Igualdad ordenó a los centros de menores informar a Fiscalía de sospechas de abusos después de los casos de Segorbe y Valencia

La dirección territorial de Igualdad envió una instrucción que ordena a los centros de menores que en caso de sospecha de abusos se informe inmediatamente a la Fiscalía de Menores y a la propia dirección territorial en septiembre de 2017. La orden se envió como consecuencia de un caso de abuso de menores que se está juzgando en Valencia y poco después del presunto caso de abusos en otro centro de Segorbe.

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha explicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que su departamento ordenó enviar por escrito estas instrucciones porque “no había un protocolo que dijera eso con la claridad con la que se dijo” en 2017. Se da la cirscunstancia de que la persona acusada de abusos a una menor en Valencia es el exmarido de la portavoz. Los hechos se produjeron cuando ya estaban separados.

Oltra ha recordado que en el caso de Segorbe no fue el centro de menores el que puso en conocimiento de conselleria los supuestos abusos, sino que fue la menor quien habló de ello a su profesora y ésta quien lo comunicó a la dirección territorial de Castellón.

En el caso del centro valenciano, actualmente en juicio, el centro activó el protocolo, apartó al trabajador y comunicó a conselleria las sospechas de abuso, según ha relatado la portavoz del Consell. La dirección territorial envió a una psicóloga a evaluar la situación de la menor y la conselleria ordenó el traslado de la menor a otro centro a petición de la Fiscalía. “Ha habido colaboración con la Fiscalía de Menores en todo momento y entiendo que el ministerio fiscal la ha protegido en todo momento. En cuanto a que la presunta víctima llegue esposada, no es competencia de la Generalitat, pero comparto lo que dijo la magistrada durante el juicio de este extremo”, ha respondido ha preguntas de los periodistas.

La consellera, interpelada por si el trabajador puede ser apartado, ha explicado que el departamento no tiene instrumentos legales -al ser un centro privatizado- y que, en caso de ser un centro público, “tiene que ser con el consentimiento del trabajador, si la plaza la tiene en propiedad”.