“Las condiciones de vida de los CIES son peores que las de la Modelo”
“Los CIES son peor que una prisión. En el de la Zona Franca, las condiciones de vida son mucho peores que en la Modelo”, asegura Josep Sagarra, miembro de Movimiento por la Paz, con cierta cara de espanto. Sagarra acaba de llegar de una visita guiada por el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca y lo que ha visto confirma las críticas que, desde hace tiempo, se vierten contra estos centros, antesalas de la expulsión para miles de inmigrantes en situación irregular.
Sagarra ha podido ver esta “prisión sin garantías jurídicas” gracias al empeño de SOS Racisme en que los CIES se abran a la sociedad. También, gracias a la presencia de la eurodiputada socialista Carmen Romero, cabeza visible del pequeño grupo de visitantes en el que también se incluyen Isabel Vallet, diputada de la CUP, el diputado de Esquerra Republicana (ERC) Pere Aragonés y Elena Arce, asesora de migración del Defensor del Pueblo.
La visita supone una pequeña conquista parcial de SOS Racisme, pues, alegando razones de procedimiento, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras denegó el permiso para que la integraran también representantes de medios de comunicación y de otras entidades sociales, tal y como había solicitado la entidad, promotora de la campaña Open Access Now. “Los medios de comunicación son la fuente de información de la sociedad y deberían tener acceso a estos centros; seguiremos luchando por ello”, señala Alba Cuevas, directora de SOS Racisme Catalunya.
Cuevas puede, sin embargo, celebrar una significativa victoria en su lucha contra la opacidad de los CIES: dos juzgados de instrucción barceloneses han atendido la demanda de SOS Racisme y de la Fundació Migra Studium para que puedan acceder a los CIES sin restricciones y para que se garantice la asistencia jurídica a los internados.
Hasta el pasado jueves, día de emisión del auto, las ONG no tenían acceso a los CIES, pendientes de un reglamento que ya se demora años. A la espera de esa normativa, a partir de ahora, y según establece el auto, estas entidades de defensa de los derechos deberán poder contactar con los internos durante seis horas diarias, todos los días del año, sin que el director del centro pueda establecer restricciones, como venía sucediendo. El auto también establece el derecho de los extranjeros recluidos a recibir asistencia jurídica.
“En España y en Europa, los CIES tienen condiciones que no son justificables. No pueden ser lo que son hoy. Hay que estudiar alternativas y darles otro enfoque más político”, asegura Carmen Romero. “Urge documentar las condiciones de vida, que son peores que las de un delincuente convicto”, interviene Josep Sagarra. Ellos han podido ver celdas donde se agrupan seis personas, cerradas por puertas con rejas, y sin cámaras de vigilancia como sí existen en otras dependencias del centro.
Sin garantías y a merced de la arbitrariedad
“Los CIES son prisiones sin las garantías ni la seguridad jurídica que sí tienen las prisiones porque están gestionados por la policía”, insiste Isabel Vallet. “Allí dentro está recluida la pobreza y no deberían existir porque esto es un problema estructural que no debería tratarse con medios coercitivos”, abunda la diputada de la CUP. “Una de las cuestiones más alarmantes es el alto riesgo de arbitrariedad que existe”, apunta Pere Aragonés. “Todo está sometido a un criterio de custodia, seguridad y buen comportamiento”, explica el portavoz de derechos humanos de ERC en el Parlament. Puesto que no existe un reglamento que rija estos centros, el director del CIE y los policías que lo custodian son más o menos permisivos en función de su interpretación del comportamiento de los internos.
No obstante, la intervención del Defensor del Pueblo, a través de la redacción de informes y de pliegos de recomendaciones, ha mejorado, según SOS Racisme, algunos aspectos de los CIES. No así los servicios sanitarios que, en enero del año pasado, no pudieron evitar la muerte del joven guineano Idrissa Diallo. “Las horas de atención sanitaria [de 8:00 a 22:00] siguen siendo las mismas”, asegura Alba Cuevas. Idrissa murió de madrugada, en condiciones aún opacas. “Y, por lo que hemos visto, tienen la intención de externalizar algunos servicios. La seguridad de las personas no debería estar en manos privadas”, alerta Isabel Vallet. “Hay servicios que no dependen del Estado sino de la Generalitat porque las competencias están traspasadas”, recuerda Carmen Romero.
El CIE de la Zona Franca, que cuenta con 210 plazas, tiene una ocupación media del 60 por ciento (entre 125 y 130 personas). El 85 por ciento de los internos están recluidos por supuesto delito y el 15 por ciento restante por mera irregularidad. “Los sospechosos de delito no deberían estar con los que son simplemente irregulares”, afirma Carmen Romero. “Sus condiciones son peores que las de los sospechosos españoles”, denuncia la eurodiputada socialista.
Un ciudadano español no puede estar retenido más de 72 horas, hasta que se decida su liberación o su ingreso en prisión. Los extranjeros están entre 21 y 25 días en estos centros. De los casi 2000 que pasaron el año pasado por el CIE de la Zona Franca, la mitad fueron finalmente expulsados del país y la otra mitad permaneció en territorio español. “No podemos permitir que en nuestra ciudad haya ciudadanos de primera y segunda categoría”, concluye Sylviane Dahan, responsable de Mujeres y Derechos Civiles de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB). La FAVB era una de las entidades que pretendía integrar la visita al CIE de Zona Franca y tampoco fue autorizada. Pide transparencia, apertura y, como muchas organizaciones y algunos partidos políticos (Iniciativa-Els Verds, ERC, CUP, entre ellos) el cierre definitivo de estos centros.
