Alicante expedienta a dos de los nueve funcionarios del ayuntamiento que han accedido a una de las VPO investigadas
El Ayuntamiento de Alicante ha detectado que nueve de sus funcionarios, además de la dimitida concejala de Urbanismo Rocío Gómez, accedieron a un piso en la promoción de vivienda protegida Les Naus, en la playa de San Juan, en Alicante. Se trata de viviendas que, a precio de mercado, habrían superado los 400.000 euros y que se adquirieron por alrededor de 225.000 euros.
Familiares y personas vinculadas a cargos del Partido Popular, así como hijos de notarios, arquitectos, altos funcionarios de la Generalitat Valenciana o individuos relacionados con la promotora, también resultaron adjudicatarios de estos pisos, que cuentan con piscina, pistas de pádel y salón social comunitario.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se comprometió a cruzar los datos de todo el personal municipal con los de los beneficiarios de alguna de las viviendas de esta promoción, compuesta por 140 inmuebles de tres y cuatro dormitorios. Tras la investigación, el concejal del PP Mario Villar comunicó el viernes a los sindicatos que había abierto expediente a dos de los nueve funcionarios con vivienda adjudicada en Les Naus, según adelantó el diario Información de Alicante y ha podido confirmar elDiario.es.
Los dos empleados públicos investigados por el consistorio son los únicos que habrían intervenido en algún momento del proceso de adjudicación de las viviendas. En concreto, el arquitecto Francisco Nieto y su compañera en el departamento de Urbanismo, Elsa Lloret, casada con el técnico de la Generalitat que validó su solicitud.
La Junta de Personal del Ayuntamiento de Alicante envió un comunicado en el que pidió a la ciudadanía que diferencie entre los trabajadores públicos que han accedido legalmente a los pisos y aquellos que hayan tenido una «conducta individual que debe ser investigada». «Rechazamos cualquier generalización que pueda dañar injustamente la imagen y el prestigio del personal municipal», añadieron.
Otra de las posibles irregularidades que ya se están investigando es el hecho de que un tercio de los adjudicatarios no estaba empadronado en Alicante cuando se le adjudicó la vivienda. A este incumplimiento se suman otros, como la superación de los límites de renta o la ocultación de información relevante, por ejemplo, la pertenencia al mismo núcleo familiar.
Por el momento, hay investigaciones abiertas en un juzgado de instrucción y por parte de la Fiscalía, y se han comprometido comisiones de investigación tanto en el Ayuntamiento de Alicante como en Les Corts. La polémica no solo afecta al consistorio, sino que se extiende también a la Generalitat.
Un funcionario que participó en los visados ha sido suspendido de empleo y sueldo y, como ha informado elDiario.es, una exinterventora de la Generalitat con un salario superior a los 70.000 euros anuales ha podido acceder a una de estas viviendas protegidas. Esta habilitada nacional, actualmente en el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, dispone además de otra vivienda en nuda propiedad, de la que el 75% está escriturado a su nombre.
La Conselleria de Vivienda ha requerido información a diez propietarios de la promoción para que presenten documentación que acredite que cumplen con todos los requisitos después de que sus casos hayan levantado sospecha.