Antifraude enseña a los ayuntamientos a implementar un buzón de denuncias de corrupción

La Agencia de Prevención y lucha contra el fraude valenciana trabaja con diversos ayuntamientos para ayudarles a implementar sus canales propios de denuncia. El organismo dirigido por Joan Llinares ultima una serie de actuaciones con consistorios como el de Valencia y la Diputación de Castellón para adaptar sus sistemas a la directiva europea antifraude, que el Gobierno tiene pendiente de aplicar. El Ejecutivo aprobó el pasado marzo el anteproyecto de ley, pero los plazos parlamentarios la abocan a varios meses de espera y requiere la modificación del Código Penal y varias leyes.

En 2019 el Parlamento Europeo aprobó una directiva para los filtradores (whistleblowers) que incorpora la obligación de establecer canales de denuncia en las corporaciones municipales. El texto habla de mecanismos para ayudar a la denuncia de manera interna o externa sin sufrir represalias y con garantía de protección y anonimato.

Mientras el Ejecutivo trabaja en la trasposición de la directiva europea, administraciones autonómicas y locales se han ido adelantando aprobando normas propias en la misma línea. En el caso valenciano, los técnicos del organismo creado por ley en 2017 trabajan con varios municipios para transferir la tecnología empelada para facilitar las denuncias administrativas. Así, Antifraude colabora con entidades locales para crear un buzón de denuncias para que los trabajadores o personas que detecta una irregularidad puedan trasladarlo a la propia administración. En caso de que la respuesta no sea satisfactoria, pueden volver a recurrir al organismo autonómico.

“Tenemos un compromiso general en buena parte de las administraciones”, destaca Llinares en conversación con elDiario.es. El abogado, director del organismo desde 2017, sostiene que hay un cambio en la cultura de la corrupción, aunque reclama al Gobierno y al Parlamento una normativa que proteja a los denunciantes.

El sistema informático utiliza la arquitectura open source y permite adjuntar documentos y otras informaciones para dar verosimilitud a las denuncias anónimas. Es este punto el que mayor trabajo genera, dado que los trabajadores necesitan un sistema que no pueda ser hackeado y asegurar la protección de los denunciantes que prefieren no identificarse mientras se mantiene el contacto con la Agencia. La interacción con los denunciantes resulta fundamental para el tratamiento de cada caso y la verificación de la información, aseguran los responsables.

Los canales de denuncia que la Agencia implementará con los municipios se destinan a investigar posibles casos de uso o destino irregular de fondos públicos y de conductas opuestas a la integridad o contrarias a los principios de objetividad, eficacia y sumisión plena a la ley y al derecho. Ello incluye, cita el organismo, la alerta con relación a “conductas del personal al servicio de las entidades públicas que comporten el uso o abuso en beneficio privado de informaciones que tengan por razón de sus funciones” o que tengan o puedan tener como resultado el uso o el destino irregular de fondos públicos o de cualquier otro aprovechamiento contrario al ordenamiento jurídico.

El buzón advierte que “se aplican criterios estrictos para admitir las comunicaciones con la exigencia de responsabilidad civil, penal o administrativa de personas que comuniquen hechos con abuso de derecho o vulnerando el principio de buena fe”, es decir, las denuncias falsas.