El abogado de la Plataforma de Afectados por la gestión de residencias geriátricas renuncia por el “sesgo partidista” de la asociación

El abogado de la Plataforma de Afectados por la gestión de las residencias geriátricas en Castilla y León, José Luis Velasco, ha presentado su renuncia este lunes por “sesgo partidista” de la asociación. En un comunicado al que ha tenido acceso eldiario.es, Velasco explica que aceptó estudiar “las posibles responsabilidades penales y administrativas de distintos cargos de la Junta de Castilla y León en relación con la Gestión de las Residencias de Ancianos durante la crisis del Covid-19” hace diez días. En ese tiempo, el letrado puso todo su “empeño” en que las acciones judiciales se hiciesen “a través de una asociación-plataforma de carácter social y humanitario” bajo requisitos de “transparencia, pluralidad, honestidad e independencia”.

En ese sentido, se consideraba “indebida” la gestión de los gerentes de Salud Pública y Servicios Sociales, las consejeras de las que dependen y el presidente y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León como últimos responsables.

El objetivo, según Velasco era “esclarecer los hechos y, en su caso, enjuiciar a sus responsables así como obtener las indemnizaciones que a los afectados pudieran corresponderles” algo que pidieron los promotores tras la publicación por parte de eldiario.es de documentos de la Junta de Castilla y León que ordenaban “no trasladar ni derivar” a ancianos enfermos de COVID-19.

Sin embargo el letrado ha decidido renunciar porque “en las últimas 48 horas” ha detectado “falta de claridad de alguno de los promotores”, “desavenencias en cuanto a los objetivos” y “pretensión por parte de algunos de darle al asunto un sesgo partidista” que al abogado le parecía “inadecuado e inaceptable” y que le dieron la sensación de haber sido “instrumentalizado”, además de la confusión sobre “contra quién se debía actuar”.

El abogado ha comunicado su renuncia “irrevocable”, basada en “principios éticos” este lunes, si bien está “convencido” de que “desde determinados órganos y responsables de la Junta de Castilla y León, que pudieran alcanzar a su presidente, se han adoptado acuerdos y dictado resoluciones administrativas que podrían ser presuntamente delictivas y con consecuencias terribles” por lo que insta a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para que inicie una investigación sobre los mismos.