La Comisión de Ética no aprecia deber de abstención ni conflicto en que un consejero la presidiese en el pronunciamiento sobre García-Gallardo

La Comisión de Ética Pública no aprecia deber de abstención ni conflicto de intereses en el pronunciamiento de su presidente, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago sobre las actuaciones de dos altos cargos del Gobierno de Castilla y León, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y el consejero de Industria, Mariano Veganzones, ambos de Vox, según ha informado este viernes la Consejería de la Presidencia.

Este órgano colegiado ha concluido en la sesión celebrada el jueves que no existe el deber de abstención ni conflicto de intereses. González Gago ha sido sustituido en la presidencia de la Comisión por la consejera de Educación, Rocío Lucas, designada a tal efecto por Acuerdo de la Junta el pasado 15 de febrero.

Según han explicado las mismas fuentes, esta sustitución se produce en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León que refleja que en el supuesto de que la Comisión deba pronunciarse sobre asuntos que afecten a alguno de los altos cargos que forman parte de ella, éste será sustituido por quien determine la Junta.

La Comisión de Ética Pública ha valorado los argumentos que ha presentado previamente Luis Miguel González Gago en un informe solicitado por la secretaría de dicha Comisión, que ha archivado la consulta.

Este órgano recibió una consulta el pasado 30 de enero en la que se pedía una valoración sobre si el presidente de dicha Comisión debería haberse abstenido en el análisis de los dos asuntos tratados en la reunión que esta Comisión celebró un día antes, el 29 de enero, y que afectaban a dos altos cargos de la Junta.

La Consejería de la Presidencia explica que “el interesado” --Francisco Igea-- aducía un posible deber de abstención o concurrencia de conflicto de intereses del presidente de la Comisión, Luis Miguel González Gago, afirmación que justificaba en el hecho de que el consejero formase parte del mismo equipo de Gobierno que los dos altos cargos cuyas declaraciones fueron objeto de análisis.

Según han explicado desde la Junta, el consejero de la Presidencia ha argumentado que “en ningún momento” el interesado alega ningún motivo concreto que hubiese justificado el deber de abstención o que pudiera conllevar un conflicto de intereses.

Para ello cita la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público que recoge los supuestos en los que podría existir tal conflicto e indica que no se adivina cuál de dichos supuestos habría tenido lugar en esta situación: “no hay interés propio, ni vínculo personal o familiar con las personas cuyas conductas se analizan, y tampoco se está analizando ninguna situación relacionada con una persona jurídica con la que el consejero pudiera estar vinculado, lo cual sí que habría sido motivo de abstención”.

“La pertenencia a la Junta de Castilla y León, que comparten González Gago y los dos altos cargos cuyas actitudes fueron analizadas en la reunión del pasado 29 de enero de la Comisión, no es una circunstancia que pueda englobarse legalmente en ninguno de los supuestos de conflicto de intereses o de obligación de abstención”, han sentenciado las mismas fuentes.

Y recuerdan que la propia Ley del Estatuto de Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, al tratar sobre el funcionamiento y los deberes de la Comisión de Ética Pública, establece que su labor es la de resolver los procedimientos sancionadores que se tramiten por posibles infracciones administrativas cometidas por los altos cargos en el ejercicio de sus funciones.

“Es decir, la normativa que regula esta Comisión prevé que su presidente pueda participar en la aclaración de cualquier consulta en la que estén implicados cualquiera de los otros altos cargos de la Administración autonómica, incluyendo el resto de miembros de la Junta de Castilla y León”, insisten desde el Gobierno autonómico.

González Gago ha hecho un llamamiento a la “utilización responsable y mesurada” de esta Comisión, ante la cual “el mismo interesado” ha encadenado tres procedimientos diferentes “en un reducido espacio de tiempo” lo que, para la Junta, puede suponer “un abuso de derecho” y “una actuación contraria al principio de eficacia y eficiencia de la Administración Pública”.

“Los miembros de la Comisión de Ética Pública de Castilla y León tienen otras responsabilidades y cometidos públicos principales que requieren su atención, y que pueden verse comprometidos en su desarrollo ordinario al tener que estar resolviendo de forma continuada escritos y comunicaciones sin una justificación suficiente”, recuerdan.