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Parte de la memoria de la Generalitat en peligro: la Universitat alerta del bloqueo en la investigación de la represión franquista

El Arxiu del Regne de València en la Alameda

Los investigadores de la represión franquista de posguerra que necesitan consultar los expedientes penitenciarios en el Arxiu del Regne de Valencia rezan para encontrarlos porque no están todos. Una cantidad indeterminada aún se conserva en la prisión de Picassent. El Tribunal Superior de Justicia también alberga algunos expedientes del Tribunal de Responsabilidades Políticas que, en principio, deberían estar catalogados en el Arxiu del Regne en su totalidad. 

Si el investigador no tiene suerte y los papeles que busca no se encuentran en el edificio de la Alameda, empieza una “carrera de obstáculos”, según denuncia un informe del Aula d'Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València al que ha tenido acceso este diario. 

El Aula d'Història i Memòria Democràtica, que agrupa a los más prestigiosos investigadores de la represión franquista, advierte a la Generalitat sobre la “situación caótica que de no afrontarse puede tener consecuencias irreversibles para el estudio del periodo”. Los investigadores constatan una “serie de problemas y carencias que resultan llamativas, si tenemos en cuenta los años transcurridos desde el final de la dictadura”.

El informe alude también al “enorme espacio en blanco” que supone no saber “qué hay exactamente en expurgo judicial o qué se guarda sobre el funcionamiento de las cárceles franquistas en la prisión de Picassent, así como qué es lo que se conserva en los archivos” que no está a disposición del público.

Según apuntan los investigadores, entre 2011 y 2015 la mayor parte de los expedientes penitenciarios de la posguerra fueron trasladados desde la cárcel de Picassent -donde la humedad y algunas inundaciones dejaron “inservibles un buen número de ellos”- al Arxiu del Regne. Sin embargo, aún hoy en día permanece en la prisión otra documentación “imprescindible para aproximarnos al mundo carcelario y a las condiciones de vida dentro de estos espacios”. Según critica el informe de la UV, en el Arxiu del Regne “no se ha realizado ningún tipo de ordenación, criba o catalogación de esta documentación ni parece que vaya a realizarse”. 

El Arxiu del Regne conserva 61 cajas con documentación sobre el Tribunal de Responsabilidades Políticas, un ámbito represivo paralelo a la jurisdicción militar franquista, pero es probable que no incluyan “ni la mitad” de los expedientes. La documentación que falta se encuentra dispersa en el Tribunal Superior de Justicia, en el expurgo judicial de Riba-Roja o en diferentes archivos municipales. “No podemos aventurar una cantidad ni siquiera aproximada”, advierten los investigadores. 

En cuanto a la documentación que sí que está salvaguardada en los distintos archivos públicos de la Generalitat, el informe también constata “catalogaciones con graves errores históricos en sus inventarios y/o en desorden”. Según denuncia, no existe una “unidad de criterio en cuanto a las medidas a adoptar sobre su preservación, catalogación y acceso público”. 

En otros casos, los investigadores deberán acudir al Archivo General e Histórico de Defensa de Madrid si quieren consultar los sumarios militares. Según explica el informe, esta documentación fue trasladada en 2009 en régimen de depósito “después de varias décadas en las que sufrió catástrofes naturales y malas condiciones de conservación en instalaciones de diverso tipo”. “A ello se unieron traslados e incluso manipulaciones indebidas que contribuyeron a su actual estado y desorganización del fondo”, añade.

La riuà de 1957 afectó gravemente a parte de los sumarios que “todavía se encuentran sin restaurar y en muchos casos debe admitirse que seguramente serán irreparables”. La titularidad de estos documentos, imprescindibles para la investigación de la represión franquista de la posguerra, es del Ministerio de Defensa pero el informe pide que el Consell “solicite oficialmente la correcta conservación, catalogación, digitalización y devolución de estos fondos a Valencia”.   

Las propuestas que contempla el informe implican a varios departamentos de la Generalitat Valenciana. La competencia sobre los archivos públicos corresponde a la Dirección General de Cultura y Patrimonio que dirige la socialista Carmen Amoraga. La Conselleria de Justicia elaboró la Ley de Memoria Democrática Valenciana, aprobada en 2017, que adjudica la responsabilidad sobre los fondos de la represión franquista a la Generalitat Valenciana. “Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para la protección, integridad, descripción, identificación y difusión de los documentos de la memoria democrática valenciana, en particular en los casos de mayor deterioro o riesgo de degradación, protegiéndolos especialmente frente la sustracción, destrucción u ocultación”, apunta el artículo 18 de la citada ley.

Además, la ley también prevé, en un plazo máximo de un año, la constitución de una comisión técnica, cuyas conclusiones serán públicas, para investigar la “desaparición de fondos documentales públicos en la Comunitat Valenciana durante el período de memoria democrática”. Según explican fuentes de la Conselleria de Justicia, el pasado enero se constituyó esta comisión técnica. 

Por su parte, fuentes de la Dirección General de Cultura y Patrimonio aseguran que no tienen constancia del informe y, por tanto, “no ha podido ser estudiado ni evaluado” aunque recuerdan que la Conselleria otorga todos los años un contrato para la digitalización de documentos de los archivos dependientes de la Generalitat que en 2019 fue de 211.556 euros. 

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