A menudo la burocracia administrativa y la falta de voluntad política para producir “cambios reales”, nos impide avanzar en el reconocimiento de los derechos. El caso que os expongo a continuación es un buen ejemplo:
Hace muchos años, tal vez demasiado, los agentes de policía que sufren alguna discapacidad sobrevenida o bien alguna enfermedad degenerativa, reivindican el derecho a poder trabajar en régimen de segunda actividad. Es decir, no son aptas para realizar acciones de calle pero sí pueden desarrollar muchas otras funciones en el cuerpo policial al que pertenecen, desde tareas administrativas en formación, planificación, etc. En cambio son obligados a abandonar el cuerpo a partir del momento en que se les reconoce el derecho a percibir una pensión.
Los cuerpos de la Guardia Urbana y los Bomberos de Barcelona no son una excepción. Pese a que hay iniciativas aprobadas desde el 2014, a día de hoy todavía no se ha planteado ni siquiera estudiar una solución. La excusa del Ayuntamiento ha sido el artículo 67 del Estatuto Básico de los Empleados Públicos que dice que la jubilación de un funcionario puede ser, entre otros, por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente, absoluta o total.
Desgraciadamente obvian el artículo 14 del mismo estatuto que reconoce el derecho al trabajo de personas con discapacidad, el artículo 27 de la Convención de la ONU que reconoce el mismo derecho en las discapacidades sobrevenidas, la Ley 27/2011 que clarifica la compatibilidad percibir una pensión con otras actividades profesionales, los informes del Defensor del Pueblo de la Generalitat y de la Síndica de Barcelona, el informe del CERMI y del Comité de la ONU que recoge los incumplimientos en materia de derechos de las personas con discapacidad por parte del ayuntamiento de Barcelona entre otros, varias sentencias judiciales y la no adaptación del Reglamento de la Guardia Urbana a la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad.
Como se puede comprobar, no hacen falta muchos argumentos más para poder, de una vez por todas, acabar con un acto de injusticia social. Sólo depende de la voluntad política para abordar esta cuestión. Voluntad para reconocer el derecho al trabajo y para respetar la dignidad de las personas. En casos así siento vergüenza de representar una institución que no respeta los valores básicos de los que hace bandera.
La realidad es que desde la inspección médica ofrecen la opción de trabajar a cambio de una alta voluntaria que les haría perder la pensión a la que tienen todo el derecho. La realidad es que encontramos agentes de policía que esconden su enfermedad degenerativa para evitar el despido. La realidad es que esta negación del derecho al trabajo implica, muchas veces, un drama humano, personal y familiar.
El Ayuntamiento de Barcelona debe actuar y dejar de mirar hacia otro lado. La nueva política debe significar compromiso y voluntad de cambio. Si esta nueva política va acompañada de las excusas burocráticas de siempre, para no sentar un precedente, no es representativa de ningún cambio.
Sobre este blog
El blog Opinions pretende ser un espacio de reflexión, de opinión y de debate. Una mirada con vocación de reflejar la pluralidad de la sociedad catalana y también con la voluntad de explicar Cataluña al resto de España.
Llegir Opinions en català aquí.
