UGT y CCOO de Cataluña han presentado demanda de conflicto colectivo ante los tribunales laborales contra las patronales ACET y Transcalit para desbloquear la situación que afecta al convenio de transporte por carretera y logística de la demarcación de Barcelona.
Los sindicatos mayoritarios del sector reclaman, en la demanda, que se declare vigente el convenio y que, por tanto, se considere el mantenimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras afectados hasta que se pacte un nuevo convenio y que se inste a la patronal a negociar un nuevo acuerdo.
Según la ley laboral española los conflictos colectivos son “las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, o de una decisión o práctica de empresa ”.
Los sindicatos recuerdan que ha hay un precedente, el 24 de julio pasado, ante una demanda del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) la Sala Social de la Audiencia Nacional avaló que los convenios colectivos siguen siendo vigentes después del cumplimiento de la ultraactividad, que la reforma laboral limitó a un año.
El convenio colectivo de transporte por carretera y logística de la provincia de Barcelona venció el 31 de diciembre de 2010. Durante más de dos años las patronales se negaron a negociar con la esperanza de que ,gracias a la reforma laboral de PP y CiU, el acuerdo perdiera su vigencia el 8 de julio de este año, según UGT, lo que podría suponer que el sector quedara desregulado. Si esto fuera así, la norma aplicable sería el “II Acuerdo General para las empresas de transporte de mercancías por carretera” de ámbito estatal que en su articulado no recoge ni tablas salariales. Esto haría que el sueldo a aplicar fuera el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de poco más de 600 euros al mes.
El sector objeto de conflicto colectivo agrupa a unos 25.000 trabajadores en Barcelona, con empresas como DHL, TRADISA, Azkar o TDN. Una huelga en este ámbito sería muy peligrosa para la economía catalana en un momento en que su motor es la exportación. Por ello desde el departamento de Empresa i Ocupació se hacen gestiones desde hace meses para evitar un choque frontal. Todo ello contrasta con el hecho de que CiU fue con una enmienda a la última reforma laboral la que hizo que los convenios perdieran su vigencia al cabo de un año de no ser renovados. El PP daba en su redactado un periodo de negociación de dos años hasta que los acuerdos perdieran su validez.
De hecho, la Generalitat propició un mecanismo que permite alargar la validez de los convenios más allá de lo que fija la ley. Pero este sistema es de adhesión voluntaria y, aunque la patronal Fomento del Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT se han sumado, las patronales sectoriales del transporte no lo han hecho, por lo que el compromiso no les afecta.