de Radiodifusión Digital, S.L., un operador local de telecomunicaciones y de televisión terrestre, y la otra de SES Astra.

Ambas denuncias tenían por objeto poner de manifiesto que una ayuda no notificada podía falsear la competencia entre la plataforma de radiodifusión terrestre y la satelital. Además, Radiodifusión Digital indicó que la medida en cuestión había dado lugar a un falseamiento de la competencia entre los operadores nacionales y los operadores locales.

En septiembre de 2010, la Comisión Europea comunicó al Reino de España su decisión de incoar procedimiento por la “controvertida” medida en Castilla-La Mancha.

En 2016, la Comisión Europea declaró que la ayuda estatal concedida a los operadores de la plataforma de televisión terrestre Telecom CLM y Abertis para la mejora de los centros emisores, la construcción de nuevos centros emisores y la prestación de servicios digitales y/o de explotación y mantenimiento en la zona II [ las áreas con menos población ] de Castilla-La Mancha, fue ejecutada ilegalmente y resultaba incompatible con el mercado interior”.

La Comisión añadió que, “al no respetar el principio de neutralidad tecnológica, la medida controvertida no era proporcionada y no constituía un instrumento apropiado para garantizar la cobertura de canales en abierto a los residentes de la zona II de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha”.

Las empresas de Telecomunicaciones recurrieron y sus recursos fueron desestimados en 2018.

Ya en junio de 2019, las autoridades españolas informaron a la Comisión de que la ayuda concedida a Abertis, así como los intereses correspondientes, habían sido recuperados de ese beneficiario.

Pero no ocurría lo mismo con la ayuda concedida a Telecom CLM. En julio de 2019, España informó de que se habían recuperado 9,1 millones de euros de la operadora. Se habían alegado algunos retrasos relacionados con la celebración de Elecciones, en mayo de 2019, para la constitución de los ayuntamientos y de los gobiernos de las comunidades autónomas.

Pero ese mismo mes, la Comisión Europea afirmó nuevamente que el importe total a recuperar ascendía 43,1 millones e instó a las autoridades españolas a devolver lo que faltaba (casi 34 millones de euros). 

Mediante escrito de 2 de agosto de 2019, las autoridades españolas alegaron de nuevo las dificultades políticas, jurídicas y prácticas. Por eso, la Comisión Europea interpuso recurso que ahora ha terminado en sentencia.

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