El número dos de Alfonso Rus, acusado de estafa por hipotecar parcelas ya vendidas, se escuda en los técnicos: “No soy jurista”

“No soy jurista ni economista”. Así se ha escudado Juan José Medina, exalcalde del PP de Montcada y mano derecha de Alfonso Rus en la Diputación de Valencia, en el juicio en el que está acusado por los presuntos delitos de estafa y prevaricación por la hipoteca de seis parcelas que habían sido previamente vendidas por parte de una empresa pública municipal. Medina está pendiente de la sentencia por el juicio de la pieza J del 'caso Taula' en el que la Fiscalía Anticorrupción solicita para él una pena de cinco años de cárcel. En el último juicio en el que el exalcalde popular se ha sentado en el banquillo de los acusados, el Ministerio Fiscal le pide cuatro años y medio de cárcel.

Junto a Medina, también han sido juzgados el gerente de la mercantil Promoción Económica de Montcada SA (PEMSA), José Ignacio Orero Lillo, y el exconcejal de Hacienda Miguel Gallego, propietario de la firma de comunicación a la que el expresidente Francisco Camps encomendó su lavado de imagen pública. El Ministerio Público considera que los tres acusados son autores de los presuntos delito de estafa y prevaricación al haber ofrecido como garantía en un préstamo hipotecario con Bankia, firmado el 3 de diciembre del 2013 por un valor de 1,8 millones de euros, seis parcelas vendidas entre 2010 y 2012 a empresarios mediante contratos privados.  

Medina ha alegado ante los magistrados de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia que los técnicos municipales, especialmente la secretaria y la interventora, no pusieron reparo alguno a la hipoteca. “No sólo conocía yo las ventas sino los servicios jurídicos del ayuntamiento”, ha declarado el exprimer edil, que también ha asegurado que Bankia era “sabedor de todo”.

Medina ha dicho que en “ningún momento” vio incompatibilidad entre la hipoteca y la venta previa de las seis parcelas, destinadas a crear un polígono industrial. “Mis conocimientos jurídicos no llegaban para saber si había incompatibilidad”, ha agregado. El exalcalde popular de Montcada también ha señalado que la mercantil pública “tenía muchos frentes” abiertos, especialmente la delicada situación del Centro Especial de Empleo, dependiente de PEMSA, que no pagaba los “sueldos a los discapacitados”. La empresa municipal se encuentra actualmente en concurso de acreedores.

El acusado también ha declarado que el expediente estaba a disposición de la oposición, aunque la actual alcaldesa del PSPV-PSOE, Amparo Orts, que ha comparecido como testigo, ha asegurado que el grupo municipal socialista presentó incluso “una denuncia por derechos fundamentales” al no haber obtenido la información sobre la situación de las seis parcelas.

La versión del acusado es diametralmente opuesta: “El Partido Socialista tenía la información, otra cosa es que políticamente no les interesara”. La nueva corporación municipal, surgida de las elecciones del 2015 que desbancaron al PP, se querelló contra Medina tras haber auditado la mercantil pública a consecuencia de las quejas formuladas por uno de los empresarios que compró una de las parcelas.

Varios de los perjudicados han coincidido en afirmar que confiaron en la operación de compra venta porque la firma PEMSA era propiedad del Ayuntamiento de Montcada. “Cumplí con mi deber, los demás no cumplieron para nada, lo único que me preocupa es recoger mi dinero”, ha declarado el empresario J. M. A., que abonó 750.000 euros. Ninguno de los afectados, según han declarado, era conocedor de que las parcelas fueron hipotecadas tras el contrato de compra venta. F. G. B. ha asegurado que se enteró de que la parcela que había adquirido se había hipotecado cuando fue citado a declarar ante el juez instructor.

Una operación “de guante blanco”

José Ignacio Orero, gerente de la empresa municipal, ha explicado que los contratos de compra venta estipulaban tres fases de pago: un compromiso de pago inicial, un segundo abono cuando se urbanizara la parcela y el último al elevar a escritura pública. Orero ha declarado que el proyecto era “un tema positivo”, incluso de “guante blanco”. “Bankia era conocedora perfectamente de estas operaciones privadas”, ha señalado en referencia a la entidad en la que se hipotecaron las parcelas.

El acusado ha asegurado que sin el concurso de acreedores “no hubiese pasado absolutamente nada” y ha insistido en que “en ningún momento se ha intentado ocultar nada a nadie”. El tercer acusado, el entonces concejal de Hacienda Miguel Gallego, ha declarado que se “dedicaba especialmente” al Centro Especial de Empleo y que no tenía acceso a las cuentas de PEMSA. También ha alegado que los informes de la secretaria y de la interventora eran favorables a la operación.

Al presidente del tribunal, el magistrado Pedro Castellano, le ha sorprendido la poca implicación en la firma pública que ha descrito el exedil y le ha preguntado quién tomaba las decisiones. Gallego ha asegurado que el gerente, sentado a su lado en el banquillo de los acusados, tenía “todas las atribuciones” y daba cuenta “del día a día” al consejo de administración. El tribunal ha suspendido la sesión del juicio oral hasta este próximo miércoles, cuando las partes expondrán sus conclusiones.