Igea justifica que no se dé información sobre las empresas beneficiadas con 426 millones de euros “porque la mayoría son autónomos”

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Transparencia, Francisco Igea, se ha referido este jueves a la negativa del Instituto de Competitividad Empresarial (ICE) a facilitar públicamente el listado de empresas que han sido beneficiadas con 426 millones de euros durante la pandemia de COVID-19. La información fue negada a este diario, aduciendo que las empresas estaban amparadas por la Ley de Protección de Datos, aunque esta solo afecta a personas físicas.

Aunque el vicepresidente ha asegurado que la respuesta del ICE, que rechazaba detallar qué entidades han recibido dinero público “es mejorable”, el vicepresidente ha excusado a la Junta y ha defendido que el motivo de que no se haya dado la información es que el 80% de los beneficiarios “son autónomos”. Sin embargo, la Ley de Protección de Datos, establece en el artículo 19 que los autónomos “cuando se refieran a ellos únicamente en dicha condición y no se traten para entablar una relación con los mismos como personas físicas” no son susceptibles de ser amparados por la propia norma.

Además, la propia página web del Instituto de Competitividad, dependiente de la Consejería de Hacienda, no tiene reparos en publicar los nombres y apellidos de una veintena de autónomos castellanos y leoneses que han recibido ayudas de 300 euros para financiar los gastos de créditos con entidades financieras para reducir el impacto económico del COVID-19. Esta información, que fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, se puede consultar libremente en el portal del ICE, donde también aparece un listado de empresas y autónomos cuyas subvenciones fueron rechazadas.

Además, en su intervención, el vicepresidente ha defendido que, en la respuesta que se dio a este medio, se indica que se pueden acceder a la información de las ayudas concedidas a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Según la información consultada por este diario, entre el 13 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, el Instituto de Competitividad de Castilla y León solo concedió 18 subvenciones por un importe inferior a 50 millones de euros, muy lejos de los 426 en ayudas anunciados por la Junta de Castilla y León.

El vicepresidente de la Junta sí ha concedido que la respuesta dada por el ICE era mejorable, y que en su opinión es necesario mejorar los protocolos de respuesta y que así lo había transmitido. “Creo que toda la información que es pública se debe publicar”.