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Un juez anula la condena impuesta a un capitán del Ejército republicano por un consejo de guerra franquista en 1940

Monumento dedicado a Archibald Dickson, capitán del buque Stanbrook, en el puerto de Alicante.

Lucas Marco

València —

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El titular del Juzgado de Primera instancia número 6 de Alicante ha declarado el “carácter ilegal y nulo” de la condena y las sanciones impuestas a un capitán del Ejército republicano por un Consejo de Guerra del régimen franquista en 1940. El hijo del militar presentó un expediente de jurisdicción voluntaria, un instrumento procesal “para garantizar el derecho a la justicia en relación a las violaciones de derechos humanos producidas durante la Guerra y la Dictadura” previsto en la Ley de Memoria Democrática. La normativa incluye como víctimas a las personas depuradas o represaliadas profesionalmente “por ejercer cargos o empleos públicos durante la Segunda República”.

El auto del juez considera acreditado el “derecho legítimo” a que se reconozca y declare el “carácter ilegal y nulo” de la la condena y de la sanción impuesta al militar. El hombre ascendió a capitán tras el curso de ascenso en la Academia Especial del Cuerpo de Benicàssim, el 1 de marzo de 1938, un año antes de la finalización de la Guerra Civil.

El 31 de marzo de 1939 fue detenido en Alicante, punto de encuentro de numerosos republicanos, tanto civiles como militares, una vez cayeron todos los frentes tras la entrada de las tropas franquistas en València.

El Puerto de Alicante se convirtió en la última esperanza para huir al exilio y en una trampa. Archibald Dickson, el oficial del buque 'Stanbrook', logró salvar a 2.600 republicanos. Sin embargo, miles de vencidos fueron internados en campos de concentración cercanos a la ciudad antes de ser trasladados a otras cárceles de la España de posguerra.

El juez ha analizado la documentación relativa al capitán represaliado. El Consejo de Guerra, por un delito de auxilio a la rebelión, condenó al militar a 20 años de reclusión menor. La sentencia, dictada en Alicante el 13 de septiembre de 1940, justificó la condena en su captura en el puerto de Alicante con la intención de huir al extranjero y en la “ayuda que el procesado de manera no continua prestó a la causa roja”.

El hijo del militar, sin embargo, aseguraba que su padre “no tenía ideología”. El capitán fue degradado de su empleo (a suboficial). Sus ascensos a alférez, teniente y capitán le fueron negados por la dictadura franquista.

El Ministerio Fiscal se pronunció a favor de la concesión de la declaración judicial solicitada por el promotor del expediente, lo que conlleva la anulación de la condena y el reconocimiento de los cargos que ostentaba durante la República. 

Reconocimiento de la graduación

El auto del juez acuerda el reconocimiento de la graduación como oficial del Cuerpo de Seguridad y Asalto en la escala de oficiales con el empleo de capitán que ostentaba en el momento de la condena.

La Ley de Memoria Democrática tiene como finalidad garantizar el derecho a la justicia en relación a las violaciones de derechos humanos producidas durante la Guerra Civil y la Dictadura, así como procurar una reparación y un reconocimiento personal a quienes padecieron esa persecución.

El magistrado entiende que, en este caso, concurren todos los requisitos para acceder a la petición cursada por un hijo del militar represaliado y declarar el carácter ilegal y nulo tanto de la condena como de la sanción impuesta a su padre.

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