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Colau pide a Torra que pare una subasta de 47 inmuebles de herencias y los destine a vivienda social

Colau pide a la Generalitat que no subaste 47 inmuebles

Pau Rodríguez

Ada Colau tenía como prioridad para su primera reunión con el president Quim Torra abordar las urgencias de la vivienda en la ciudad, pero no esperará al encuentro para pedirle una primera medida: que frene la subasta de 47 inmuebles fruto de herencias sin testamento que la Generalitat anunció el pasado 9 de mayo. En una carta enviada el pasado miércoles por el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, le exigen que reconsidere la decisión y destine los pisos a la Mesa de Emergencia de viviendas públicas para familias en riesgo.

La cartera de propiedades, para la que se pueden presentar ofertas hasta el 15 de junio, contiene un total de 16 inmuebles en Barcelona, en algunos casos en barrios en zonas muy céntricas y con gran demanda de vivienda asequible, algo que ha contrariado al consistorio. “La subasta coincide con una situación de emergencia habitacional en Catalunya y Barcelona provocada por la falta de vivienda pública”, lamenta Montaner en una misiva dirigida al Pere Aragonès, secretario de Economía de la Generalitat y futuro conseller del área.

Desde el Ayuntamiento le recuerdan que en septiembre de 2016 el entonces vicepresidente Oriol Junqueras se comprometió a ceder a entidades sociales todas las viviendas intestadas de herencias sin testamento ni herederos. Lo hizo en un acto en el que entregó 32 pisos a la Mesa del Tercer Sector.

Fuentes de la conselleria de Economía responden que, con la venta de los inmuebles, la Generalitat prevé ingresar unos 5 millones de euros destinarán por ley a finalidades sociales o culturales. “Lo que ingresemos de los inmuebles de Barcelona irá a entidades de la ciudad”, aseguran. Y añaden que no se pueden destinar cualquier inmueble a vivienda social, puesto que del paquete que subastan los hay sin cédula de habitabilidad. O se puede dar el caso de pisos con un gasto de comunidad demasiado elevado que no valdría para alquiler asequible.

Muntaner aprovecha en la carta por pasar cuentas a propósito del Consorcio de Vivienda de Barcelona, el ente que gestiona la vivienda pública de la ciudad y que está integrado en un 60% por la Generalitat y en un 40% por el consistorio. Como ya ha hecho Colau en varias ocasiones, les reprocha que hayan reducido su aportación a un 21%, sobre todo en programas como el que prevé doblar la vivienda pública en la ciudad hasta llegar a un parque de 13.000 en 2022.

Otra preocupación del consistorio es lo que pueda ocurrir con aquellos inmuebles subastados que cuentan con inquilinos a día de hoy. En este sentido, la asociación Resistim al Gòtic ya ha organizado una protesta para paralizar la subasta de uno de los inmuebles ubicado en este céntrico barrio. Se da el caso que en este edificio de la calle Llibreteria, 16, licitado por 810.000 euros, hay además de inquilinos un establecimiento histórico, el Mesón del Café, fundado en 1909.

En este sentido, desde la Generalitat responden que en el anuncio de la subasta consta que las condiciones de arrendamiento deben mantenerse.

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