La presión obliga al Consell a moderar el copago en dependencia
Finalmente, la presión social ha obligado a recular a la conselleria que, si bien no se echa atrás y retira el copago en dependencia -Sánchez Zaplana reconocía hace unas semanas que la Generalitat esperaba recaudar unos 15 millones de euros al año por este concepto-, sí que rebajará las aportaciones de los usuarios al sistema para “favorecer a los beneficiarios de estos recursos”, tal y como reconocía el secretario autonómico de Dependencia, Manuel Escolano, tras reunirse con representantes del Cermi CV (Comité de Representantes de Personas con Discapacidad), Copava (Coordinadora de Centres Ocupacionals del País Valencià) y Fead CV (Federación de Empresarios de Entidades de atención a la discapacidad).
Entre las propuestas de Bienestar Social -que tiene pendientes de resolver más de 13.000 expedientes-, destaca el incremento del 'dinero de bolsillo' de los usuarios de residencias -que pasa de los 126 euros mensuales previstos inicialmente a los 213,5 euros para las personas con discapacidad, lo que supone 2.562 euros anuales, lo que constituye el 40% del Iprem, aunque a Cermi CV no considera que esta cantidad sea suficiente.
Así, Escolano ha resaltado que con esta modificación, la Comunitat Valenciana -que es con diferencia la peor comunidad a la hora de proteger a los dependientes según los profesionales del sector- se sitúa, junto a Cantabria, entre las regiones con mayor 'dinero de bolsillo' para los usuarios de residencias financiadas por la Administración, así como también se mejora la cantidad de libre disposición para las personas mayores en residencias públicas, que pasa de 101 a 170 euros al mes.
Otras medidas
Conselleria ha anunciado que asumirá los gastos de transporde de cerca de 800 usuarios de centros ocupacionales comarcal, una financiación que ascenderá a unos 1.300 euros anuales por usuario, así como la propuesta de mejorar el cálculo de las prestaciones por dependencia para los menores de 18 años, de modo que se tenga en cuenta la capacidad individial del menor y no la renta familiar, como se venía haciendo hasta ahora, o generalizar la prestación por cuidador no profesional, dado que “es en el entorno familiar donde se debe seguir apoyando a los menores”.
Así mismo, Escolano ha explicado que conselleria contempla la supresión de no percibir la prestación por desempleo para los cuidadores no profesionales de modo que se puedan compatibilizar ambas prestaciones.
Favorecer a los que menos tienen
Escolano ha defendido el sistema, señalando que en el cálculo de las aportaciones en función de la renta individual de los usuarios, “favoreciendo a quienes menos tienen, ya que aporta quien puede y siempre en función de sus posibilidades”, al tiempo que añadía que de los usuarios de las 8.800 plazas en centros de atención a la discapacidad financiadas por la Generalitat, “alrededor de 4.000 personas, casi la mitad, quedan exentas de realizar aportación alguna”.
Financiación de centros
Además, la conselleria publicó la semana pasada en el DOCV (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana) la convocatoria anual de ayudas para la atención de personas con discapacidad en centros especializados gestionados por entidades sin ánimo de lucro, una línea dotada con más de 68 millones de euros, y que supone un incremento del 3'6% respecto a 2013. A esta cantidad se suman 15 millones de euros en líneas nominativas para la financiación de centros gestionados por entidades locales.
Reacciones
En cuanto a las reacciones a la reunión de este lunes, desde Cermi CV han valorado de forma positiva la apertura de la negociación en temas que “antes estaban cerrados” y se comprometían a estudiar la propuesta de la conselleria para “hacer aportaciones y modificaciones que mejoren la calidad de vida de los discapacitados y sus familias”.
En las últimas semanas, después de que se hiciera público que la Generalitat iba a poner en marcha el copago en dependencia se han producido diversas reacciones, que van desde las manifestaciones convocadas en Valencia por el sector hasta las mociones aprobadas por diferentes Ayuntamientos -con la Valencia de Rita Barberá a la cabeza- pronunciándose en contra de esta medida y negándose a aplicar el copago.
