Anticipo de entrada que este artículo está condenado al fracaso. O sea que piensen bien si quieren perder el tiempo antes de continuar leyendo. Porque tiene el ingenuo propósito de lanzar una propuesta para hacer viable un acuerdo de gobierno entre las izquierdas en España, o que en todo caso la cuestión del referéndum catalán no sea un obstáculo para alcanzarlo. Una propuesta para encontrar el punto de interconexión entre las líneas rojas de la legalidad española y la legitimidad catalana, entre el artículo 2 de la Constitución (el de la indisoluble unidad de la nación española) y las diversas resoluciones de la ONU que reconocen el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
Encontrar ese punto de convergencia (vocablo en proceso de rehabilitación, ahora que lo abandona el proyecto político que lo ha tenido tantos años cautivo), es de vital importancia para la salud mental de algunos seres vivos que pululamos por estas tierras. Al menos la de aquellos a los que no nos mueve ni la pulsión independentista ni la españolista, aquellos que quisiéramos que se respetara la voluntad democrática, en el sentido que fuera, y que básicamente aspiramos a que la administración de la cosa pública deje de estar secuestrada por la dinámica acción-reacción de los salvapatrias de ambos lados. Aquellos, en definitiva, que necesitamos, como agua del cielo, un período de desintoxicación del taladro esencialista.
Digo, pues, que este artículo será un fracaso porque no hay que ser un lince para llegar a este punto de encuentro. Seguro que mil sabios, políticos, politólogos y tertulianos, lo han sabido ver antes de que un pelagatos como servidor, y que por algún motivo de peso lo han desestimado. El problema es que por más vueltas que le doy no sé ver ninguno, así que un buen amigo, psicoanalista de vocación, me ha recetado que lo ponga por escrito (y le deje de taladrar a él).
Vamos, pues, al tema. Primer paso: hay que preguntar a España.
¡Herejía! ¡Sacrilegio! ¡Blasfemia! ¡Botifler!... Caaaalma.
La pregunta que se debería plantear a los ciudadanos de España no es si quieren o no la independencia de Catalunya, sino si aceptan o no una reforma de la Constitución Española que revise su artículo 2, es decir, que allí donde habla sobre la indisoluble unidad se diga que, llegado el caso, la población de una comunidad autónoma puede decidir, mediante referéndum, su separación del Estado. No digo que el Estado tenga que definirse como federal, simplemente que la Constitución reconozca que España no es indisoluble (Nota al margen: después de una pequeña búsqueda veo que el concepto de indisolubilidad sólo se aplica a España y al matrimonio canónico, y todos sabemos cómo de disoluble es este segundo supuesto, incluso en las mejores casas).
Nos hemos tirado cuatro años oyendo decir a Mariano Rajoy que esto de la independencia de Catalunya era una cuestión que debía decidirse entre todos los españoles, que el referéndum era imposible porque una parte de España no podía decidir sobre algo que afectaba a la totalidad, y nunca he entendido, sinceramente, como Artur Mas no le respondía que adelante, que si tenía lo que hay que tener convocara un referéndum para toda España. Como no lo hubiera hecho, al menos se hubiera quedado sin uno de sus argumentos predilectos. Algún político a quien se lo comenté me respondió que Catalunya no podía renunciar a ser sujeto político. Pues bien, si se pregunta lo que planteo no hay tal renuncia.
Pedro Sánchez, en el caso hipotético de ser presidente, no debería tener ningún problema en dar este paso, pues es lo que el PP ha venido argumentando que hay que hacer. Y Podemos tampoco traicionaría a su electorado si invistiera a Sánchez a condición de convocar este referéndum, aunque no sería exactamente lo que todos pensábamos que prometían en campaña, pero al menos serviría para acercarse. No es la solución ideal ni de Iglesias ni de Sánchez, y quizá por eso merece darle alguna vuelta. El fin último, no lo perdamos de vista, es hacer posible el pacto que aleje el patrioterismo castizo y corrupto de la Moncloa y abra un periodo donde la construcción de una sociedad más justa e igualitaria vuelva a estar en la prioridad de la agenda política.
