El dilema sobre cómo gravar las viviendas vacías: la Generalitat debate un impuesto autonómico o un recargo municipal en el IBI

El Gobierno valenciano se ha marcado el objetivo de movilizar y sacar al mercado las viviendas vacías que hay en la Comunitat Valenciana. El vicepresidente segundo de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau, expresó en una entrevista con elDiario.es que su intención al frente de la Conselleria de Vivienda era sacar al mercado 20.000 viviendas vacías de entidades bancarias y grandes propietarios para bajar los precios del alquiler. Según diversos estudios, la Comunitat Valenciana es la autonomía en la que más han crecido los precios de alquiler por metro cuadrado en los últimos cinco años. El Síndic de Greuges estima en 7.000 los hogares en situación de pobreza y el Observatorio de la Juventud señala que el 72% de los jóvenes valencianos no puede emanciparse y un alquiler en solitario implica el 70% de los ingresos de un menor de 30 años.

El departamento que dirige el vicepresidente de Unides Podem trabaja en un decreto para crear un portal inmobiliario público y sancionar a los grandes tenedores -de 10 o más viviendas- que tengan casas vacías y no las saquen al mercado a precios asequibles. “Trabajamos en la creación de un portal inmobiliario de alquiler social donde las viviendas vacías tengan que estar presentes y se pongan a disposición de quienes requieran un alquiler. Deben ser alquileres sociales o en el marco de la competitividad; si la vivienda continúa vacía pese a ser declarada desocupada, tendremos que incorporar mecanismos sancionatorios como multas para que las viviendas finalmente salgan al mercado y puedan ser habitadas”, expresó entonces Dalmau.

La conselleria espera tener el decreto listo entre junio y julio para desarrollar varios aspectos de la Ley de Función Social de la Vivienda. En concreto, se pone el foco sobre la definición de “vivienda deshabitada de gran tenedor”, el concepto sancionable, -más de 10 viviendas vacías durante al menos un año de forma ininterrumpida-, sobre el proceso de declaración de vivienda vacía, el registro de viviendas vacías de grandes tenedores, las medidas a adoptar para fomentar la movilización de viviendas en el mercado de alquiler y el régimen sancionador que prevé la norma aprobada por la anterior consellera, la socialista Maria José Salvador.

La norma, indica Hacienda, prevé un impuesto que no tiene finalidad recaudatoria, sino de hacer aflorar la vivienda vacía y la recaudación se destinará a políticas de vivienda social. El impuesto está vinculado a la Ley de Función Social de la Vivienda y, una vez se apruebe el registro de grandes tenedores, los propietarios de las viviendas que estén en ese registro cada 31 de diciembre serán los que deberán abonar el impuesto. El gravamen comenzaría a aplicarse en 2022 y su base imponible estará entre los 7 y los 22 euros por metro cuadrado.

Sin embargo, en Hacienda aún debaten cuál es la mejor fórmula para aplicar el gravamen, dado que existen otros impuestos como el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) que recaen sobre los ayuntamientos y se amparan en una normativa estatal, con mayor rango que la autonómica. En València, el consistorio de Joan Ribó plantea aplicar un recargo del 30% en el IBI de los grandes tenedores -con la misma definición que dé el decreto de Vivienda de la Generalitat- cuando la conselleria apruebe la norma y el registro. La comisión de Hacienda encargada de la cuestión aún no tiene un criterio unánime sobre si debería aplicarse un recargo en el IBI en las administraciones locales o un impuesto autonómico, pero ambas administraciones confían en llegar a un acuerdo para evitar una doble imposición.

Bonificaciones fiscales y registro de alquiler

En las últimas semanas, PSOE y Unidas Podemos se han enzarzado por las políticas de vivienda, siendo que, además de compartir gobierno, a nivel autonómico han llevado una filosofía similar: ayudas al alquiler y aumento de la oferta mediante incentivos fiscales a quienes apliquen precios justos y sanciones a quienes acaparen viviendas vacías. En ambos casos, la política es la de aumentar la oferta para que el mercado baje los precios, no limitarlos.

La ley de Función Social de la Vivienda, primer proyecto del Gobierno valenciano, desarrolló el Observatorio del Hábitat, que a su vez creaba un índice de referencia de precios de alquiler para detectar las zonas tensionadas -con precios elevados- en la Comunitat Valenciana. La herramienta “sirve de guía”, según expresó Ximo Puig en la sesión de control del jueves, para orientar las políticas de vivienda y establece una serie de bonificaciones fiscales -deducciones de IRPF- para los propietarios que alquilen un hogar a precio asequible, un modelo similar al que impulsa José Luis Ábalos desde el Gobierno central. En la última declaración de la renta, cerca de 1.500 familias se acogieron a las deducciones por alquilar viviendas conforme a lo establecido en el índice de precios. En otras palabras; 1.500 familias han podido alquilar una casa con los precios de referencia.