ERC rebaja sus exigencias para no dinamitar los puentes con el Gobierno

“Hemos estado a cinco minutos de presentar la enmienda”. Con esta frase resumían este viernes desde ERC la frenética negociación con el Gobierno que ha acabado en acuerdo solo unos minutos antes de que acabara el plazo. Finalmente los republicanos no se opondrán a la tramitación de las cuentas, pese a que el pacto no recoge la mayor parte de sus condiciones, la principal de ellas marcar una cuota de producción en catalán en la nueva Ley del Audiovisual.

El entendimiento al que los republicanos han llegado con el PSOE deja el grueso de las exigencias para la negociación de las próximas semanas pero evita entrar ahora en un choque con el Gobierno que, además, ERC tenía perdido después de que PNV, EH Bildu y PDeCAT hubieran optado por no registrar enmiendas a la totalidad.

Esquerra había diseñado una negociación de Presupuestos en dos partes, la primera con cuestiones de mínimos que debían ser la llave para permitir la tramitación y, la segunda, ya entrando en las cuestiones de fondo. Los republicanos son más ambiciosos que en la última negociación y ligan estos presupuestos a cuestiones competenciales, inversión industrial e incluso a que haya avances en la mesa de diálogo. Antes de entrar aquí y para evitar una enmienda a la totalidad, la formación independentista acudía con dos condiciones previas: la Ley del Audiovisual y el cumplimiento de los compromisos de los anteriores presupuestos.

Sobre la primera, la formación de Gabriel Rufián lleva meses reclamando que la nueva norma incorpore no solo una cuota genérica sobre la producción en cualquier lengua oficial en los territorios del Estado, sino un porcentaje específico para las minoritarias, es decir, el catalán, el gallego y el euskera. ERC considera que esta cifra debe ser del 7,5% a repartir entre los tres idiomas, lo que significaría la mitad de la reserva del 15% dedicada a las lenguas nacionales por la directiva europea. Sin embargo, los republicanos no han conseguido que el Gobierno acepte negociar una cifra concreta, sino que se comprometa a que la pactará con ERC en los próximos meses. La ley debe estar aprobada antes del 31 de diciembre y los de Rufián ven en el acuerdo posibilidades para imponer su reivindicación.

Los frutos han sido similares en la carpeta de los acuerdos anteriores. En noviembre de 2020 el Gobierno y ERC llegaron a un acuerdo de 13 puntos a cambio de que la formación independentista no bloquease el proyecto de Presupuestos de este año. Entre los compromisos más vistosos de aquel documento estaban el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, la participación de la Generalitat en la cogobernanza de los fondos europeos o la actualización del importe de las becas. Pero la mayoría de ellos se habían quedado sin cumplir un año después. Otros puntos sí se habían culminado, algunos de forma reciente como la entrada del Govern en el Consorcio de la Zona Franca, que el Consejo de Ministros aprobó hace tres semanas.

ERC pedía avances en aquel acuerdo y garantías de cumplimiento, pero finalmente ha rebajado sus pretensiones. De entrada se establece el compromiso de convocar en la primera quincena de noviembre el comité de seguimiento para la ejecución de las inversiones, para evaluar por qué Catalunya recibe sistemáticamente menos inversión de la presupuestada. También habla el pacto de fijar una “cláusula de salvaguarda que actúe como garantía” de las inversiones. Una fórmula similar a la pactada en 2020 y que no llegó a funcionar para asegurar los desembolsos. 

El Gobierno sí ha aceptado pagar 18,6 millones de euros en concepto de becas, tal y como la Generalitat reclamaba desde 2005. Sin embargo nada han conseguido los independentistas respecto a los fondos europeos. Tampoco en el Ingreso Mínimo Vital ha habido avances de calado, más allá del compromiso de que “se intensificarán los trabajos en relación a la elaboración del convenio para la gestión del IMV”.

La inconcreción sobre el Ingreso Mínimo Vital, en teoría ya pactado en 2020, es más llamativa aún debido a que el PNV sí ha logrado su traspaso en esta misma negociación. Los nacionalistas vascos llevan meses batallando para gestionar esta prestación, que consideraban que era una competencia autonómica. “Hemos llegado a un acuerdo político de la asunción íntegra del Ingreso Mínimo Vital, que después las instituciones se encargarán de precisar”, ha expresado Aitor Esteban, portavoz del PNV. De hecho, en la última sesión de la Comisión Bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, los primeros ya habían dejado claro que el IMV podía ser traspasado a Euskadi y Navarra, por ser territorios forales, pero que lo descartaba para Catalunya.

“Esto es una primera fase de la negociación, queda una segunda fase”, ha recordado Gabriel Rufián, que ha subrayado que la decisión tomada este viernes no avanza ni un apoyo ni un rechazo al proyecto de Presupuestos. Con todo, el hecho de que ninguna de las formaciones en las que suele apoyarse la coalición del Gobierno haya interpuesto una enmienda de devolución avanza una negociación menos tormentosa de la que se podía prever hace unas semanas. Tanto los dos grupos vascos como ERC y el PDeCAT han mostrado la mano tendida para continuar discutiendo, ahora sobre cuestiones más concretas, a cambio de dar un apoyo que acabaría de estabilizar la legislatura.

En los cálculos de los republicanos de cara a la negociación que viene para acabar de aterrizar los Presupuestos se cruzan varias variables. La primera, sus nulos deseos de que esta legislatura acabe abruptamente, no solo por el riesgo de que llegue un Gobierno de la derecha, sino también porque daría al traste con su apuesta por la mesa de diálogo. Además ERC tampoco quiere que se produzca un choque con los socialistas ahora, cuando se negocian las cuentas de la Generalitat. Pero a todo esto hay que sumarle el desmarque que Junts y la CUP han hecho de las cuentas del Gobierno, a las que se opondrán ya de entrada. Una presión que ERC ha demostrado poder soportar pero que también le empuja a reclamar al PSOE conquistas concretas con las que poder justificar un aval a los Presupuestos.