Vamos al paso dos. Pongamos que se ha convocado el referéndum y que ha ganado el sí. Catalunya tendría vía libre para convocar un segundo referéndum, sobre su posible independencia de España, que sería legal, oficial y reconocido por la comunidad internacional... Se supone que así sería, pero no inmediatamente. Primero se debería modificar la Constitución, para lo cual se continuaría necesitando una mayoría muy cualificada del Congreso y del Senado, y en el caso hipotético de obtenerla, dado que afecta al título II, después habría que disolver las Cortes y volver a convocar elecciones legislativas. El PP y Ciudadanos podrían bloquear esta reforma, y muy posiblemente es lo que harían, aunque se estuvieran poniendo a la altura del betún que usa Kim Jong-un. En este punto de la ruta, pues, nos encontramos ante un nudo de incierto desenlace. Por el momento, dejémoslo aquí.
Pero ganaría el no, me dirán. De hecho, sería lo más probable. En conjunto, PP, PSOE, Ciudadanos, UPyD y VOX sumaron más de 16 millones de votos el 20-D, mientras que todo el resto (Podemos, Confluencias, Izquierda Unida, partidos nacionalistas o regionalistas, PACMA, etc.) a duras penas pasan de los 11 millones y medio. Aunque cogiéramos el medio millón de votos del PSC y los 160.000 del PSE y los restásemos de la primera lista para añadirlos a la segunda no sería suficiente. Pero insisto en que la primera pregunta que se debe hacer al ciudadano no es si quiere que un territorio se vaya sino si acepta que la Constitución lo permita si así lo decide una mayoría cualificada de su población. Quizás nos sorprendería la cantidad de votantes de partidos tradicionales españoles que aceptarían este extremo.
En todo caso, lo que pasa si gana el no es que: 1) se ha podido celebrar el referéndum, por lo tanto quiere decir que en España no gobierna el PP; 2) El Gobierno español ha sentado un precedente hoy inimaginable aceptando que todo es revisable, incluso la sacrosanta unidad de destino en lo universal; y 3) en Catalunya, y posiblemente en otras comunidades históricas, el sí gana de forma abrumadora, en un referéndum legal e internacionalmente reconocido, lo que da mucha más visibilidad y legitimidad a ojos del mundo de la cuestión catalana (evito llamarlo conflicto, por respeto a los que realmente sufren uno) que todas las megamanifas celebradas hasta la fecha o que todos los viajes que nuestro hercúleo embajador se proponga hacer en los próximos 18 meses. En otras palabras, un 70-80% de votos favorables en Catalunya en un referéndum legal sobre la disolubilidad de España tendría un impacto internacional mil veces superior al 95% de una consulta de cartón piedra, hecha de cara a la galería, o al 48% de un falso plebiscito, hecho con vistas a la salvación y resurrección.
La disyuntiva, para los catalanes, es un camino largo y tortuoso, recorrido a paso de caracol y sin garantías de final feliz para los que cada noche tienen sueños húmedos con Itaca; contra un atajo con forma de avenida, surcado a alta velocidad y que nos abre las puertas del paraíso… del día de la marmota. Gana de calle la opción 2. Y para los españoles, la disyuntiva es un camino largo e indeseado, y sin garantías de final feliz para nadie (ni para los que tienen sueños eróticos con una tercera república federalista; ni para los que lo tienen con el imperio donde nunca se pone el sol); contra el muro el inmovilismo constitucionalista, que hasta ahora, y no se sabe por cuánto tiempo más, se ha demostrado resistente a megamanifas, consultas de cartón y falsos plebiscitos. Gana también la opción 2.
Sobre este blog
El blog Opinions pretende ser un espacio de reflexión, de opinión y de debate. Una mirada con vocación de reflejar la pluralidad de la sociedad catalana y también con la voluntad de explicar Cataluña al resto de España.
Llegir Opinions en català aquí.
