Ofertas de 40.000 euros y 'casting' a refugiados pobres: así fue el intento de comprar un hígado para un millonario

“Lo que se pretende lógicamente es evitar cualquier tipo de intento de aprovecharse de personas en situación de vulnerabilidad y que puedan tener la tentación, a cambio de dinero, de ser donante de órganos o, en este caso, de parte de órganos”. Así resume el fiscal Jaime Gil el trasfondo del juicio que ha empezado este lunes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia contra cinco acusados libaneses que intentaron conseguir un hígado para Hatem Akkouche, un acaudalado alcalde del país de los cedros que sufría una enfermedad hepática. “La legislación es muy garantista y precisamente no hay muchos casos como este”, afirma el fiscal.

Los cinco acusados alcanzaron un pacto de conformidad por el que reconocían los hechos y asumían penas inferiores a los dos años de prisión que evitaba su entrada en prisión. La Organización Nacional de Trasplantes (ONT), el organismo público dependiente del Ministerio de Sanidad encargado de desarrollar las funciones relacionadas con la obtención y utilización clínica de órganos, tejidos y células, fue expulsada del procedimiento por la Audiencia de Valencia al considerar que no era perjudicada. La decisión propició el pacto de conformidad con el Ministerio Fiscal. Sin embargo, tras un recurso de la Abogacía del Estado, que representa a la ONT, el Tribunal Supremo obligó a repetir el juicio con el organismo público como acusación.

En esta nueva vista, la Fiscalía pide siete años de prisión a los familiares por el presunto delito de promoción, favorecimiento o facilitación de trasplante ilegal de órganos humanos ajenos. Para Hatem Akkouche solicita tres años de cárcel por un presunto delito de promoción, favorecimiento o facilitación de trasplante ilegal de órganos humanos ajenos, como principal receptor, con conocimiento del origen ilícito. A pesar de que ni el Ministerio Público ni la ONT piden responsabilidad civil alguna, las defensas de cuatro de los cinco acusados han presentado documentación ante notario que acredita una donación al organismo dependiente del Ministerio de Sanidad por un monto total de 30.000 euros. El fiscal considera que se trata de una “circunstancia totalmente extraña” y “ajena al proceso”.

Un enfermero, el enlace

Entre abril y mayo del 2013, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hermanos y sobrinos del alcalde libanés actuaron de enlaces con el enfermo que supuestamente pretendía aprovechar el “prestigio de las cirugías de trasplante en España” para operarse. Dos de los familiares, el administrador único y el apoderado de una empresa en Novelda (Alicante), ayudados por un conocido, “idearon un plan para lograr” el trasplante con un “evidente quebranto de la legislación española” sobre donación de órganos entre personas vivas, según la acusación pública. Todo ello a pesar de que fueron “escrupulosamente informados” sobre la normativa española por parte de las autoridades sanitarias, concretamente por médicos del Hospital Universitario de Pamplona y del Hospital Clínico de Barcelona.

Los acusados empezaron a “reclutar posibles donantes” contactando con “personas sin recursos o en situación de necesidad económica” para que accedieran a donar su hígado a cambio de una recompensa. En la clínica Quirón de Valencia, un centro privado, se realizaron analíticas completas, resonancias magnéticas y TAC abdominales a ocho pacientes para confirmar si eran aptos para una donación de hígado. Los candidatos eran “personas especialmente vulnerables tanto por su procedencia como por su penuria económica”, destaca el escrito de la Fiscalía.

El hermano del millonario libanés pagó 12.000 euros por las pruebas con la tarjeta bancaria de la empresa de la que es administrador único. A una mujer le ofrecieron 40.000 euros “por un trozo de su hígado” aunque al final prefirieron que el donante fuera un varón (eso sí, en agradecimiento le ofrecieron un “matrimonio de conveniencia con un libio por 10.000 euros”).

Otro de los candidatos “se hizo pasar por un amigo de un amigo del receptor” y aseguró que donaría su hígado de forma altruista. Sin embargo, no consiguió el aval de los comités de ética de los hospitales de Pamplona y Barcelona ni la necesaria autorización judicial. En el Hospital Clínico de la ciudad condal no se creyeron su carácter altruista dado que se trataba de una persona “de nacionalidad rumana que ni hablaba la lengua del receptor ni tenía la misma nacionalidad ni religión y no parecía con ningún vínculo que justificara su consentimiento desinteresado”, relata la Fiscalía.

La responsable de una ONG destapó el caso

Los acusados también contactaron con una refugiada sin trabajo a la que realizaron las pruebas, desechando esa posibilidad al detectar que estaba embarazada. A otro de los candidatos tanteados le ofrecieron traer a España a sus hijos y un “gran regalo”. El último de los posibles donantes se negó a someterse a la operación al enterarse del riesgo de la intervención.

Tras el 'casting', la donación del órgano se resolvió de manera sencilla. Si bien en Líbano se había concluido que el hígado del hijo del millonario era demasiado pequeño para ser donante, las pruebas en el Hospital Clínico de Barcelona determinaron que el trasplante era posible. La operación se llevó a cabo el 26 de agosto del 2013. Una responsable de una ONG que atiende a personas migrantes alertó del intento de compraventa de órganos a la Policía Nacional, que detuvo a los cinco acusados.

La defensa del alcalde libanés ha pedido la libre absolución del hombre o 18 meses de cárcel como calificación alternativa. Además, también ha planteado la eximente del parentesco y las dilaciones indebidas. Hatem Akkouche, según ha explicado su abogado, ha donado 7.500 euros a la ONT, que ejerce la acusación y no solicita responsabilidad civil alguna, como muestra de su “firme voluntad de reparar el daño causado, si se ha podido causar”. Aunque mantiene la “inocencia absoluta” del político libanés.

El tribunal ha aceptado que los acusados declaren en la última sesión, tras los testimonios de los testigos y ha suspendido la sesión de este lunes, centrada en las cuestiones previas y que ha contado con una traductora para algunos de los acusados.

El fiscal ha señalado que se trata de un delito perseguible de oficio y recordado que es el segundo caso similar en España en materia de trasplante de órganos. “Cuando se trata de donaciones 'inter vivos' tienen que ser de carácter altruista y con consentimiento libre de la persona que dona”, ha dicho el fiscal Jaime Gil en declaraciones a los medios de comunicación.