Un informe sobre pobreza y vivienda considera que “las medidas deben orientarse a complementar los ingresos de los hogares y no a tratar de controlar los precios de las viviendas”

La vivienda pública es una parte de las políticas de vivienda necesarias para resolver los problemas de pobreza y una herramienta para garantizar el derecho a un hogar digno. Naciones Unidas considera que “la vivienda es una responsabilidad pública, de forma que existe un derecho reconocido de acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos”. Esta valoración se recoge en un informe de la Cátedra Prospect Comunitat Valenciana 2030, un laboratorio de ideas promovido desde Presidencia de la Generalitat Valenciana y adscrito a la Universitat de València, que centra sus investigaciones en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Uno de sus últimos trabajos analiza los niveles de pobreza en la Comunitat Valenciana y la situación del mercado de vivienda, dos aspectos que se relacionan estrechamente. El trabajo, a cargo de Paloma Taltavull, Francisco Juárez y Antonio Escudero, investigadores de la Universidad de Alicante, alerta de que “la caída en la edificación posterior a la crisis financiera está dificultando la generación de un nuevo stock de vivienda social, a pesar de que las necesidades han vuelto a emerger”. Los investigadores consideran que “la efectividad de la política de asignación de vivienda social no depende del volumen total de viviendas en la cartera (las que se dice que tienen los países) sino de la rotación de los hogares en estas viviendas”, una rotación que es “generalmente muy baja” en los países europeos. “El uso de viviendas sociales públicas como medida de política es una herramienta con una efectividad limitada al volumen de unidades en el stock del sector público”, expresan, lo que puede verse como un handicap para los Ejecutivos que se centran en la construcción: el stock acaba, la demanda no.

El estudio recoge que la política española ha impulsado la construcción de casi el 35% del parque actual en forma de viviendas con algún apoyo público, gestionando su asignación en propiedad, casi de forma masiva hasta el presente siglo. “Al transmitirse en propiedad sin restricciones, las viviendas que fueron alguna vez públicas devienen en privadas cuando se cumplen las condiciones de provisión -entre 15 y 30 años-”, una de las razones que explican las diferencias en la cantidad de viviendas disponibles en España y otros países europeos.

En la Comunitat Valenciana, según estimaciones -con datos de la Generalitat cruzados con el censo-, existirían alrededor de 66 mil unidades, gestionadas por distintas administraciones públicas. De esta cifra, las viviendas vacías suponen un 3,2% del total de ese grupo de viviendas, que se concentran en una mayor proporción en las capitales de provincia y comarca, una cifra que muestra, “inicialmente, que la disponibilidad de unidades para una intervención en el mercado es muy pequeña”.

En total, las unidades vacías con las que cuentan las instituciones públicas para llevar a cabo la política de viviendas eran en 2018 alrededor de 2000 unidades para toda la Comunitat Valenciana, cifra que se duplica si se tiene en cuenta las viviendas ocupadas ilegalmente, señalan los investigadores. “La movilización y la recuperación de las viviendas vacías, de las ocupadas ilegalmente y la rehabilitación de las unidades en mal estado, retornaría un stock de viviendas públicas de casi un 9% del total de unidades de este grupo a la gestión pública”, unos cálculos que llevan a entre 3.300 y 3.500 viviendas disponibles.

Los investigadores, que analizan la renta de los hogares, la brecha entre ricos y pobres y la pobreza por tipo de hogar, consideran que las políticas para paliarla deberían centrarse más en el aumento de ingresos que en el control de los precios de mercado, en una autonomía con una tasa de pobreza del 22,5%, dos puntos por encima de la media española. “Las medidas deben orientarse a complementar los ingresos (o crear empleo mejor) de los hogares y no a tratar de controlar los precios de las viviendas, ni siquiera en el mercado de alquiler. Una intervención en el mercado de la vivienda controlando precios distorsionaría el mercado y podría segmentar la oferta existente hacia los hogares con mayor renta, empeorando la situación de los más pobres. Además, devaluaría el valor inmobiliario con efectos graves sobre la economía en su conjunto, al reducir su valor total”, consideran.

“Los hogares pobres acceden al mercado libre si no hay oferta adaptada a sus ingresos, y la construcción de vivienda social ha estado en mínimos o ha sido nula durante algo más de una década. La falta de oferta fuerza al acceso en el mercado de rentas libres. Hay que decir que los precios de alquiler en la Comunitat Valenciana están en línea con los de propiedad (no son excesivamente altos), pero los bajos ingresos generan, como resultado, que los hogares hagan esfuerzos de pago muy elevados”, expresan los autores. Respecto a la pandemia, estiman que pueda tener impacto sobre la pobreza en vivienda por pérdida de empleo, por lo que, concluyen, “el aumento del parque de viviendas social y una buena gestión del parque existentes, ayudaría a tener herramientas de intervención en el caso de que la recuperación de los sectores más afectados sea lenta”. 

Pobreza por hogares

Si se analiza por categoría de hogar, con referencia a cada una de ellas, del total de hogares menores de 30 años, el 27.5% son pobres, tasa mayor que en el resto de unipersonales, donde el 24.6% de los seniors son pobres y el 26% de aquellos entre 30 y 64 años. Pero el estudio destaca como especialmente grave la incidencia en los hogares monoparentales, de los cuales un 39% son pobres.

“El hecho de que sean los hogares monoparentales y los que tienen dos adultos con niños los que presentan tasas elevadas de este ratio muestra una realidad de pobreza infantil severa en la Comunitat Valenciana. Hogares adultos y senior unipersonales, como aquellos con más de dos adultos en el hogar, también afrontan tasas elevadas de housing stress. Solo los hogares senior con dos adultos parecen escapar del stress de pago de la vivienda, aunque con tasas de esfuerzo que superan un poco el 30% en el caso de los pobres”, señalan.