Procés, corrupción y xenofobia: cuatro consellers y 12 diputados arrancan mandato con causas judiciales

Riesgo de atasco de causas penales que afectan a diputados y consellers de la nueva legislatura catalana. El último en sumarse a la lista de ilustres imputados ha sido el diputado de Junts Francesc de Dalmases, a quien el juez ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que lo impute por lucrarse con subvenciones. Además de De Dalmases, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, otros diez diputados y dos consellers y dos conselleres nombrados por ERC afrontan el actual mandato inmersos en procesos judiciales que, en caso de condena, les obligarían a dejar la política (y en algunos casos, ir a la cárcel).

La mayor parte de las causas judiciales derivan del proceso soberanista, pero en el caso de Borràs y De Dalmases sus procesos versan sobre corrupción y trato de favor, igual que la que salpica al nuevo titular de la cartera de Educació, Josep González Cambray. La jefa de filas de la CUP, Dolors Sabater, arrastra una causa por la suspensión de licencias urbanística cuando era alcaldesa de Badalona. Todas ellas están lejos de llegar a juicio, que sí esperan ya a los diputados de Vox Mónica Lora y Joan Garriga por repartir folletos xenófobos cuando militaban en PlataformaxCatalunya.

En el caso del ahora conseller González Cambray, fue detenido y su despacho fue registrado por orden del juez del caso Voloh el pasado mes de octubre, cuando era el director de centros públicos de Educació, en relación con las irregularidades del exconseller de ERC Xavier Vendrell. En concreto, el intento de Vendrell de aumentar la ratio de una escuela de educación especial de Sant Joan Despí (Barcelona) gestionada por una fundación que preside y montar otro concertado en la masía de Villa Bugatti. Si el juez cree que hay suficientes indicios para continuar la causa contra González Cambray, deberá elevar una exposición razonada al TSJC al estar aforado por su nuevo cargo.

Las causas del resto de consellers republicanos derivan del proceso soberanista. La más avanzada es la que afecta a la nueva titular de la conselleria Feminismos e Igualdad, Tània Verge, que fue absuelta en primera instancia en el juicio por haber formado parte de la Sindicatura Electoral del referéndum del 1-O. Sin embargo la Fiscalía ha recurrido la absolución ante la Audiencia de Barcelona.

El nuevo titular de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, está siendo investigado en el TSJC, junto al resto de miembros soberanistas en la Mesa del Parlament de la pasada legislatura, entre ellos el actual diputado de Junts Eusebi Campdepadrós, por desobedecer al Tribunal Constitucional al permitir la tramitación de resoluciones a favor del derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía.

Torrent, Campdepadrós y los otros dos exdiputados investigados, Josep Costa y Adriana Delgado, están pendientes de ser citados a declarar por un delito de desobediencia, que no acarrea penas de cárcel pero sí de inhabilitación para ocupar un cargo público. La jurisprudencia reciente no es buen augurio para Torrent y augura una condena, aunque su salida obligada de la política no llegaría hasta la sentencia firme del Tribunal Supremo, un escenario todavía lejano.

La también republicana Natàlia Garriga, nueva consellera de Cultura, está procesada por un delito de malversación por participar en la organización del referéndum del 1-O desde el cargo de directora de servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia que ocupaba en octubre de 2017. Garriga sería, según la investigación, el “enlace” entre el exsecretario general de Vicepresidencia Josep Maria Jové y la encargada de una nave industrial de Bigues y Riells (Barcelona) donde iba a almacenarse documentación relacionada con el 1-O y que fue descubierta por la Guardia Civil.

Garriga esperaba juicio en la Audiencia Barcelona junto a los otros 31 procesados por los preparativos del 1-O, pero previsiblemente acabe ante el TSJC, instancia por la que ya fueron procesados el propio Jové y Lluís Salvadó, estrechos colaboradores de Oriol Junqueras en la conselleria de Economía y ahora diputados de ERC, por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secreto en la organización de la consulta soberanista. La Fiscalía todavía no ha presentado escrito de acusación contra los dos diputados, que se exponen a penas de cárcel.

Contratos y subvenciones sospechosos

Los problemas judiciales llegan hasta la segunda autoridad de Catalunya, la presidenta del Parlament, Laura Borràs. El TSJC ya ha asumido su causa por delitos de malversación, prevaricación falsedad documental y fraude a la administración, delitos que comportan penas de prisión, en relación con los contratos que concedió de forma presuntamente irregular a un amigo suyo cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes. Se trata de 18 contratos de programación informática por valor de 259.863 euros cuando dirigía la ILC, entre 2013 y 2017, fraccionándolos de forma ilegal y falsificando los presupuestos de los expedientes, una tesis que ha avalado la Sindicatura de Cuentas de Catalunya, si bien Borràs alega que se trata de una “persecución política” y que en cualquier caso serían irregularidades administrativas, no penales.

La instrucción de la causa contra Borràs está a punto de culminarse, dado que se han practicado ya la mayoría de las diligencias solicitadas por las partes, unas a cargo de los Mossos d'Esquadra y otras de la Guardia Civil. Pendiente de saber si el TSJC acuerda investigarle está el diputado de Junts Francesc de Dalmases. El juez que investiga el fraude en las subvenciones para cooperación internacional de la Diputación de Barcelona ha elevado al TSJC una exposición razonada en la que pide imputar a De Dalmases por lucrarse con más de 224.000 euros, lo que a criterio del instructor podrían ser delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias (que conllevan penas de cárcel).

El tercer diputado de Junts cuyo expediente judicial no está del todo cerrado es el del exconseller Lluís Puig, que permanece en Bélgica. Su caso no es por corrupción sino por el procés. Aunque la Justicia belga rechazó su extradición, el Tribunal Supremo elevó a la Justicia europea una batería de cuestiones prejudiciales que cuestionan la decisión de los jueces de Bruselas. Y por la causa del procés de 2017 está pendiente de juicio, pero en España, la exconsellera de Agricultura y actual portavoz adjunta de ERC en el Parlament, Meritxell Serret, que regresó de Bélgica el pasado mes de marzo.

Los diputados de la CUP Pau Juvillà y Laia Estrada también arrastran derivadas judiciales del procés. Juvillà está pendiente de juicio por desobediencia no retirar lazos amarillos en las ventanas del despacho del grupo de la CUP cuando era concejal de Lleida durante la campaña de las generales de 2019. Por su lado, Estrada está investigada por desórdenes públicos en una manifestación contra el Consejo de Ministros que el Gobierno de Pedro Sánchez celebró en Barcelona en 2018.

Derivada de su etapa como alcaldesa de Badalona es la causa que mantiene imputada a la diputada cupaire Dolors Sabater. Un juez la investiga, a raíz de la querella de un promotor inmobiliario, por haber suspendido las licencias urbanísticas durante su mandato.

Por último, la entrada de Vox en el Parlament el pasado 14F ha traído a dos diputados de extrema derecha, Mónica Lora y Juan Garriga, que esperan juicio por un delito de odio contra los inmigrantes relacionado con la propaganda contra los inmigrantes y los musulmanes que repartieron en la campaña de las municipales de 2011, cuando ambos militaban en PlataformaxCatalunya.