La AIReF asegura que la Junta de Castilla y León prevé un ahorro de 82 millones al no reponer las jubilaciones en 2026

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha emitido este miércoles su informe sobre la previsión presupuestaria enviada por la Junta de Castilla y León para 2026, en el que ve “riesgo de incumplimiento de la regla de gasto” y desvela la intención del Ejecutivo autonómico de intentar ahorrar 82 millones con la no reposición de jubilaciones.

En su informe, la AIReF mantiene vigente su recomendación formulada en el anterior documento para corregir las “desviaciones” observadas en los ejercicios presupuestarios de 2025 y 2026, al indicar que con las cuentas remitidas por Castilla y León el gasto crecería el 5,9 por ciento, mientras que el límite fijado por esta entidad para cumplir con la regla de gasto debería ser únicamente del 3,3 por ciento.

En su contestación a la AIReF, la Junta ha tratado de defender su programación presupuestaria con referencias, entre otras líneas, a la compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios, la disminución del gasto derivado de la concesión de obra y explotación por parte de la concesionaria del Complejo Asistencial de Burgos, medidas de reducción del gasto farmacéutico en atención primaria, el ahorro energético en edificios públicos y el traslado de las oficinas de la Gerencia de Servicios Sociales en Valladolid, pero esas medidas no tienen “claro” su calendario de implementación.

Detalla también el informe que en su última aportación de documentación, la Junta cuantificó en 76 millones un incremento en el gasto, aunque no desvela en sus recomendaciones el destino de ese dinero.

En uno de sus apartados, la AIReF explica que el proyecto de ley de Presupuestos registrado por la Junta de Castilla y León no recoge estimaciones sobre la regla de gasto y prevé alcanzar un déficit equivalente al 0,1% del PIB, aunque lo hace con un cálculo más moderado de recursos y empleos que el estimado por esta entidad.

Los ingresos

La Autoridad Independiente calcula que los ingresos de la comunidad en 2026, sin tener en cuenta los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aumenten un 5%, hasta situarse en una cantidad equivalente al 17,1% del PIB, “sustentada fundamentalmente en el aumento del 7% de los recursos del sistema de financiación” -entregas a cuenta del Gobierno central-.

Además, la AIReF estima un crecimiento del 4% de los ingresos tributarios en su conjunto por la evolución positiva del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y un descenso de los ingresos de fondos europeos, de los que se espera un “nivel excepcionalmente elevado en 2025”.

También contribuirá a los ingresos autonómicos una “leve mejora” asociada al nuevo impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, compensando la retirada parcial de otras medidas (ayudas al transporte y menores no acompañados), según el informe de AIReF.

Tal y como anunció la Junta, el informe ratifica que el proyecto de ley de presupuestos no incluye nuevas medias permanentes de ingresos -fiscalidad-, por lo que las bajadas de años anteriores “no impactan en la regla de 2025 y 2026”.

Los gastos

Sobre los gastos previstos, el informe hace referencia al ahorro de 82 millones que prevé la Junta por la no reposición de efectivos, que compensaría el mayor gasto de 20 millones derivado de las medidas de personal adoptadas para este año (concurso de traslados y carrera profesional de grado IV).

Además, detalla el informe que otros 11 millones de incremento de gasto están vinculados a las bonificaciones al transporte y otros 36 millones esperan obtener por ahorros vinculados a acuerdos marco en sanidad y racionalización en los medicamentos, medidas de ahorro energético y disminución en alquileres.

Otras de las medidas incluidas por la Junta en sus incrementos de gastos y que tiene en cuenta la AIReF para apuntar al riesgo de incumplimiento de la regla de gasto son el nuevo bono de 300 euros destinado a compensar la subida de cuotas a los autónomos, la bonificación de los peajes de las autopistas a los conductores recurrentes empadronados en Castilla y León, las ayudas para la movilidad de las personas mayores en su vivienda -sustitución de bañeras por plato de ducha- y gratuidad del transporte público regular para los menores de 15 años.

Sobre la deuda pública, el informe de la AIReF considera que Castilla y León se situará al cierre de 2026 en una cuantía de la deuda equivalente al 17,6% del PIB, lo que implicaría 1,5 puntos porcentuales menos respecto a 2024, cuando se situó en el 19,1%, aunque lo vincula fundamentalmente con el crecimiento previsto del PIB.

Marco de incertidumbre

La AIReF reconoce en su documento que existe incertidumbre sobre los presupuestos para 2026, dado que están pendientes de publicar aún por parte del Gobierno central los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública que regirán para los tres ejercicios siguientes ni se ha publicado un nuevo informe sobre la situación de la economía española que actualice para los años siguientes la tasa de referencia de la regla de gasto.

Del mismo modo, falta también la transposición del nuevo marco fiscal europeo al nacional que tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2025, lo que según la AIReF condicionará las reglas fiscales nacionales a partir de 2026.