El fiscal de la trama eólica asegura que se vulneró el principio de la libre competencia

El fiscal anticorrupción en la vista oral del conocido como caso eólicas ha sostenido este jueves que en los hechos enjuiciados se vulneró la objetividad, la transparencia y la libre competencia, que son los tres principios con los que funciona el sistema eléctrico.

Ha argumentado en este sentido que no existió ni objetividad, ni transparencia ni libre competencia desde el mismo momento en el que se obligó a determinados empresarios a renunciar a parques o a venderlos.

El fiscal ha expuesto durante esta sesión del juicio, que comenzó el pasado septiembre, su informe final sobre supuestas irregularidades en la concesión de autorizaciones de parques eólicas que desembocaron en beneficios económicos ilícitos entre 2000 y 2015.

En el banquillo de la Audiencia Provincial de Valladolid se sientan once personas entre exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, tráfico de influencias y extorsión.

La libre iniciativa empresarial, borrada

En su informe, que ha desarrollado durante más de dos horas, el fiscal ha asegurado que el protagonismo que corresponde a la libre iniciativa empresarial fue “absolutamente borrado” como también lo fue la normativa autonómica que decidía que circunstancias debían darse para conceder las autorizaciones de proyectos de construcción de parques eólicos.

En este último aspecto, el acusador público ha recordado que la competencia para dar las autorizaciones correspondía a los jefes de los Servicios Territoriales de las distintas provincias de Castilla y León hasta que se dictó la instrucción 2/2004.

En esa instrucción se estableció la figura de la avocación que consistía en que la competencia de autorización de parques eólicos, en lugar de depender de los Servicios Territoriales pasó a corresponder al entonces viceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado, principal encausado.

Ha criticado que la avocación es una figura legal pero tiene un carácter excepcional, solo para situaciones en las que se cumplen determinadas circunstancias, y en estos casos se ha llevó de manera genérica, para todos.

Además, ha argumentado que la avocación funciona por el sistema de que el superior jerárquico recaba la competencia que tiene un inferior jerárquico, pero esto no sucedió en este procedimiento.

Para el fiscal, no existe indicio alguno probatorio de la mínima entidad suficiente, salvo el propio testimonio de Rafael Delgado, sobre que el que fuera consejero de Economía Tomás Villanueva, ya fallecido, participara en el diseño y ejecución de los hechos que se enjuician.

Ha admitido que Villanueva era el superior jerárquico de Rafael Delgado pero ha dicho que, salvo la manifestación del exviceconsejero de Economía procesado, no hay ningún testimonio ni documento que indique que Tomás Villanueva fuera quien decidiera que había que ceder parques o que había determinados empresarios que no podían construir.

Los encausados se enfrentan a la petición de penas del ministerio público que oscilan entre 36 años y seis meses de prisión, en el caso de la más elevada, y seis años de cárcel entre las más reducidas, además de multas.

Las acusaciones sostienen que la forma de actuar consistía en obligar a que en cada proyecto figurara una empresa radicada en Castilla y León elegida por la Viceconsejería de Economía, unas compañías que adquirían participaciones a bajo coste que, una vez conseguida la autorización, revendían a los verdaderos promotores con beneficios.

Tras la exposición del informe del fiscal será el turno de la abogada del Estado, de las acusaciones particulares y de las defensas, antes de que el último día de la vista, programada para el 21 de enero, el tribunal dé la última palabra a los procesados.

Se desarrollaban los proyectos que decidía Rafael Delgado, según una acusación

Una de las acusaciones particulares del juicio de la trama eólica, que se celebra por supuestas autorizaciones irregulares de parques eólicos, ha recalcado que los socios locales para desarrollar los proyectos eran los que decía el exviceconsejero de la Junta de Castilla y León Rafael Delgado.

El abogado que representa a la sociedad Augusta Wind ha sido el primero de los letrados de las tres acusaciones particulares que ha expuesto su informe final en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid por hechos ocurridos entre 2000 y 2015, por los que están acusadas once personas entre exaltos cargos de la Junta y empresarios.

Tras adherirse a lo expuesto ya por el fiscal anticorrupción y la abogada del Estado en la vista oral, el acusador particular se ha referido a la función en la trama de Delgado y en concreto a la avocación - la autorización de los proyectos de parques eólicos pasó a depender de la Viceconsejería en lugar de los Servicios Territoriales de la Junta-.

A su entender, la avocación, además de deber considerarse inadecuada y realizada de una manera contraria al ordenamiento jurídico, aún en el hipotético caso de se hubiera articulado de manera válida, su uso fue también contrario a Derecho y con una manifiesta desviación de poder en cuanto a las prácticas administrativas llevadas a cabo por Delgado.

Ha citado irregularidades desde el punto de vista estrictamente administrativo, como imponer determinadas figuras que carecen de ninguna resolución del Gobierno regional ni de la propia Viceconsejería, para establecer actuaciones como la imposición de la exigencia de socios locales, incluso a empresas con domicilio social en la Comunidad autónoma, para conceder la autorización.

El abogado ha censurado igualmente el establecimiento de listados para exigir con quienes se debía de negociar para dar entrada a empresas de promotores que lícitamente pretendían llevar a cabo el objeto de su empresa.

Esa nebulosa de irregularidades administrativas supone prevaricación administrativa, ha opinado, antes de rechazar que la exigencia de incluir socios locales en los proyectos tuviera que ver con que redundara en un enriquecimiento del tejido industrial de la Comunidad.