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Castilla-La Mancha obtiene un aprobado ‘raspado’ en el desarrollo de servicios sociales

Así lo detalla el último informe DEC 2017 de la Asociación de Directoras y Gerentes de estos servicios públicos

Con ello, el Gobierno regional rompe la tendencia negativa de la legislatura anterior

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EFE

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha avanzado del suspenso al aprobado en el Desarrollo de los Servicios Sociales, según el informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales, de modo que ha acabado con la tendencia negativa en esta materia registrada en la legislatura anterior. Concretamente, ha pasado de una nota del 4,9 puntos sobre diez al 5,4. Ha celebrado este aprobado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, manifestando que "se ha acabado la tendencia negativa que se registraba en 2013 y que se debía a las políticas restrictivas llevadas a cabo en la anterior legislatura”.

En concreto, Sánchez ha destacado los tres indicadores en los que Castilla-La Mancha cuenta con una puntuación por encima de la media estatal: la cobertura del Sistema de Atención a la Dependencia, el incremento de plazas residenciales para personas mayores con financiación pública y la cobertura del Servicio de Ayuda a Domicilio.

“En Castilla-La Mancha, se está produciendo una perspectiva muy positiva del Desarrollo de los Servicios Sociales, teniendo en cuenta que todavía siete comunidades autónomas suspenden”, ha resaltado la consejera, quien ha apuntado que el informe valora “el esfuerzo” realizado por Castilla-La Mancha para “poder revertir los recortes de la anterior legislatura”.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez / JCCM

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez / JCCM

Además, ha advertido de que la puntuación sería superior si la acción del Gobierno de España, sobre todo, en lo que se refiere al Sistema de Dependencia, “fuera fiel a lo que dice la ley de 2006, es decir, que se incremente la financiación del Gobierno de España en el Sistema de Dependencia”.

Del mismo modo, ha reclamado que “se devuelva esa deuda histórica que se debe desde 2012 a 2016 y que supera los 350 millones de euros, porque el desarrollo de los servicios sociales pivota sobre las comunidades autónomas, pero tiene que tener esa responsabilidad del Gobierno de España”.

“La valoración que hacemos es positiva, demuestra el esfuerzo que se está realizando para mejorar la política social, para que los ciudadanos puedan tener mayor cobertura social y cada mes, cada año, se avance de forma positiva. Por tanto, un informe que valoramos de forma satisfactoria, aunque siempre tenemos que seguir trabajando porque siguen aumentando las demandas sociales en nuestra comunidad”, ha concluido.

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