Podemos sobre el decreto de la Junta de Castilla y León para contratar a cuidadores para niños en cuarentena: “Tienen la misma credibilidad que Vox condenando el franquismo”

El líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha criticado el decreto de medidas para el cuidado de menores que anunció la Junta con el que se busca facilitar la contratación de cuidadores para aquellos menores de 12 años que tengan que hacer cuarentena. “A nuestro juicio vuelve a demostrarse que estamos ante un Gobierno del postureo, el trampantojo y la venta de humo”, ha señalado Fernández ante los medios de comunicación. Aunque desde Podemos consideran la propuesta de la Consejería de Familia como una medida de conciliación “interesante y que podría generar empleo en el sector”, critican la falta de concreción económica y que se haya ignorado a las entidades locales para su elaboración: “La credibilidad que tiene este Gobierno es la misma que Vox condenando el franquismo”, ha criticado.

Según Podemos, en la propuesta de 3 millones de euros, no se especifica “ni cuánto se va a destinar a las entidades locales, ni cómo se va a repartir y tampoco en qué condiciones se deberá contratar a los profesionales encargados de los cuidados. ”Como suele suceder con las medidas anunciadas por la Junta, la partitura es buena, pero la ejecución es negativa“, ha sostenido Fernández. ”Se ha parido sin escuchar a los entes locales, que son a los que se les va a endosar la tramitación“. Para el procurador de Podemos en las Cortes y portavoz del grupo mixto, el Gobierno autonómico ”no ha hecho una adecuada planificación“, más allá de reunirse con los concejales de Servicios Sociales a quienes ha tratado de imponer su visión. El líder de Podemos ha insinuado que la Junta mantiene esta actitud porque la mayoría de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes no están en manos del Partido Popular: ”No quiero creer el color político haya influido. Sería, ruin y miserable“.

Entre los elementos del decreto que cuestionan, Fernández ha glosado que no haya una distinción entre menores y personas dependientes, ni se hable de las horas de contratación y que tampoco se detalle cómo se va a compatibilizar esta medida con otras ayudas como las de atención en el domicilio. Además, como sucedió con el complemento a los ERTE que anunció el Gobierno autonómico, Podemos rechaza que el decreto no sea progresivo. Según denuncian, esta falta de progresivida puede provocar que personas con rentas más bajas a los 40.000 euros que se ha puesto como tope, se queden sin las ayudas. “La medida anunciada con pompa y boato arroja muchas más sombras que luces”.

En la rueda de prensa en las Cortes, el líder de Podemos ha aprovechado para cargar contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco por defender los intereses del PP en lugar de los de los castellanos y leoneses. “Es patético y bochornoso que no tengamos presidente sino a un guiñol del señor Pablo Casado”. En ese sentido también se ha referido a la actitud de la Consejería de Transparencia, en manos del vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en la Comunidad, Francisco Igea, a cuenta de la no publicación de un informe sobre la situación de las residencias de Castilla y León durante la pandemia de COVID-19.

“Es penoso que la Consejería de Transparencia sea lo más opaco del mundo. Es triste que aquellos que vinieron a regenerar estén degenerando la política y protegiendo los intereses de empresas privadas”, ha explicado. Así el líder de Podemos en Castilla y León ha reclamado una vez más el informe de la gestión en centros asistenciales públicos y privados de la Comunidad, a cuya publicación se comprometió la Junta en la firma de los pactos por la reconstrucción. “Nosotros esos datos los llevamos exigiendo dese hace meses. Están al servicio de las entidades privadas. Es bochornoso y patético”, ha resumido. Según ha recordado, su partido pidió una comisión de investigación parlamentaria sobre las muertes en residencias de la Comunidad -alrededor del 65% de los fallecidos en Castilla y León eran usuarios de las mismas, pero el partido, con dos procuradores, no tiene mayoría suficiente para ponerla en marcha. Para Fernández que se estén haciendo comisiones de investigación sobre otras materias, pero no sobre las residencias “dice mucho de aquellos partidos que se niegan”.