La Audiencia de Tarragona avisa que la decisión sobre si el caso Montoro se debe investigar en Madrid depende del Supremo

El caso Montoro seguirá en Tarragona por ahora. La Audiencia de Tarragona ha rechazado resolver los recursos de las defensas de los investigados que reclamaban que el caso se instruyera desde un juzgado de Madrid, si bien ha advertido que cualquier decisión sobre la competencia (qué juez debe quedarse con la causa) corresponde al Tribunal Supremo.

Así lo indican los magistrados en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que declaran su “falta de competencia funcional” para resolver la petición de las defensas. Varios investigados del despacho del exministro, Equipo Económico, presentaron una batería de recursos ante el juez que lleva ocho años investigando los pagos de empresas gasísticas el bufete a cambio de una regulación favorable.

Como parte de estos recursos todavía están pendientes de resolver por parte del juez instructor del caso, la instancia superior acuerda “abstenerse de resolver la cuestión de competencia planteada” planteada por las defensas.

Sin embargo, los jueces de la instancia superior añaden que el camino para resolver la cuestión no pasa por Tarragona, sino por la plaza Villa de París de la capital de España, sede del Tribunal Supremo: cuando la “controversia” por la competencia de un caso afecta a dos juzgados de distintas comunidades autónomas (Tarragona y Madrid, en el caso Montoro), el órgano encargado de dirimirla no es “ni siquiera”, remarcan los magistrados, el TSJ catalán, sino el Supremo.

Las defensas del caso tenían las expectativas puestas en que este septiembre la Audiencia de Tarragona les diera la razón y el caso Montoro viajara a Madrid. Pero la incertidumbre se prolongará todavía más, hasta que el Supremo tome la decisión definitiva.

Se trata de un nuevo parón en una causa que acumula ya ocho años de instrucción desde un pequeño juzgado tarraconense que comanda el magistrado Rubén Rus, y que ahora tiene enfrente a algunos de los abogados más cotizados de Madrid que representan al exministro y a sus antiguos colaboradores en Hacienda y Equipo Económico.

En su recurso, Equipo Económico reclama que la causa la investigue un juzgado de la capital de España porque es allí donde radica la sede del Ministerio de Hacienda, epicentro de los cambios regulatorios foco de la investigación, y porque “se deriva” que en Madrid se produjeron las reuniones entre los miembros del bufete y los representantes de las gasistas.

El exministro y otros investigados, tanto de su despacho como de las gasistas, se adhirieron a la petición de Equipo Económica y cargaron contra el argumento del juez para mantener la causa en Tarragona: el hallazgo del correo con el que empezó el caso Montoro en el registro de las oficinas en la capital tarraconense de una de las gasistas en el marco de otra causa.

La Fiscalía Anticorrupción también apoya que el caso siga en Tarragona. El caso ha estado marcado por el enfrentamiento entre el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y su subordinada en la causa, Carmen García Cerdá. Tal y como informó este diario, Luzón logró anular escuchas y que no se volcara el correo del exministro, impidiendo que el caso se extendiera al uso que Montoro hizo de información tributaria de enemigos personales y adversarios políticos.

Mientras el caso pasa al Tribunal Supremo, entre la tarea pendiente de los Mossos está la de analizar los movimientos bancarios de Montoro y de seis personas más de su entorno, incluido su hermano. El juez ordenó rastrear cada paso desde el 1 de enero de 2006 hasta la actualidad, porque le atribuye la presunta comisión de delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.