Condenado un activista de la PAH de Gandia de 75 años a una multa por resistencia a la autoridad y lesiones

El activista de la PAH Safor-Valldigna Joan Cogollos, de 75 años, ha sido condenado a una multa de 2.580 euros por los delitos de resistencia y desobediencia grave a un agente y de lesiones durante una concentración contra un desahucio de una familia el 14 de septiembre de 2018. La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Gandia también condena al activista, que se declara pacifista y seguidor de Ghandi, a pagar las costas del juicio. El Ministerio Fiscal pedía un año y seis meses de prisión para Cogollos.

La defensa del activista, que ejerce el letrado Raúl Burgos, ya ha recurrido la resolución ante la Audiencia Provincial de Valencia. “El hecho de que la sentencia considere como hecho probado que yo insultara a un policía es para mi inadmisible. Nunca en la vida he empleado ese vocabulario y mucho menos ningún tipo de violencia”, ha asegurado Joan Cogollos. “Soy un hombre de paz”, agrega.

La PAH considera que los testimonios que recoge la sentencia de los agentes presentes el día de los hechos incurren en “contradicciones”. La campaña de apoyo al activista recuerda que en el juicio se aportó una grabación, realizada por la Guardia Civil. La sentencia considera que en el video “no se observa ningún tipo de acometimiento” de Cogollos contra los agentes. Al contrario, señala, el activista “se va retirando y es él quien finalmente en el tumulto cae al suelo”.

Uno de los agentes de la Guardia Civil que declaró durante el juicio explicó que el activista de la PAH “estaba en medio de la multitud” pero aclaró que no recordaba “verle lanzar patadas o manotazos”. Tras el visitando del video, la jueza considera que “ningún reproche penal puede exigírsele en los momentos iniciales de la actuación policial”. El hombre fue sujetado en el pecho mientras decía “haced fotos” (y no “venid, venid”, como manifestaba alguno de los agentes). 

La sentencia afirma que los gestos de Cogollos con los brazos “pudieron confundir a los agentes” respecto a la supuesta intención del activista de animar al resto de manifestantes a impedir la labor policial.

La versión de la acusación, sin embargo, es que los hechos que sustentan los delitos se produjeron después de la grabación. El letrado del activista ha criticado las “contradicciones” de la sentencia. “No sentimos huérfanos ante la impunidad con la que puede actuar la Policía”, ha manifestado la PAH en un comunicado.

“Lo que nos gustaría”, agrega la plataforma contra los desahucios, “es sentirnos protegidos, porque cuando defendemos el derecho a la vivienda que contempla el artículo 47 de la Constitución, ejerciendo otro derecho, el de manifestarse, lo que esperamos es que se nos garanticen nuestros derechos, también por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, no acabar siendo juzgados y condenados bajo falsas acusaciones”.

El activista cuenta con el apoyo de multitud de colectivos sociales, partidos políticos y sindicatos de la comarca de La Safor.