Los informes internos del Govern tras el 1-O: “Las filiales de multinacionales en Catalunya paralizan inversiones”
Además de decidir qué hacer con el resultado del 1-O, una de las tareas de los dirigentes independentistas hace un año fue intentar apagar las alarmas que se encendieron en el mundo empresarial. La inestabilidad provocada por la aventura unilateral del Govern provocó el cambio de sede social de referentes de la economía catalana. En el seno del Ejecutivo también se era consciente de que el clima político empezaba a afectar a las inversiones. “La impresión general (obtenida a partir de llamadas y de encuentros empresariales en el marco de la Barcelona Industry Week) es que las filiales de multinacionales ya presentes en Catalunya paralizan inversiones”, reza un informe interno que recibió el por entonces conseller de Empresa, Santi Vila, el 5 de octubre.
El documento, elaborado desde la dirección general de Industria y la agencia de la Generalitat para la competitividad empresarial, Acció, está adjuntado en los centenares de correos electrónicos incautados por la Guardia Civil a los exconsellers. El informe interno reporta una “primera alarma más allá de comentarios informales” en el seno de la conselleria de Empresa por la posibilidad de una declaración unilateral de independencia. Dicha “alarma”, que no se concreta de dónde procedió, se recibió el 29 de septiembre, a dos días del referéndum.
Lo que sí se detalla son casos en que la situación política catalana condicionó decisiones empresariales. Por ejemplo, la firma japonesa Denso, que decidió paralizar nuevas líneas de producción en su fábrica de Sant Fruitós de Bages (Barcelona). Su otra factoría de Pontevedra “está presionando para llevarse estas líneas”, relata el informe. Misma situación con la empresa norteamericana Metaldine AMM, cuya filial valenciana presionaba para conseguir inversiones previstas en Barcelona.
Asimismo, el documento señala que la multinacional Hewlett Packard llamó a la Generalitat para “manifestar su preocupación y pedir una reunión al más alto nivel”. No fue la única llamada que consta en el informe. Las firmas EGO appliance y Picadilly Group descolgaron el teléfono después del 1-O para hacer llegar al Govern que se estaban “replanteando las inversiones”.
El informe también alerta de la “inquietud que no existía” antes del 1-O entre los fondos de inversión internacionales. En concreto, se señala que el francés BNP Paribas “ha mostrado su preocupación por la seguridad jurídica y ha pedido reuniones al más alto nivel con el departamento de Empresa y Conocimiento”. Y en el campo de la pequeña y mediana empresa, se traslada la “preocupación” de las firmas sobre aranceles, impuestos, seguridad jurídica y financiación ante una DUI así como los “indicios de boicot” a productos catalanes “por parte de empresas españolas” y en el mercado aragonés.
En otro informe referente al sector turístico se trasladan contactos con el gremio de hoteles de Barcelona, del que se destaca la “prudencia” ante la “presión” de los medios de comunicación para que cuantifiquen el efecto en las reservas del proceso soberanista. “En el ámbito de los apartamentos hay más inquietud pese a que no la han trasladado abiertamente a los medios”, añade el documento del Govern.
Y en un nuevo correo que Vila recibió el 18 de octubre se adjunta un resumen de varios estudios publicados por académicos y el Colegio de Economistas de Catalunya que incluyen estimaciones sobre las “implicaciones económicas de una Cataluña independiente”. Por ejemplo, un incremento de las exportaciones al extranjero de un 10%, que vendría acompañado de un “descenso importante”, que no se cuantifica, de las ventas al resto de España.
La dirección general de Industria y Acció concluyen el documento con una propuesta de argumentario. En primer lugar, piden a Vila “no enviar informes por escrito, sino hacer recomendaciones telefónicas”. Entre los datos que sí recomendaban destacar públicamente está el crecimiento del 37,7% en las domiciliaciones fiscales de empresas en Catalunya entre enero y septiembre de 2017. El mismo informe recoge no obstante que en septiembre descendieron un 51,1% respecto al mismo mes de 2016.
También abogan por mantener que la seguridad jurídica “está garantizada en cualquier caso” y que las siete mil multinaciones que operan en la comunidad son una muestra “de la confianza y la solidez en Catalunya como destino de inversiones”. Es decir, se proponía decir lo contrario de lo que se recogía en el informe. Y así lo hizo el propio Santi Vila en una entrevista en RAC-1 el 6 de octubre del año pasado, esto es, un día después de recibir el informe: “Desde Acció y el departamento de Empresa nos hemos reunido con empresas de todos los sectores y multinacionales con filiales y el marco de seguridad jurídica en Catalunya está garantizado y asegurado”.
Preguntado sobre el traslado de sede social del Banco Sabadell, Vila pidió “no hacer una bola de nieve porque esto es una estrategia partidista que da bola a los que dicen que el mundo se acaba”. “No hay ningún indicador que nos diga que se alterará la seguridad jurídica de Catalunya”, remachó, cuando faltaban 20 días para que dimitiera por su desacuerdo con la DUI del 27 de octubre.
