Los ciudadanos podrán pedir debates a la Junta si aportan 5.000 firmas

No tendrán el rango de la Iniciativa Legislativa Popular que contempla el Estatuto de Autonomía, pero podrán propiciar el diálogo en torno a las medidas adoptadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Con 5.000 firmas, los ciudadanos de esta región tendrán la posibilidad de pedir debates a la Junta sobre las políticas públicas que sean de su competencia, y que se canalizarían a través de foros ciudadanos, encuestas o actos de todo tipo, también con carácter sectorial y con participación social. Así lo recorte el anteproyecto de ley de Participación Ciudadana que el Consejo de Gobierno ha tomado en consideración y que remitirá en breve al Consejo Consultivo.

Esta norma forma parte de los compromisos del programa electoral de Emiliano García-Page y también estaba incluido en el fallido pacto de investidura con Podemos. Tras sus trámites administrativos y de información pública de carácter oficial, el objetivo de la Junta es que se tramite en el actual periodo de sesiones. En el acuerdo con la formación morada estaban incluidas algunas figuras de iniciativa legislativa popular que finalmente no se han incorporado al anteproyecto ya que están supeditadas a la reforma del Estatuto de Autonomía.

El vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, ha informado de los detalles de esta futura ley junto al director de  la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno, Enrique Tenorio, que ha trabajado directamente en la normativa, muy ligada a la recientemente aprobada Ley de Transparencia en cuanto al acceso de los ciudadanos a la información.

En la propia elaboración de la ley ya se han aplicado algunas cuestiones que se incorporan en el texto, ya que el pasado verano se abrió un proceso de participación ciudadana a través de una encuesta y con escritos más de un centenar de instituciones relacionadas con los tejidos asociativos. Finalmente, se han recibido 149 aportaciones, incluidas en la Ley.  

Derecho de participación en decisiones importantes

 “Completar el derecho de acceso de la ciudadanía a la información pública con el derecho de participación en las decisiones importantes que afecten a su futuro” es el objetivo que el Gobierno regional se ha planteado con esta norma. Ha recordado que estos procesos hoy son posibles debido al avance de nuevas las tecnologías de la información y las comunicaciones, que “hacen viable una relación directa y sin intermediarios entre  los ciudadanos y la Administración”.

El anteproyecto de Ley define como procedimientos e instrumentos de participación ciudadana el conjunto de mecanismos o actuaciones ordenadas y secuenciadas en el tiempo que posibiliten la intervención de la ciudadanía en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas del Gobierno regional.  Hasta ahora, la participación de la sociedad castellano-manchega se realizaba a través de los consejos sectoriales en cada área. Ahora, los ciudadanos podrán participar en el diseño de las políticas públicas sin la necesidad de acudir a estos consejos.

Los procedimientos e instrumentos de participación ciudadana podrán ser instados por los propios ciudadanos, a título individual o colectivo; o a instancias de los poderes públicos mediante la apertura de espacios para aportaciones ciudadanas, con deliberación participativa, consultas ciudadanas o mediante la evaluación de políticas públicas.

Para hacer efectivos estos procedimientos e instrumentos se habilitará un Portal de Participación Ciudadana en el que se promoverá la participación en las políticas públicas a través de diferentes canales de comunicación, facilitando información sobre los instrumentos de participación ciudadana e impulsando espacios para la presentación de opiniones, aportaciones y propuestas, así como la formación de foros de debate.

Programa Anual de Participación Ciudadana

Otro dato significativo es que anualmente deberá elaborarse y aprobarse un Programa Anual de Participación Ciudadana en el que se anticipan las materias, los procedimientos e instrumentos de participación previstos para cada año, así como un Registro de Participación Ciudadana en el que se podrán inscribir de forma voluntaria y gratuita todas las personas y entidades interesadas en recibir información sobre la puesta en marcha de estos mecanismos de participación.

Una novedad en esta norma con respecto a otras ya existentes es la regulación de la Participación Institucional, entendida esta como la representación, intervención y colaboración de las organizaciones y asociaciones sindicales y empresariales más representativas, en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.

Destaca también la creación del Observatorio Ciudadano de Castilla-La Mancha, configurado como un órgano independiente de interlocución con la sociedad, adscrito a las Cortes regionales e integrado por representantes de la sociedad civil castellano-manchega, profesionales y expertos del ámbito de la Universidad, y que tendrá funciones de consulta y asesoramiento para la participación; así como de impulso, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el ámbito de la región.

Finalmente, el texto también regula la puesta en marcha de medidas de fomento de programas de formación en materia de participación ciudadana, donde se recoge específicamente la posibilidad de admitir como beneficiarios de éstas a los entes que integran la Administración regional y medidas de fomento de la participación ciudadana y de participación institucional.