La política valenciana ante el espejo de la vivienda: más de 50 diputados y altos cargos tienen entre tres y ocho casas

La negativa del Congreso de los Diputados, con los votos de PP, Vox y Junts, a aprobar este pasado viernes los dos decretos de Vivienda presentados por el Gobierno tiene las calles de España ardiendo y puede acabar con la legislatura si Pedro Sánchez decide este lunes adelantar las elecciones generales. Tras el intento de desahucio de Maricarmen, la crisis de la vivienda ha mostrado su peor cara y ha levantado a cientos de miles de personas que ya apuntan a la política como responsable de su fallida resolución. ¿Quiénes están legislando en los Parlamentos? ¿Qué intereses representan los diputados y diputadas que deben regular este derecho? ¿Y los miembros de los Gobiernos que ejecutan las leyes?

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen competencias en materia de vivienda, aunque el Gobierno también tiene una importante responsabilidad, como se ha demostrado con el impulso de los decretos exprés. De hecho, son los consistorios los que deciden si sus ciudades luchan contra los apartamentos turísticos ilegales y las autonomías las que aplican la Ley de Vivienda. Así, ¿cuántas viviendas tienen los diputados y altos cargos valencianos? La política valenciana ante el espejo de la crisis de la vivienda.

Según dos investigaciones realizadas por elDiario.es a partir de los portales de Transparencia de la Generalitat y de Les Corts, más de 50 diputados y altos cargos declaran entre tres y ocho viviendas en propiedad. Es decir, alrededor del 20% de las personas que forman parte del Gobierno de Pérez Llorca —30 de 154— y aproximadamente una quinta parte de los legisladores de las Corts Valencianes —unos 20 diputados—.

Una quinta parte de Les Corts, con tres o más viviendas

El Parlamento valenciano cuenta con una veintena de diputados que declaran al menos tres viviendas. El grupo es transversal, aunque con una presencia mayoritaria de parlamentarios del PP: doce de los 20 casos, el 60%. Compromís y Vox suman tres casos cada uno y el PSPV, dos. La distribución debe interpretarse teniendo en cuenta el peso de cada formación en la Cámara, donde el PP es el grupo con más diputados y el PSPV, el segundo.

La declaración patrimonial tampoco equivale necesariamente a tener el 100% de cada vivienda. Hay parlamentarios que poseen inmuebles en régimen de copropiedad, otros que declaran porcentajes de propiedad y algunos que figuran como titulares de la nuda propiedad, una situación jurídica que no implica disponer del uso del inmueble.

Aun así, hay declaraciones especialmente extensas. Manuel Pérez Fenoll, del PP, declara el 50% de siete viviendas en Alicante, una de ellas con un valor catastral de 393.110,02 euros, además de otros nueve bienes bajo distintas fórmulas de titularidad. Javier Gutiérrez Martín, también del PP, declara nueve inmuebles, entre ellos seis viviendas en Alicante.

La diputada socialista Laura Soler Azorín declara cinco viviendas en Alicante, todas en pleno dominio. Alejo Font de Mora, del PP, declara una decena de inmuebles, entre ellos cuatro viviendas de las que posee el 100%, además de otras propiedades con participaciones del 50% y el 25%.

El caso de María de los Ángeles Criado González, de Vox, muestra además hasta qué punto estas fotografías pueden cambiar entre declaraciones. En 2023 declaraba siete viviendas en la Comunitat Valenciana —seis de ellas en propiedad plena—, mientras que en su declaración más reciente ya no aparece ninguna vivienda y figura una donación en metálico. Las declaraciones permiten constatar el cambio, pero no explican por sí mismas sus motivos.

También aparecen casos de multipropiedad en Compromís. Joan Baldoví declara cuatro viviendas en Valencia, todas compartidas, mientras que Paula Espinosa declara tres viviendas en Valencia y Albacete, en régimen de nuda propiedad, además de otros inmuebles. En el PSPV, María Luisa Navarro declara tres viviendas en Alicante, todas con una participación del 50%.

El mismo patrón se repite en el Consell

La fotografía de los altos cargos de la Generalitat presenta una dimensión similar. De los 154 miembros del Ejecutivo analizados, 30 declaran tres o más viviendas, lo que supone cerca de uno de cada cinco. Si se incorporan garajes, locales, fincas rústicas y otros inmuebles urbanos, el volumen patrimonial declarado aumenta considerablemente.

En la parte superior de esta relación aparece la secretaria autonómica de Igualdad, Asunción Quinzá, que declara la propiedad del 100% de siete viviendas y del 25% de una octava. El director general de Tecnologías de la Información, Javier Balfagón, declara participaciones en ocho viviendas repartidas entre Valencia, Cuenca y Teruel, además de dos inmuebles rústicos.

El presidente de la Generalitat presenta una particularidad. Juanfran Pérez Llorca no declara viviendas a título personal, pero sí participa en una empresa familiar que tiene ocho pisos. Las participaciones en esa sociedad aparecen en su declaración patrimonial. Es decir, la fotografía cambia cuando se mira exclusivamente la titularidad directa o cuando se incorporan las propiedades de sociedades participadas por los cargos.

También destacan Inés Sánchez Lázaro, directora general de la Abogacía, con cinco viviendas en distintos porcentajes, y Luis Gómez, director general de Medio Natural, con cinco viviendas en propiedad plena, además de cuatro garajes y seis inmuebles rústicos. Bartolomé Pérez Gálvez, director general de Salud Mental, declara el 50% de cinco viviendas en Valencia y Alicante. La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, declara otras cinco viviendas bajo diferentes porcentajes de titularidad.

Entre los siete altos cargos que declaran cuatro viviendas aparece el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, con tres inmuebles al 100% y otro al 50%. La subsecretaria de Hacienda, Alida Consuelo Mas, declara cuatro viviendas al 100% en València, mientras que la directora general de Tributos, Inmaculada Domínguez, declara cuatro viviendas con participaciones del 50% y el 20%.

Y entre quienes declaran tres viviendas aparecen también varios miembros del propio Consell. El conseller de Agricultura y portavoz, Miguel Barrachina, declara tres viviendas y, además, 21 inmuebles rústicos. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, posee el 50% de tres viviendas, mientras que Vicente Martínez Mus, responsable de Medio Ambiente, declara tres viviendas con diferentes porcentajes de titularidad. La consellera de Educación, María del Carmen Ortí, también figura entre los altos cargos con tres viviendas.

La vivienda, entre el discurso político y el patrimonio privado

La cuestión adquiere especial relevancia porque la vivienda ocupa un lugar central en la agenda política española y valenciana. El Ejecutivo del PP ha defendido en los últimos años medidas fiscales relacionadas con la propiedad y las transmisiones patrimoniales. Durante el anterior Consell de PP y Vox se aprobó una bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones y, posteriormente, se elevó el mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio de 500.000 a un millón de euros.

Los gobierno de Carlos Mazón y Pérez Llorca decidieron no aplicar los aspectos clave de la Ley de Vivienda estatal, como la limitación de los precios del alquiler y la declaración de zonas tensionadas.