10.000 dependientes pendientes por cobrar en Castilla-La Mancha
El Informe Preliminar que el Tribunal de Cuentas ha hecho sobre la aplicación de de en España “pone en evidencia”, según la diputada del PSOE por Toledo, Guadalupe Martín, que “Cospedal y su Gobierno mintieron, que aquí no hubo picaresca y que la gestión de esta Ley con el anterior Gobierno era mucho mejor que la que se hace ahora en Castilla-La Mancha”.
La diputada socialista señala que el informe pone de manifiesto que, tras la regularización de los más de 2.000 expedientes en los que se detectó alguna posible irregularidad en Castilla-La Mancha el año pasado, “el resultado es que el Estado le debe reintegrar a Castilla-La Mancha un millón de euros y Castilla-La Mancha al Estado apenas 35.000 euros cobrados indebidamente. Ni se cometían irregularidades, ni había mil muertos cobrando, ni la administración pagó 15 millones sin tener que hacerlo”.
Además el Informe señala que en Castilla-La Mancha “cuando se reconoce el derecho a una nueva prestación económica por dependencia, lo que se hace es dejar en suspenso el pago hasta el siguiente año, cuando se incorporan nuevos créditos presupuestarios”. Esto demuestra, para Martín, que el modelo de créditos ampliables a lo largo del año, que hacía el Gobierno del PSOE, “es mucho más eficiente y, sobre todo, mucho más justo para la persona que tiene derecho a recibir ese pago”.
Por otro lado, el Tribunal revela que “somos la segunda región de España que más tarda en registrar las nuevas solicitudes para ser declarado dependiente y la segunda que más tarda luego en reconocer y pagar la prestación cuando el dependiente tiene derecho a ella”.
Y por último la diputada socialista denuncia que “hay expedientes de solicitudes de dependientes guardadas en cajas que tardan tres meses en ser registradas en el sistema y tenemos más de 10.000 dependientes reconocidos y con derecho que aún no perciben ninguna prestación”.
El Informe Preliminar que el Tribunal de Cuentas ha hecho sobre la aplicación de de en España “pone en evidencia”, según la diputada del PSOE por Toledo, Guadalupe Martín, que “Cospedal y su Gobierno mintieron, que aquí no hubo picaresca y que la gestión de esta Ley con el anterior Gobierno era mucho mejor que la que se hace ahora en Castilla-La Mancha”.
La diputada socialista señala que el informe pone de manifiesto que, tras la regularización de los más de 2.000 expedientes en los que se detectó alguna posible irregularidad en Castilla-La Mancha el año pasado, “el resultado es que el Estado le debe reintegrar a Castilla-La Mancha un millón de euros y Castilla-La Mancha al Estado apenas 35.000 euros cobrados indebidamente. Ni se cometían irregularidades, ni había mil muertos cobrando, ni la administración pagó 15 millones sin tener que hacerlo”.
Además el Informe señala que en Castilla-La Mancha “cuando se reconoce el derecho a una nueva prestación económica por dependencia, lo que se hace es dejar en suspenso el pago hasta el siguiente año, cuando se incorporan nuevos créditos presupuestarios”. Esto demuestra, para Martín, que el modelo de créditos ampliables a lo largo del año, que hacía el Gobierno del PSOE, “es mucho más eficiente y, sobre todo, mucho más justo para la persona que tiene derecho a recibir ese pago”.
Por otro lado, el Tribunal revela que “somos la segunda región de España que más tarda en registrar las nuevas solicitudes para ser declarado dependiente y la segunda que más tarda luego en reconocer y pagar la prestación cuando el dependiente tiene derecho a ella”.
Y por último la diputada socialista denuncia que “hay expedientes de solicitudes de dependientes guardadas en cajas que tardan tres meses en ser registradas en el sistema y tenemos más de 10.000 dependientes reconocidos y con derecho que aún no perciben ninguna prestación”.
