Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

La doble cita electoral valenciana del 28 de abril: un paso adelante o dos atrás en el autogobierno

Isabel Bonig (PP), Mónica Oltra (Compromís), Ximo Puig (PSPV-PSOE), Rubén Martínez Dalmau (Unides Podem-EUPV) y Toni Cantó (Ciudadanos) en el debate en À Punt.

Adolf Beltran

La noche del 25 de abril, aniversario de la batalla de Almansa, los candidatos a la presidencia de la Generalitat Valenciana protagonizaron en la televisión pública À Punt un debate soprendentemente digno, en el que intercambiaron críticas y expusieron propuestas casi sin estridencias. La palabra Catalunya prácticamente no se pronunció y no hubo casi alusiones al conflicto independentista en las más de dos horas de discusión. Por un momento, la valenciana dio la imagen de una sociedad civilizada, en contraste con la bronca que había marcado los debates televisivos de los candidatos a la presidencia del Gobierno de España.

Sin embargo, mientras Ximo Puig (PSPV-PSOE), Isabel Bonig (PP), Mónica Oltra (Compromís), Rubén Martínez Dalmau (Unides Podem-EUPV) y Toni Cantó (Ciudadanos) confrontaban sus posiciones, resonaban los ecos de un acto en el que los asistentes habían gritado poco antes en Valencia contra la “anti-España” y los oradores proclamado su intención de acabar con la “dictadura progresista”, el “feminismo supremacista” y las autonomías. El acto de Vox, coreografiado meticulosamente por los organizadores para aparentar más volumen, sonó como un tambor de guerra.

Un tambor que advertía de que la confrontación democrática entre opciones diversas, esta vez delimitada en bloques por el desplazamiento de Ciudadanos hacia la derecha del espectro, está condicionada a quienes desprecian el marco institucional mismo en el que se plantea: el del autogobierno de una nacionalidad histórica, como define el Estatut d'Autonomia a la Comunitat Valenciana. Y lo está porque la alternativa a ese Gobierno del Botánico que rompió en 2015 una hegemonía del PP de más de dos décadas marcadas por la corrupción y el abuso de poder pasaría por quienes proclaman la dicotomía entre “la patria española o el caos del frente popular”, como si estuviéramos en los años treinta del siglo pasado.

El mutipartidismo y la polarización encadenan al PP y Ciudadanos a un eventual apoyo de los de Santiago Abascal y José María Llanos. Una cadena hecha de elementos como la reiterada afirmación de Toni Cantó de que en la Comunidad Valenciana “se impone el valenciano”, un prejuicio que Isabel Bonig y los populares concretan a su manera al prometer libertad de elección y anunciar la derogación del modelo actual de plurilingüismo que, como les recriminó Ximo Puig, es muy similar al del PP en Galicia. Una cadena hecha de eslabones como el anuncio, también reiterado por Cantó, de “acabar con los chiringuitos”, categoría en la que al parecer encajan las empresas públicas, los organismos consultivos, las instituciones estatutarias como la Acadèmia Valenciana de la Llengua y la Agencia Antifraude o la mismísima radiotelevisión valenciana, que el PP ya cerró con gran escándalo tras manipularla a su antojo.

Si tiene la oportunidad de hacerlo, Vox estirará de esa cadena para vaciar el autogobierno, además de presionar, como se está viendo en Andalucía, para abolir las normas contra la violencia machista o suprimir los fondos destinados a la memoria histórica. Se trata de una coyuntura nueva y radical. Si el PP puede coincidir con la extrema derecha en cierta idiosincrasia simbólica, reflejada en los toros, la caza o el anticatalanismo (promulgó en el último suspiro de su gobierno una ley infame de señas de identidad, derogada enseguida por la izquierda, que ha vuelto a esgrimir Isabel Bonig de forma un tanto descafeinada), no había demostrado hasta ahora la más mínima intención de retroceder en materia de autogobierno. Más aún, hubo un tiempo, con Zaplana y con Camps, en que la divisa de los populares era “el poder valenciano”. Pero con los vientos que vienen de Madrid (agitados por las propuestas recentralizadoras de Pablo Casado y Albert Rivera) y la fuerza bruta de la extrema derecha, eso puede cambiar bastante.

Ante ese panorama, la izquierda, que ha gobernado esta última legislatura mediante un gobierno del PSPV-PSOE y Compromís, apoyado parlamentariamente por Podemos, comparece dispuesta a revalidar su mayoría para profundizar, no solo en el giro social de unas políticas favorables a lo público, sino también para dar un paso adelante en el autogobierno. Un paso que se concreta en la reforma del actual sistema de financiación autonómica, gravemente injusto para los valencianos, la conquista de un papel equiparable al del resto de nacionalidades históricas en materia de inversiones del Estado y la condonación de una parte de la deuda pública, que crece sin parar porque hay un déficit estructural de más de mil millones anuales derivado precisamente de la infrafinanciación.

