Un juzgado popular, y no uno ordinario, determinará si Miguel López asesinó a la viuda del expresidente de la CAM

Después del verano comenzará presumiblemente el juicio formado por un juzgado popular contra Miguel López, yerno de Mari Carmen Martínez, cuyo cuerpo sin vida apareció en diciembre de 2016 en el lavadero del concesionario del hasta ahora único acusado de su asesinato. La Audiencia Provincial de Alicante ha desestimado con fecha de este jueves el recurso presentado por el letrado del yerno del expresidente de la CAM, Vicente Sala, para evitar la fórmula del juzgado popular, alegando que se produciría un “juicio paralelo”. “Se aduce que por las filtraciones habidas a los medios de comunicación se ha dado lugar a una contaminación de los posibles ciudadanos jurados”, esgrimía la defensa.

El auto de la magistrada llega después del que el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por el hijo mayor de la asesinada, se opusieran a la demanda de López. La jueza Francisca Bru recuerda que el marco legal establece que el Tribunal del Jurado es competente para los delitos de homicidio, y que en caso de atender el recurso del acusado se vulnerarían los derechos fundamentales de “la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos” y “el derecho al juez ordinario”.

La Audiencia también desestima la petición de Miguel López de que, en caso de que tuviera lugar el juicio popular, como finalmente ocurrirá, se celebrara fuera de la Comunidad Valenciana formado mediante sorteo por jurados de esa otra circunscripción. Contra esta sentencia cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La fiscalía y la acusación particular han reclamado para el presunto asesino 23 años de prisión por el supuesto delito de asesinato y 18 meses por tenencia ilícita de armas; en total, 24 años y medio de pena frente a la libre absolución y el sobreseimiento reclamados por la defensa de López, quien se encuentra en prisión provisional tras pasar 40 días en prisión preventiva y abonar una fianza de 150.000 euros.

La acusación particular estableció en un escrito de conclusiones provisionales que el acusado, junto con su esposa y sus cuñadas, “estaba manteniendo una batalla feroz contra la futura víctima por el poder en las empresas y por el dinero”. Refleja el texto que “el conflicto familiar alcanza un punto crítico” el día 19 de septiembre de 2016 cuando en la Junta General de socios, con sus votos (la denominada “acción de oro”) la víctima cesa a la esposa del acusado de su cargo de Consejera de Samar Internacional SL (una empresa que facturó 239.253.972 € en el año 2016). María del Carmen Martínez es, “a ojos del acusado, el obstáculo que lo separa de la fortuna de su mujer”. Para el acusado, “la muerte de la víctima supone que su esposa (aliada con las dos hermanas de ésta) tomará el control inmediato de la Compañía Española de Resinas, SL”, una empresa cuyo patrimonio, solo en inmuebles, alcanza la cifra de 30.095.991 euros.

El abogado Beltrán Reig en representación de la acusación particular consideró que “su propio cargo de administrador único” del concesionario de vehículos Novocar Miguel López “lo ve peligrar porque su suegra, con su 70% de los derecho de voto puede cesarlo en cualquier momento”. “El acusado decide eliminar, de una vez para siempre, esos peligros y vengar los (supuestos) agravios a su mujer”, concluye.

Tras esa fecha de la celebración de la Junta, la acusación particular, ejercida por el hijo mayor de la asesinada, considera que Miguel López “comienza a planificar el crimen de la anciana por la que siente un profundo desprecio”, la considera una “déspota” y una “tacaña”, con “actitud clasista” y que hacía las cosas “sin contar con nadie y con altivez”.