El jefe de la oficina de Puigdemont pide archivar el caso Tsunami por un error de García Castellón en los plazos de instrucción
El jefe de la oficina de expresident de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha solicitado el archivo del caso Tsunami Democràtic al considerar que el juez Manuel García Castellón cometió un error en prorrogar los plazos de instrucción del caso, lo que, a criterio del asesor del líder de Junts, debe conducir a la anulación de la causa.
Así lo expresa la defensa de Alay, que ejerce el letrado Gonzalo Boye, en un escrito presentado este miércoles. La petición se suma a otras alegaciones de vulneraciones de sus derechos fundamentales, como el juez predeterminado por ley o que la de Tsunami es una causa “prospectiva” prohibida por la ley contra el independentismo. Alay también ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la negativa a su recusación del juez instructor.
La polémica por los plazos de instrucción, que el PP rebajó a seis meses (ocasionando el archivo de varias causas de corrupción) y después el Gobierno liderado por el PSOE amplió a un año, aparece en el caso Tsunami porque, según Alay, el juez acordó un día más tarde de lo que le obligaba la ley la prórroga para investigar el caso.
El asesor de Puigdemont argumenta que, tras la entrada en vigor de la reforma el 28 de julio de 2020, el juez García Castellón disponía de un año para investigar el caso Tsunami y, si no había terminado la fase de instrucción, debía prorrogarla antes del 29 de julio de 2021.
Sin embargo, expone Alay, el auto que prorrogó la fase de instrucción se acordó el 30 de julio, un día más tarde de lo que, según la defensa, obligaba la ley. Ello convierte, según el jefe de gabinete de Puigdemont, la prórroga de la instrucción en “retroactiva” y “absolutamente irregular”, y debe conducir a anular todo la causa desde esa fecha.
“El carácter prospectivo de la investigación queda de manifiesto a partir del momento en el que ni se respetan los plazos máximos de instrucción”, ahonda el escrito, que insiste en tildar la investigación del juez de “errática” y, agrega, “podría reunir las características de una causa general contra líderes independentistas catalanes”.
El escrito repasa además las coincidencias temporales entre la reactivación de la investigación de Tsunami y las negociaciones políticas para la investidura de Pedro Sánchez y la ley de amnistía entre el PSOE y Junts. La defensa se pregunta asimismo por el “sentido” de la decisión del juez de inhibirse ante el Supremo para que asuma la causa y más tarde acordar diligencias de investigación relativas a la protesta de Tsunami en el Aeropuerto de El Prat.
Tras más de cuatro años investigando el caso y sin que la Guardia Civil señalara a Puigdemont como sospechoso, García Castellón envió el caso al Supremo el pasado mes de noviembre al entender que es el tribunal ante el que el líder de Junts está aforado como eurodiputado, algo que también cuestiona la defensa.
La de Tsunami Democràtic era una de las patas del caso Voloh, la macrocausa que investiga el juez de Barcelona Joaquín Aguirre y que versa sobre la eventual influencia rusa en los eventos de octubre de 2017, la financiación del procés y la corrupción más reciente de sus líderes en la sombra, como el exsecretario de organización de ERC Xavier Vendrell.
De las múltiples líneas de investigación abiertas por el juez Aguirre en Voloh, quedan vivas la de Tsunami en Madrid, y, en Barcelona, la de un presunto pelotazo urbanístico de Vendrell y otra que afecta a Alay, investigado por revelación de secretos por haber pedido presuntamente información reservada a un mosso d'esquadra, extremo negado por el jefe de la oficina de Puigdemont.
Alay terminó en la Audiencia Nacional porque el juez Aguirre derivó la parte del caso Voloh relativa a Tsunami Democràtic al tribunal especial en 2021. Salvo Rovira, Puigdemont y el periodista Jesús Rodríguez, el resto de investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional provienen del caso Voloh: se trata del editor Oriol Soler, el antiguo colaborador informático del expresident Jaume Cabaní, el empresario Josep Campmajor y Vendrell.
La Justicia tiene el foco en Alay desde hace años. En su etapa al frente de la oficina de Puigdemont, Alay ha sido imputado cinco veces en varias causas. Fue exculpado de acompañar a Puigdemont en su detención en Alemania, pero irá a juicio porque la Fiscalía lo acusa, en otra causa distinta a Voloh, de pagar con dinero público un viaje oficial a Nueva Caledonia que la intervención de la Generalitat no cuestionó.
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