Oposiciones a policías bajo sospecha

La Generalitat centralizará las pruebas a partir del año que viene

El caso de Alicante abunda en los escándalos sobre la limpieza de los procesos de selección de agentes locales 

Hijos o familiares de algún comisario, de intendentes, de oficiales y de agentes, además de familiares de cargos políticos y de sindicalistas, e incluso de propietarios de empresas contratistas del Ayuntamiento. Una información de Radio Alicante desveló que 60 de las 92 personas que obtuvieron las plazas para ocupar puestos en la Policía Local de Alicante reunían estas características en una prueba de oposición a la que habían concurrido 1.529 aspirantes.

Ante el impacto que la noticia de la sospechosa proximidad con la política municipal de la mayoría de los aprobados tuvo en la opinión pública, el Ayuntamiento de Alicante, que preside Luis Barcala, del PP, se apresuró a anunciar la apertura de un expediente informativo para esclarecer posibles irregularidades en esas oposiciones a la Policía Local. “No prejuzgamos ninguna actuación, pero no vamos a permitir que quede en el aire ninguna sombra de sospecha”, declaró el concejal de Seguridad y Recursos Humanos, José Ramón González, mientras la oposición reclamaba una comisión de investigación y el traslado del asunto a la Agencia Valenciana Antifraude.

Después se supo que entre los aprobados en las pruebas de acceso, como ha publicado este diario, figuran el hijo de una exasesora del alcalde, el de un concejal de Vox, la esposa de un exdiputado autonómico y exvicepresidente de la Diputación, del PP, la hija de una asesora de la exalcaldesa popular Sonia Castedo y familiares de cargos de la Policía Local, entre otros. 

El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, compareció en las Corts Valencianes para entregar la memoria de la agencia correspondiente al ejercicio de 2021. Allí reveló que el 45% de las denuncias registradas responden a procesos de selección y oposiciones, que son, con diferencia, las irregularidades más denunciadas en el organismo que lucha contra la corrupción. La Agencia Valenciana Antifraude investiga 161 convocatorias de empleo público, la mitad para el acceso a plazas de policías locales.

Las sospechas sobre estos procesos de selección no son un tema nuevo. El propio Llinares lo había señalado también en el parlamento autonómico un año antes, cuando presentó la memoria de 2020 y puso la lupa sobre las denuncias recibidas de oposiciones a policías locales.

Por otra parte, hace tres años que la Generalitat Valenciana aprobó una medida para hacer frente al problema de los supuestos amaños cuya puesta en marcha, sin embargo, se ha retrasado debido a la pandemia. El secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, explicó en una entrevista en la Cadena SER tras lo ocurrido en Alicante que la Generalitat centralizará el año que viene las oposiciones con la unificación de todas las pruebas selectivas en una convocatoria única, mediante “encomienda” de los ayuntamientos. La iniciativa surgió desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y ha sido consensuada con los sindicatos.

Dos ministerios se desentienden de la polémica ampliación

El Puerto de València: 'yo me lo guiso, yo me lo como'

Bien se puede aplicar el refrán que dice “yo me lo guiso, yo me lo como” al recorrido que la decisión sobre la necesidad o no de una nueva evaluación ambiental para el proyecto de ampliación del puerto de València ha realizado por los ministerios de Transición Ecológica y de Transportes para concluir, en un documento de Puertos del Estado, que es la propia Autoridad Portuaria de València, que preside Aurelio Martínez y que promueve precisamente la obra, la que ha de certificar que no hace falta una nueva declaración de impacto.

“No tiene sentido”, indicó el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, que el mismo Puerto de València, que es el promotor de la ampliación para construir una gigantesca terminal de carga y descarga de grandes barcos de contenedores gestionada por la naviera MSC, decida si es necesario un informe ambiental para llevarla a cabo. 

La polémica por la ampliación portuaria, a la que la Comissió Ciutat-Port se opondrá en los tribunales por su impacto territorial, los daños sobre las playas del sur de la ciudad y sobre el parque natural de l'Albufera, mantiene la división de opiniones entre los socialistas y sus socios de gobierno de Compromís y Unides Podem. “El Consell ha de hacer valer la protección de l'Albufera”, reiteró Mireia Mollà, consellera de Emergencia Climática y Transición Ecológica, al preguntarle sobre la previsible judicialización del conflicto.

Alicante, centro de refugiados 

Acogida educativa y emocional de niños y niñas de Ucrania

“En total, en la Vega Baja contamos a día de hoy con 281 alumnos refugiados ucranianos escolarizados”, explicó el conseller de Educación, Vicent Marzà, durante una visita a centros escolares de Torrevieja donde se ha acogido a niños y niñas que han llegado huyendo de la guerra en Ucrania. “Nuestro dispositivo autonómico de acogida educativa y emocional de alumnado ucraniano ha facilitado que el sistema educativo valenciano esté escolarizando a más del 40% del alumnado refugiado ucraniano que llega a España”, añadió Marzà.

Por otra parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el presidente de la Generalitat Valenciana. Ximo Puig, visitó en la Ciudad de la Luz de Alicante las instalaciones del centro creado allí para recibir, atender y buscar recursos a las personas que han huido de la guerra causada en Ucrania por el presidente ruso Vladimir Putin. “En muy pocos días”, explicó Sánchez, 70.000 ucranios llegados a España tendrán ya la protección temporal activada por la Unión Europea.

3.000 millones por la gran firma valenciana de reproducción asistida 

Una compañía estadounidense, KKR, es la que al final compra el Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI-RMA), la gran firma valenciana de la reproducción asistida fundada en 1990 por José Remohí y Antonio Pellicer. Ambos seguirán como accionistas y al frente del equipo directivo tras una operación de alrededor de 3.000 millones de euros. El IVI es líder mundial en su campo, con 80 clínicas en 9 países (Estados Unidos, Panamá, Brasil, Chile, Portugal, España, Italia, Reino Unido y Dinamarca) y ha ayudado al nacimiento de 250.000 bebés.

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