Exdirectivos de Iberdrola acusados en la trama eólica aseguran que la Junta no realizó imposiciones de socios locales ni dio trato de favor

Tres exdirectivos de Iberdrola Renovables acusados, Ricardo Bravo, Rafael Icaza y Pedro Barriuso, en el juicio de la denominada trama eólica han asegurado este miércoles en la Audiencia Provincial de Valladolid que la Junta de Castilla y León no impuso la entrada de socios locales ni otorgó trato de favor a la compañía en la tramitación y adjudicación de proyectos de parques eólicos. Según el primero, la compañía solo obtuvo 700 de los 2.100 megavatios pedidos en energía eólica que solicitó en ese momento. Frente a esta versión, el Ministerio Fiscal sostiene que la presencia de determinados empresarios próximos al poder autonómico formó parte de un sistema diseñado para obtener ventajas administrativas a cambio de beneficios económicos.

El que fuera responsable de Iberdrola Renovables en Castilla y León entre 2002 y 2007, Ricardo Bravo, ha explicado que la compañía seleccionó a sus socios locales tras contactar con más de un centenar de empresas de la Comunidad, sin intervención directa de la Administración. Según su testimonio, la Junta se limitó a valorar de forma general la implicación del tejido empresarial local, una práctica habitual en el sector energético durante aquellos años y que, afirmó, se producía también en otras comunidades autónomas.

Bravo ha reconocido que “era recomendable” contar con socios del territorio, pero ha negado que existiera imposición alguna por parte del Ejecutivo autonómico. A su juicio, se trataba de una percepción compartida en el sector, basada en la idea de que el aprovechamiento de un recurso natural como el viento debía generar retornos económicos en la Comunidad. “La Junta no intervino para nada”, ha reiterado, subrayando que los socios de Iberdrola eran conocidos por la Administración y figuraban en documentación pública.

El exdirectivo ha negado igualmente que la compañía utilizara a los socios locales como intermediarios para obtener un trato de favor. Como argumento, ha señalado que Iberdrola solicitó en Castilla y León más de 2.100 megavatios eólicos y que finalmente solo pudo desarrollar alrededor de 700. “Difícilmente puede hablarse de privilegio cuando se queda fuera la mayor parte de lo solicitado”, ha defendido ante el tribunal.

En relación con los acuerdos alcanzados con el Grupo San Cayetano, de los hermanos Alberto y Francisco Esgueva, y con el empresario Andrés Martín de Paz, Bravo ha indicado que las operaciones se realizaron a precios de mercado y mediante fórmulas habituales en el sector. Asimismo, ha atribuido la salida posterior de estos socios del negocio a las fuertes inversiones necesarias para continuar con los proyectos y a las dificultades de financiación derivadas de la crisis económica, así como al interés estratégico de Iberdrola por concentrar megavatios antes de su salida a bolsa en 2007.

“La gran beneficiada fue Iberdrola, porque los parques fueron muy rentables con el paso del tiempo”

Según su versión, los socios locales habrían obtenido mayores beneficios si hubieran mantenido sus participaciones una vez construidos los parques. “La gran beneficiada fue Iberdrola, porque los parques fueron muy rentables con el paso del tiempo”, ha declarado, descartando que las recompras de participaciones constituyeran dádivas encubiertas.

Estas afirmaciones chocan con la tesis del Ministerio Fiscal, que considera que las cantidades abonadas por Iberdrola a determinados socios locales no respondían a una lógica empresarial ordinaria, sino que encubrían pagos para asegurar la obtención de autorizaciones administrativas. En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que esos empresarios actuaban como intermediarios con altos cargos de la Junta de Castilla y León, facilitando un acceso privilegiado a la Administración autonómica.

En la misma línea que Bravo se pronunció Rafael Icaza, exdirector de control de Iberdrola Renovables, quien ha negado de forma tajante la existencia de regalos o pagos irregulares. Icaza ha explicado que la compañía aplicaba un modelo homogéneo de gestión de proyectos en toda España, de modo que los gastos generados durante la fase de promoción se repercutían a las sociedades vehículo en las que participaban los socios locales. Durante esos años, ha rememorado que Iberdrola llegó a formar parte de unas 70 sociedades similares en distintas comunidades.

El socio local, una práctica común en todas las comunidades

También ha declarado el exdirector general de Energías Renovables de Iberdrola Pedro Barriuso, quien corroboró que la entrada de socios locales era una práctica extendida en el sector. Barriuso ha señalado que la Junta “veía con buenos ojos” este tipo de acuerdos, pero insistió en que eso no se tradujo en órdenes ni condicionantes. Como ejemplo, citó el caso de Galicia, donde Iberdrola presentó proyectos sin socios locales y no obtuvo adjudicaciones de potencia eólica.

Barriuso reconoció haber mantenido reuniones institucionales con responsables autonómicos, aunque las ha enmarcado en encuentros de carácter general sobre inversiones y desarrollo energético, sin abordar proyectos concretos ni negociaciones específicas. Ha asegurado además que no participó en la redacción de los contratos firmados con los socios locales en Castilla y León.

Los tres exdirectivos —Ricardo Bravo, Rafael Icaza y Pedro Barriuso— están acusados por la Fiscalía de un delito continuado de cohecho, por el que se solicitan penas de seis años de prisión y multas millonarias. En la misma situación se encuentra el empresario Andrés Martín de Paz, exdirector general de Deportes de la Junta, que en su declaración se limitó a confirmar el relato ofrecido por Bravo sobre la génesis y desarrollo de los acuerdos con Iberdrola.

La Fiscalía considera que Martín de Paz y otros empresarios aprovecharon su cercanía a responsables políticos para actuar como nexo entre las compañías eléctricas y la Administración autonómica, mientras que las defensas sostienen que su papel fue exclusivamente empresarial y que no intervinieron en la tramitación administrativa de los parques.

Durante la sesión también se acogieron a su derecho a no declarar otros acusados vinculados a empresas constructoras y de promoción, los hermanos Llorente Muñoz -Patricio, Alejandro y Miguel Ángel, para explicar la participación de Collosa en la trama, A cada uno, la Fiscalía les reclama seis años de cárcel y 45 millones en multas.

Además, ha declarado la exmujer de Alberto Esgueva, quien ha explicado diversas operaciones inmobiliarias realizadas con el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, negando que existiera una relación personal o de amistad más allá de contactos puntuales. Con la declaración de los catorce acusados, se comenzará a tratar la prueba documental y los informes finales de las partes ya a partir del 7 de enero.