Los audios que el tribunal del caso Arandina descartó y que se difundieron en redes para desacreditar a la víctima

Una adolescente que sufre una triple agresión sexual, fruto de la intimidación ambiental y de la cooperación necesaria entre los tres condenados. Una menor de 15 años que cuenta a su círculo de máxima confianza lo sucedido, y que ante los demás, consciente de que se habla de ello, decide no mostrarse como víctima, afirmando que lo que ocurrió ese 24 de noviembre de 2017 había sido una relación consentida. Todo esto lo cuenta la sentencia del caso Arandina, que deja claro que la víctima “no miente sobre los hechos”, y que los audios en los que habla de ese encuentro sexual con personas conocidas con las que no tiene mucha relación no pueden ser tenidos en cuenta, dada su inmadurez y la contundencia de los hechos probados.

Sin embargo, esos audios –que solo tenían las partes– fueron difundidos públicamente para señalarla, para culparla. Fueron amplificados por responsables políticos y medios de comunicación que los trataron como una noticia más, incluso sosteniendo que podrían darle la vuelta a la sentencia de 38 años que cayó sobre los exjugadores de la Arandina, cuando la Justicia había decidido ya que no valían.

Lo había advertido uno de los condenados, Carlos Cuadrado, de 24 años, el mismo día en el que se le notificaba la sentencia: “Ahora es cuando se van a empezar a filtrar cosas, los mensajes de ella a sus amigas”. Y así fue. Tan sólo 48 horas después, las tres notas de voz que la niña había enviado a conocidas poco después de la agresión sexual, y que el tribunal estudió y valoró, se publicaron a través de WhatsApp y Twitter.

Algunos medios reaccionaron como si los audios fuese una información nueva, algo que iba a dar la vuelta a un caso ya juzgado. En el diario ABC Castilla y León se transcribieron los audios y se decía que “de esos audios se habló durante el juicio”. En la información se obviaba que la sentencia no les otorgaba valor. La pieza se editó durante la mañana del domingo y se incluyó lo que determinaba el juez. Pero durante algo menos de 24 horas, el asunto se contó como si fuese algo determinante. También el domingo pasado se hizo eco de los audios Televisión Castilla y León, que llegó a reproducirlos en su página web. No duraron demasiado, pero lo suficiente para que aumentase la criminalización y la presión sobre la víctima.

Algunos periodistas hicieron de esta prueba de nula relevancia para el tribunal, una causa. Alfonso Ussía, la fundadora de Vox y periodista, Cristina Segui... También varios policías, como el representante del sindicato Sipe, Alfonso Perdiguero, se posicionaron públicamente contra la víctima reproduciendo los audios. El padre de Cuadrado, que fue quien advirtió de que se produciría esa filtración, es policía nacional.

El teniente de alcalde de Astorga en la anterior legislatura, Pablo Peyuca, también difundió los audios. El exresponsable de este municipio leonés justifica ante eldiario.es que compartió la noticia “de un medio” porque era sobre Astorga, y dio por hecho que al estar en un medio se podía difundir. Mantiene que al eliminar la información ese medio, él hizo lo propio.

Algunos dieron un paso más y publicaron el nombre de la víctima, su correo electrónico y su imagen. El pasado lunes el padre de la niña denunciaba esto último en la comisaría de Policía de Aranda de Duero, que decidió remitir el atestado a la Fiscalía de Menores y al tribunal que condenó a los tres futbolistas. Faltaban solo dos días para que se celebrase una vistilla en la que se iba a decidir si los agresores entraban o no en prisión. La abogada de la acusación particular y los padres de la niña optaron por esperar hasta entonces para decidir si denunciaban también la difusión de los audios.

La presión seguía aumentando. Con unos audios que volaban de un móvil a otro. El padre volvió ese mismo día a la comisaría de Aranda para denunciar la publicación de los audios de voz de su hija. No ha trascendido cómo se va a abordar la investigación pero los audios sólo han podido difundirlos las partes, que son quienes han tenido acceso al sumario. La sospecha pesa sobre Cuadrado por haberlo adelantado ante las cámaras de televisión.

Mientras ni la Fiscalía ni el Juzgado han actuado de oficio, a la denuncia del padre de la niña se ha sumado la de Facua, este mismo viernes. La organización de consumidores ha enviado este viernes a la Fiscalía certificados digitales de difusión a través de Twitter de audios de la menor. El miércoles ya lo había hecho ante la Agencia Española de Protección de Datos, que ha determinado recientemente que una persona física puede ser objeto de sanción por la difusión no autorizada de comunicaciones personales a terceros. Facua ha remitido certificados de la difusión realizada por Ussía, Cristina Seguí, el simpatizante de Vox Bertrand Ndongo y el subinspector de la Policía Nacional, Alfredo Perdiguero. También Unidas Podemos ha decido actuar y ha remitido a la Fiscalía General del Estado los tuits.

Mientras tanto, continúan las manifestaciones y concentraciones a favor de la víctima y de los condenados. El pasado sábado, organizaciones y asociaciones feministas mostraron su apoyo a la menor en Aranda de Duero, donde reside. Los defensores de los condenados lo hicieron a su vez en sus municipios de origen. La víctima y su familia siguen recibiendo apoyo psicológico y apenas salen de su vivienda de Aranda.