Lo que Cospedal no contó pero ha detectado el Tribunal de Cuentas
Significativa reprimenda la que el Tribunal de Cuentas ha realizado de la gestión que el Gobierno de María Dolores de Cospedal realizó en Castilla-La Mancha hace tres años. Deficiencias e irregularidades en el control de la Administración General de la Junta, riesgo de inestabilidad presupuestaria y contrataciones administrativas realizadas con barómetros puestos en duda, son algunas de las cuestiones detectadas por el Tribunal de Cuencas en el Informe de Fiscalización de esta comunidad autónoma correspondiente al ejercicio de 2013. Los datos son relevantes si se tiene en cuenta que buena parte del discurso de Cospedal durante su mandato fue la necesidad de corregir esos mismos desequilibrios y cumplir con déficit.
En primer lugar, y en cuanto al control administrativo, en el texto se apuntan primero que los créditos definitivos se elevaron durante ese año a 7.700 millones de euros, con un incremento de los iniciales de 347 millones de euros, lo que supone una significativa reducción respecto a 2012. El argumento del tribunal en este punto es que al no contar todas las modificaciones presupuestarias con financiación específica, se produjo un desequilibrio entre los créditos definitivos del presupuesto en gastos y las previsiones finales de ingresos por importe de 184 millones de euros. De hecho, sostiene que desde un punto de vista financiero, el desequilibrio provocado por los aumentos de créditos sin financiación podría derivar en la generación de déficits presupuestarios, como posteriormente ocurrió.
En este sentido, resalta igualmente, en cuanto al activo de balance la cuenta de la Administración General, que el ratio de garantía activo/deudas ofreció un valor de 0,18, lo que pone de manifiesto la “complejidad para atender las deudas con los bienes disponibles”. Lo mismo sucede con el ratio de solvencia a corto plazo, con un valor de 0,23, de lo que se deduce “una difícil situación para hacer frente a los pagos corrientes”.
Los ‘toques’ a Cospedal se multiplican en el caso de la contabilidad. El informe señala que del análisis de los registros contables se deduce que numerosos valores no son reflejo de los importes por los que aparecen en el inventario, en especial en los bienes que no son inmuebles de carácter administrativo o vehículos. Reprocha también que la Junta no utilizó en ese año las cuentas previstas por el Plan General de Contabilidad Pública para registrar en balance el importe de las deudas aplazadas y fraccionadas. A cierre del año, el importe total de los deudores presupuestarios pendientes de ejercicios anteriores susceptibles de haber prescrito ascendía a 50 millones de euros, y con derechos pendientes de cobro con antigüedad superior a diez años, por importe de casi 7 millones de euros.
Otro dato llamativo es el referido al hecho de que en 17 cuentas bancarias la disposición de fondos podía realizarse por cualquiera de los titulares y en otros 12 casos solo constaba una firma autorizada, incumpliéndose la Ley de Hacienda. El tribunal ha detectado además que cuatro personas que ya no ocupaban los puestos que les habilitaban a operar con las cuentas bancarias, seguían figurando como autorizadas en dichas cuentas.
Déficit y contratación administrativa
En otro apartado el informe es tajante: los objetivos de estabilidad y de deuda fijados para 2013 fueron del 1,3% del PIB regional y Hacienda cifró el déficit castellano-manchego de ese año en el 2,09%, lo que supone el incumplimiento del objetivo e igualmente un exceso de deuda del 0,1% del PIB regional.
También en cuanto a contratación administrativa el Tribunal de Cuentas señala algunas deficiencias. Según apunta, en la mayor parte de los contratos analizados se han utilizado modelos de pliegos de clausulas administrativas particulares de carácter “excesivamente genérico”, aplicables a todos los contratos del mismo tipo y procedimiento de adjudicación, lo que “desvirtúa la finalidad de agilizar la tramitación de los expedientes sin merma de la garantía de legalidad”. Otras deficiencias afectan o hacen referencia a la “determinación de los criterios subjetivos” de adjudicación“.
Por último, en los contratos de obras el informe destaca que se produjeron importantes demoras en su ejecución. En varios casos se concedieron ampliaciones de plazo basadas en las inclemencias del tiempo sin que consten “adecuadamente” justificadas ni la naturaleza, ni la duración, ni la cantidad, ni la incidencia en las distintas partes de las obras. En cuanto a los servicios, se ha observado ausencia en los pliegos de “toda referencia específica a los sistemas de control de las prestaciones contratadas y de la documentación de las mismas”.
