El fiscal pide dos años de prisión para Daniel Fernández, Manuel Bustos, su hermana y la alcaldesa de Montcada
El fiscal pide dos años de cárcel y seis de inhabilitación para el diputado del PSC Daniel Fernández, la alcaldesa de Montcada i Reixach (Barcelona), María Elena Pérez, y el exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos, por tráfico de influencias al contratar a dedo una exalto cargo del tripartito.
En su escrito de calificación, el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo también pide que se imponga una multa de 108.000 euros a los acusados por un delito de tráfico de influencias por haber modificado ilegalmente los criterios de selección de un concurso público para que el Ayuntamiento de Montcada i Reixach contratara a la exalto cargo del tripartito Carmina Llumà.
Para la alcaldesa de Montcada, la socialista María Elena Pérez, el fiscal también reclama que se la condene a otros dos años de suspensión de empleo o cargo público y a una multa de 3.600 euros por un delito de prevaricación.
Entre los acusados también figura Francisco Bustos, exconcejal de Espacio Público de Sabadell y hermano del exalcalde Manuel Bustos, para quien el fiscal solicita dos años de cárcel y seis de inhabilitación por tráfico de influencias.
Una pieza separada del caso Mercurio
El caso, una pieza separada de la trama Mercurio de presunta corrupción urbanística, se remonta al año 2012, cuando Manuel Bustos, su hermano y el entonces secretario de organización del PSC Daniel Fernández -actual diputado en el Parlament-, presionaron a la alcaldesa de Montcada para que modificara el proceso de selección de una plaza municipal para fichar a una exalto cargo del tripartito.
La mujer en cuestión era Carmina Llumà, que había sido cesada como secretaria general del departamento de Política Territorial de la Generalitat, al perder el tripartito el poder, y esposa del entonces jefe del asesor jurídico del Ayuntamiento de Sabadell.
Al concurso público para fichar al director del área territorial de Montcada, convocado en abril de 2012, se presentaron cinco aspirantes, entre ellos Carmina Llumà, que acabó siendo considerada no apta en mayo por la empresa de selección de personal, al no superar unas pruebas psicotécnicas y de idoneidad.
Según el fiscal, al enterarse de que Llumà había sido considerada no apta, Manuel Bustos buscó la “preponderancia y valimiento” de Daniel Fernández -exsecretario de Organización del PSC que abandonó el cargo a raíz de su imputación- y le comunicó los problemas que había en Montcada para conseguir el fichaje de la alta cargo del tripartito.
Según el fiscal, Daniel Fernández citó a María Elena Pérez a una reunión en la sede del PSC en Barcelona, el 18 de mayo de 2012, en la que, aprovechándose de su preponderancia y prevalimiento en el partido, le dijo que llamara a los responsables de la prueba psicotécnica para que cambiaran el “no apta” de Llumà.
Según el fiscal, María Elena Pérez siguió las directrices marcadas por Fernández y, a sabiendas de su ilegalidad, el mismo día del encuentro “interfirió en el proceso” y llamó a las responsables de la empresa de recursos humanos para citarles a una reunión en la alcaldía.
