España ante el espejo de la ONU: elogios, advertencias y derechos vulnerados

El cuestionamiento de los derechos humanos avanza a escala global, entre discursos reaccionarios y la erosión de garantías fundamentales. Este contexto, cada vez más preocupante, coincide con el aniversario de los 80 años de las Naciones Unidas, una institución clave pero hoy debilitada, tanto por el bloqueo político entre potencias como por la incapacidad de hacer cumplir sus decisiones. El genocidio en curso en Gaza, o la incapacidad de establecer un tratado internacional que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos son ejemplos claros.

Aun así, la ONU conserva mecanismos relevantes para la rendición de cuentas. Uno de los más destacados es el Examen Periódico Universal (EPU), en el que todos los Estados miembros deben someterse regularmente al escrutinio de sus homólogos. Se trata de un ejercicio diplomático, pero también político: una ventana para sacar a la luz violaciones de derechos humanos que a menudo permanecen invisibles o desatendidas a nivel interno.

El pasado 30 de abril, España se sometió a este examen para el periodo 2021-2025. La sociedad civil jugó un papel fundamental, con decenas de informes elaborados por organizaciones de derechos humanos, infancia, medioambientales, de derechos lingüísticos o de apoyo a personas migrantes. Este trabajo previo también incluye identificar qué Estados pueden formular preguntas incisivas y compartirles temas urgentes: vivienda, racismo institucional, criminalización de la protesta, segregación escolar…

Durante la sesión, más de un centenar de países intervinieron con recomendaciones. Muchos aplaudieron avances en materia de igualdad de género, pero las observaciones críticas fueron numerosas en derechos sociales: el escaso parque de vivienda pública, las tasas de desempleo juvenil, la desinversión en educación, la privatización de servicios de salud. También se puso el foco en las vulneraciones de derechos en la frontera sur, los controles policiales por perfil étnico, la desprotección de los menores no acompañados, la falta de garantías para las personas refugiadas y el problema de la trata de personas.

Ahora, el Gobierno español tiene unos meses para responder si acepta, toma nota o rechaza las recomendaciones. El Ejecutivo se presenta como un firme defensor de los derechos humanos, cosa que hay que celebrar en un contexto global negacionista, pero esta autoimagen no se corresponde del todo con la realidad.

Hay cuestiones graves que siguen encalladas. Por ejemplo, la discriminación racial, la ley de seguridad ciudadana o el caso de espionaje masivo con Pegasus, que afectó a representantes políticos, periodistas y activistas catalanes. De hecho, las reivindicaciones de diversas entidades catalanas han aparecido en el propio informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, con referencias a la libertad de expresión, el derecho de participación política y las limitaciones a los derechos lingüísticos.

Como dijo el embajador español durante el examen, este ha sido el EPU del “however” [sin embargo]: sí, hay avances importantes, pero. Por ejemplo, finalmente se ha aprobado el II Plan de Derechos Humanos, una demanda largamente reivindicada por las entidades sociales, pero la aplicación de estas políticas sigue siendo lenta y fragmentada. Por otro lado, algunos países como Portugal destacaron que en el Estado español no existe ningún mecanismo para garantizar el cumplimiento efectivo de las resoluciones de los comités de derechos humanos de la ONU.

A diferencia de lo que ocurre con las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las decisiones de la ONU a menudo no se implementan, como el reciente caso del desahucio de Richard y Josefina. Y, mientras tanto, se perpetúa un modelo que infrafinancia derechos sociales básicos, a pesar de los avances: España continúa invirtiendo por debajo de la media europea en sanidad, educación y vivienda. En un momento en que la brecha de desigualdad se ensancha, esto no es solo una cuestión presupuestaria, sino de voluntad política.

El EPU es una oportunidad para la autocrítica y la mejora. Pero no puede quedarse en un ejercicio diplomático de buena voluntad. Se necesitan compromisos claros y, sobre todo, mecanismos efectivos para garantizar que el Estado cumple lo que promete ante la comunidad internacional. Al fin y al cabo, la calidad democrática de un país también se mide por la capacidad de proteger los derechos de los más vulnerables, no únicamente por su imagen exterior. Sigamos por el buen camino y acelerando el paso firme.