Es verdad que, sobre el papel y por lo que se ha proclamado en campaña, estos últimos objetivos son compartidos también por el PP y, en parte, por Ciudadanos (que tiene a todo el mundo confuso con el asunto de la deuda histórica y que no votó en el Congreso a favor de la reforma del Estatut que blinda las inversiones). Ahora bien, si el Gobierno de España o el del Consell, o ambos a la vez, acaban dependiendo de la extrema derecha, ese escenario será imposible.

Un escenario que aspira a construir la izquierda con una nueva mayoría en las Corts Valencianes y un nuevo mandato en el Consell. Pero la correlación de fuerzas que hizo posible el “mestizaje” (reparto de departamentos entre socialistas y Compromís, y también de cargos en el interior de cada conselleria) está sometida a tensiones de efecto incierto. Una de las claves de la normalidad que el Pacto del Botánico ha dado al Gobierno valenciano (capaz de aprobar en tiempo y forma todos sus presupuestos y de no hacer en cuatro años más cambios que el que generó la marcha de Carmen Montón al Ministerio de Sanidad), ha sido la sintonía entre el presidente Ximo Puig y la vicepresidenta Mónica Oltra.

Esa sintonía, como todas las relaciones políticas, tuvo altos y bajos pero se ha mantenido hasta el episodio del adelanto electoral, cuando se evidenció una ruptura. La propia Oltra ha querido quitar hierro al asunto hasta el extremo de difundir el último día de pleno en redes sociales un selfie de todos los miembros del Consell sonrientes, aunque no dejó tampoco de expresar con claridad sus aspiraciones en el acto de cierre de campaña, en el que Compromís proyectó sobre la mismísima fachada del Palau de la Generalitat la imagen de la líder de los valencianistas y la palabra “presidenta”.

Por su parte, Ximo Puig apostó por adelantar las elecciones autonómicas para hacerlas coincidir con las generales apoyado en el argumento de que permitiría visibilizar la campaña a la Generalitat Valenciana. Era un argumento tras el que se escondía el cálculo partidista de aprovechar el tirón electoral de Pedro Sánchez en las generales. Sus socios de Compromís hicieron evidente el descontento ante una coyuntura que devaluaba sus posibilidades, dado que son una formación de ámbito autonómico, y cuyos efectos solo se conocerán con el escrutinio.

El cierre de campaña en Valencia de los principales líderes, Casado por la mañana y Rivera y Sánchez por la tarde, ha sido quizás el único aspecto en el que la “visibilidad” valenciana, propiciada por el hecho de que se celebran unas elecciones autonómicas además de las generales, se ha notado. En el mitin de cierre del PSOE, Ximo Puig expresó con toda claridad sus objetivos. “La solución al problema valenciano es alinear a dos gobiernos socialistas, en la Comunitat Valenciana y en España”, proclamó al lado de Pedro Sánchez. El drama vendrá si la maniobra no tiene éxito porque se produce otro alineamiento o triunfa la asimetría.

Además, la suerte de la izquierda valenciana depende, en buena medida, de que la tercera pata del Pacto del Botánico, Podemos, que ahora concurre como Unides Podem junto a Esquerra Unida del País Valencià, sea capaz de detener la sangría que hasta el inicio de la campaña reflejaban los sondeos. Si los dirigentes del PSPV-PSOE y Compromís permanecen en sus puestos y dan imagen de estabilidad, Podemos ha cambiado, en contraste, de secretario general y de portavoz parlamentario desde que se firmó en 2015 el famoso acuerdo en el Jardín Botánico de Valencia. En una última pirueta, también ha cambiado de candidato. Ese itinerario de Antonio Montiel a Rubén Martínez Dalmau, pasando por Antonio Estañ, refleja la incomodidad del socio parlamentario de ese tripartito de progreso.

Es verdad que al cierre de la campaña las sensaciones eran mejores que al inicio en la formación morada. Pero lo han de confirmar la urnas. Así como en la derecha no habrá alternativa sin Vox, en la izquierda (aunque algún sondeo ha apuntado la posibilidad de una mayoría parlamentaria en la que socialistas y valencianistas bastarían) sería insólito que no resultara imprescindible Unides Podem-EUPV. La diferencia es que los de Pablo Iglesias y Alberto Garzón empujan hacia adelante y la extrema derecha de Santiago Abascal clama contra 40 años de democracia para dar tantos pasos atrás como sea posible.

stats