El Govern no volverá a limitar por ley el alquiler en Catalunya tras el fallo del Constitucional

La Generalitat de Catalunya constata que la última sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó la ley catalana de límite al precio de los alquileres impide al Parlament volver a legislar en el mismo sentido. Así lo ha expresado la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, este miércoles.

En un desayuno informativo organizado por Fórum Europa-Tribuna Catalunya, Ciuró ha valorado que, tras el fallo del Constitucional, la duración y el importe del alquiler “no se pueden tocar” por parte del Parlament. Ello no impedirá, ha agregado, que Catalunya siga legislando en aspectos de los arrendamientos donde sí tiene competencias, como los censos, que quedarán recogidos en la nueva ley de alquileres catalana.

“Tiene que ser en Madrid donde se incida” en los precios y la duración de los contratos de alquiler, ha zanjado Ciuró. El Constitucional anuló la semana pasada, a raíz de un recurso del PP, la ley que estaba vigente en Catalunya desde septiembre de 2020 y que era pionera en España a la hora de poner límite a los precios del alquiler.

Aprobada por ERC, Junts, Comuns y CUP, la norma suponía satisfacer una demanda histórica del movimiento por el derecho a la vivienda. Desde que se aprobó, y a pesar de las advertencias del sector inmobiliario, los precios se habían reducido ligeramente y el mercado no se había estancado, aunque los expertos matizan que esto podía deberse también al impacto de la pandemia.

Los artículos que tumbó el Constitucional son los que constituían la base para la limitación de los precios del alquiler, a los que ya se habían acogido 60 municipios a la espera de una regulación estatal que finalmente no trasladó al conjunto de España el tope de la legislación catalana.

Ciuró da por zanjada la polémica con Junts

Por otro, Ciuró ha asegurado que está “completamente alineada” con su partido, Junts, y con la “hoja de ruta” surgida de las elecciones del 14 de febrero del año pasado. Tras desmentir Junts la posibilidad dibujada por Ciuró de no autoexcluirse de un posible pacto con el PSC en la Generalitat, Ciuró ha argumentado que esas declaraciones eran una “valoración personal que constataba una fotografía ”de los pactos con los socialistas en Catalunya y en España.

Ciuró ha recordado que en muchos ayuntamientos y diputaciones “todo el mundo pacta con todo el mundo”. “No era una proyección de futuro, y no hay ningún cambio en la hoja de ruta del 14 de febrero. No me siento desautorizada”, ha zanjado. Ciuró ha sido presentada por el exconseller Jordi Turull; y a la conferencia han asistido consellers y miembros de la plana mayor del partido, como el secretario general, Jordi Sànchez, aunque no otra representante de las familias internas de Junts, la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

El catalán, prisiones y memoria histórica

Preguntada por si el plan presentado por el Govern la semana pasada ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) supone cumplir con la sentencia del 25% de castellano, Ciuró ha respondido que las reformas legislativas anunciadas sirven para “parar el golpe” de la Justicia, si bien ha remarcado que ahora se debe buscar el consenso con las entidades proinmersión lingüística.

En materia de prisiones, Ciuró ha anunciado este miércoles que finalmente el próximo mes de mayo se prevé instalar una celda acolchada en las prisiones catalanas. El anuncio se produce unas semanas después de que Ciuró dijera en el Parlament que no habían encontrado ninguna empresa para instalar este tipo de celdas especiales para repeler agresiones y autolesiones de los internos.

Además faltan dos días para que entré en vigor un nuevo protocolo sobre inmovilizaciones de los reclusos que deja sin efecto el anterior plan de Justicia, cuando la conselleria estaba en manos de ERC, que preveía prohibir las contenciones con correas una vez se instalaran celdas acolchadas en todos los centros penitenciarios catalanes, tal y como había reclamado el Consejo de Europa.

En cuanto a la memoria historia, Ciuró ha avanzado que se modificará la norma catalana para ampliar el concepto de víctima no solo a las personas fusiladas durante el franquismo sino también a las que sufrieron torturas o detenciones ilegales, las que fueron depuradas en sus profesiones así como a las instituciones expoliadas o a los colectivos culturales abolidos por la dictadura.