Los sindicatos cifran en un 65% la participación en la huelga de funcionarios mientras la Junta de Castilla y León habla de un 5%

Los tres principales sindicatos de Castilla y Léon cifran en un 65% la participación de los empleados públicos en la huelga de funcionarios de este miércoles. Una cifra, “todavía preliminar”, en palabras de la presidenta provincial de CSIF Valladolid, María José San Román. El seguimiento, explica, corresponde al de aquellos trabajadores que no forman parte de los servicios mínimos. La Junta habla, sin embargo, de un 5% de seguimiento en toda la Administración autonómica.

Entre cánticos como “Igea nos chulea” o “Ciudadanos y PP, la misma mierda es”, centenares de trabajadores públicos de Valladolid se han concentrado frente a la Delegación Territorial de la Junta. Allí, varios representantes sindicales han leído un comunicado en el que han responsabilizado al Gobierno de PP y Ciudadanos de incumplir el acuerdo al que llegaron con el anterior ejecutivo. También denuncian que la Junta ha actuado “de mala fe en la negociación” hasta última hora. El martes, han explicado los representantes sindicales, les fueron presentadas “propuestas inasumibles y alejadas del acuerdo que firmaron en mayo”.

El gobierno autonómico propone una implantación efectiva de las 35 horas el 31 de marzo, pero vinculando su cumplimiento a unos nuevos requisitos, presupuestarios, de equidad y organización, unas condiciones que según los tres sindicatos son “inviables” y se trata de un “nuevo engaño”.

Siete años esperando la vuelta de las 35 horas

En 2012, los recortes en la Administración pública, llevaron a implementar la jornada semanal de 37 horas y media para los funcionarios. Una situación excepcional cuya reversión empezó a plantearse en el año 2015 mediante la firma de un Acuerdo Marco, para recuperar los derechos de los empleados públicos. Los sindicatos recuerdan que Castilla y León ya cumple con la regla de déficit, deuda y regla de gasto, que en teoría, permite recuperar la jornada laboral semanal de 35 horas en lugar de las 37,5 de ahora. “Ellos mismos han manifestado que no es un problema de financiación”, explican.

Los sindicatos han querido hacer extensiva su reclamación a todos los ciudadanos castellanos y leoneses, que repercutiría positivamente en todos los servicios públicos de la Comunidad. Una rebaja de las horas lectivas, aseguran, provocaría “una mejora en la calidad de nuestras aulas”; en el sector sanitario, “se mejorarían las listas de espera al aumentar el número de profesionales”; en los servicios sociales, se podría revertir “el deterioro en la atención a la dependencia”.