El alcalde de Manzanares no quiere parados ni desahuciados en las viviendas sociales
El término “social” se entiende poco en las 86 viviendas propiedad de CCM-Liberbank que el ayuntamiento de Manzanares ha negociado con la entidad bancaria para que se destinen a alquileres sociales. El alcalde ha expresado que sólo quiere que las casas las ocupen gente con dinero, con nómina y Seguridad Social.
Así lo ha denunciado Julián Nieva (PSOE), portavoz de la oposición en el ayuntamiento y que ha pedido que se reconsideren los requisitos para poder acceder a una de esas viviendas sociales, para facilitar que los parados de la localidad puedan acceder en condiciones de igualdad, en lo que ha calificado como una discriminación inadmisible.
Dentro del acuerdo entre CCM-Liberbank y el ayuntamiento manzanareño, la entidad no tendrá que pagar gastos del IBI ni impuestos de basuras, y ofrecerá las viviendas en precios que irán desde los los 200 euros mensuales. “Niegan una vivienda social a quienes más la necesitan y por otro lado le dan ventajas que nadie tiene a la empresa”, señala Nieva.
Esas 86 viviendas son parte del enorme stock que CCM dejó en Castilla-La Mancha de viviendas vacías actualmente desocupadas. Con esa solución se le da una salida al destino de esas casas, solución que dará a la empresa al año 156.000 euros con los alquileres de las mismas, 13.000 euros al mes, a lo que hay que sumar la subida anual del IPC durante los años que las renten. Al ser un alquiler la propiedad seguirá siendo de CCM-Liberbank y además en condiciones ventajosas de pagos de impuestos.
Precisamente el IBI es uno de los impuestos que más ha subido en Manzanares en esta legislatura, concretamente un 21%, algo que critican los vecinos. “Además de alquilarle los pisos al promotor, todo el pueblo tiene que hacerse cargo del pago de sus impuestos”, apuntaba también Nieva.
A estas viviendas, a pesar de denominarse “sociales”, no podrán entrar ni parados, ni desahuciados, ni víctimas de violencia de género, ni familias que tengan a todos sus miembros en paro. Es decir, que sólo podrán alquilarlas gente con dinero, gente que precisamente no tiene la necesidad de recurrir a un alquiler social.
Antonio López de la Manzanara Núñez Barranco (PP), nombre completo del alcalde de la localidad, ya se ha hecho famoso a nivel nacional por numerosos escándalos en la alcaldía. Es propietario casualmente de una inmobiliaria y también de una clínica privada. Durante el proceso por el cual la Junta de Castilla-La Mancha informaba a los vecinos de la localidad de la privatización de su hospital (después derogada), en las cartas que llegaron a los vecinos el alcalde incluyó un folleto de los servicios de su clínica privada, publicitándola mientras se privatizaba el hospital público. Otras actuaciones del alcalde fueron patrocinar una fiesta pornográfica por el ayuntamiento, tener que retirar por orden judicial 38 multas de tráfico que fueron colocadas ilegalmente engañando a los propietarios de los coches, vetar a un periodista por llevar a dar una charla a la localidad a Carlos Solchaga, al que calificó como “peligroso rojo” o pagar a una funcionaria durante varios años por no ir a trabajar, aludiendo que “no quería volverla a ver” (por eso le pagaba el sueldo el ayuntamiento pero no iba a trabajar).
