Un centenar de familias reclama compensación por el coste de las escuelas catalanas durante el franquismo
Estic trista perquè tinc ganes de veure en Blai. Maria Vila, 4 años, estaba triste porque quería ver a su amigo Blai, y así de claro -y en catalán- lo dejaba en su cuaderno escolar. Era 1972, aunque el catalán no se introdujo en los centros educativos con amparo legal hasta los 80. ¿Cómo se explica el cuaderno de Maria? Porque sus padres, como muchas otras familias en Catalunya a partir de los años 60, decidieron constituir cooperativas de educación -de maestros o familias- para hacer crecer a sus hijos lejos de la enseñanza del franquismo, en catalán y con voluntad de recuperar modelos pedagógicos enterrados por Franco. Lo hicieron con su dinero y flirteando con la clandestinidad.
Ahora estas familias reclaman al Gobierno español una reparación por los daños sufridos. Y lo hacen indignadas después de ver cómo en la actualidad el Ministerio de Educación, dirigido por José Ignacio Wert, está dispuesto a indemnizar a las familias catalanas que quieran escolarizar a sus hijos en castellano y que, por no poder hacerlo en la red pública, tengan que recurrir a la privada. “Pedimos al ministro [...] una compensación de 6.000 euros por hijo y curso escolarizado en escuelas catalanas privadas donde se llevaba a cabo la enseñanza en catalán”, consta en la carta que suscriben por ahora más de 100 familias y que harán llegar al Ministerio de Educación antes de diciembre. Los 6000 euros corresponden a lo que la Administración española retirará de la financiación de la Generalitat para dárselo a los alumnos escolarizados en castellano -responde al coste de una plaza pública por curso, según Wert-.
Entre el centenar de familias las hay, de momento, de las escuelas barcelonesas Nabí, Santa Anna, Costa i Llobera, Àngels Garriga, Cooperació Escolar, Estel, Tàber, Genest y Pompeu Fabra, y de las badalonesas Jungfrau y Artur Martorell. Muchas de ellas son en la actualidad centros educativos públicos, porque durante los años 80 estas cooperativas de familias y maestros optaron por integrarse en el sistema público. Lo hicieron bajo el paraguas del Col·lectiu d'Escoles per l'Escola Pública Catalana (CEPEPC), creado en 1978 y conformado por cerca de ochenta escuelas que se habían ido fundando en Catalunya al margen del régimen franquista y con un propósito similar.
Las demandas, vehiculadas a través de la Comissió de la Dignitat, exigen reparación “de acuerdo con los principios de las Naciones Unidas de verdad, justicia y reparación”, requeridos recientemente por el relator de la ONU Pablo de Greiff en el caso de las víctimas del franquismo. “Es un agravio histórico del que nunca se ha hablado; durante el franquismo la lengua catalana estuvo perseguida en la calle y expulsada de la escuela”, señala Josep Cruanyes, portavoz de la Comissió, que añade: “Muchos padres y madres tuvieron que hacer un esfuerzo, no sólo económico sino también arriesgándose para organizarse al margen del régimen, para conseguir una educación mejor y en catalán”, constata Cruanyes.
“Fue una gran experiencia pedagógica y socialista”
“Fue una gran experiencia pedagógica y socialista” Maria Vila, triste porque a los cuatro años no podía ver a su amigo Blai, es hija de Carme Casas, una de las madres impulsoras de la escuela Nabí de Barcelona, fundada oficialmente en 1971 pero que había arrancado con experiencias cooperativas unos años atrás. Quizás Maria no lo recuerda, pero su escuela fue de las primeras en tres décadas en mezclar chicos y chicas en las mismas aulas, utilizar el catalán como lengua vehicular o desarrollar las pedagogías de Célestin Freinet. ¿De dónde si no tenía que salir la idea de hacer un dietario escolar, imprimido por los propios alumnos, sino fuera por el empeño del pedagogo francés Freinet de que se trabajara en clase con imprentas?
“Fue una gran experiencia pedagógica y socialista”, recuerda Carme, que rememora como un grupo de padres y madres, “en aquella época de las utopías”, decidieron aportar cada uno “el saber de su oficio” para hacer una escuela “que realmente educara a nuestros hijos, lejos de la oscuridad de la formación del espíritu nacional”. Se constituyeron en cooperativa y entraron en contacto con un colectivo de maestros, que a su vez se creó su propia cooperativa de docentes para arrancar el Nabí.
“Éramos una escuela privada, sí, pero muy abierta, y nos organizábamos de manera muy socialista”, explica Carme. “La comisión de economía era la encargada de cobrar las matrículas, y cada familia pagaba en proporción a los ingresos y gastos que tenía en casa”, recuerda. Las reuniones de padres se hacían de noche y en presencia de un policía -no se podían reunir más de tres personas entonces sin el consentimiento del Gobierno-, y en más de una ocasión habían tenido que poner la cruz en la pared y separar niños y niñas antes de que llegara el inspector.
El nacimiento del Nabí, sin embargo, al igual que el de las 80 escuelas del CEPEPC, no se podría concebir sin la eclosión de la renovación pedagógica a partir de las reuniones de la incipiente Asociación de Maestros Rosa Sensat. Decenas de maestros pusieron en marcha encuentros, debates, escuelas de verano, para recuperar una tradición educativa que había quedado abruptamente truncada en 1939.
Es por todo aquello que Carme ha enviado esta carta al ministro Wert y reclamará la compensación. “No es por el dinero, que no espero cobrarlo”, asegura, “sino para reivindicar cómo luchamos para recuperar el catalán y una tradición pedagógica admirable”, concluye.
