La Agencia Antifraude pone en la lupa oposiciones y convocatorias de empleo público en la administración local

El ámbito de la contratación pública, los recursos humanos y las oposiciones son el principal foco de investigación para la Agencia Antifraude Valenciana. Así se desprende de la memoria del ejercicio 2020 presentada por su director, Joan Llinares, este martes a los grupos parlamentarios en las Corts Valencianes, donde el responsable ha señalado un aumento considerable de las denuncias relacionadas con malas prácticas en la contratación pública, que ya suponen el 32% del total.

Entre las denuncias, destacan las que se refieren a oposiciones de Policía Local, un aspecto que también subrayó el Síndic de Greuges, Ángel Luna, al tomar la responsabilidad del organismo. De los 24 denunciantes protegidos por la Agencia Antifraude, cinco han denunciado irregularidades en procesos de selección de Policías Locales. El ámbito de la administración municipal concentra el grueso de denuncias presentadas, tanto anónimas como con personas identificadas: el 64% de las denuncias presentadas se refieren a administraciones de carácter municipal, incluyendo las entidades correspondientes a su sector público. En segundo lugar, con un 22% del total, se encuentra la administración de la Generalitat Valenciana, incluido el sector público autonómico.

Según el ámbito material de las denuncias presentadas los dos ámbitos principales han sido los de contratación pública y los recursos humanos: en el año 2020 la contratación pública ha representado el 32% de las denuncias presentadas -fue del 25% en 2019-, seguido de la gestión de recursos humanos que, si bien ha descendido, sigue siendo del 28% (antes, el 40%) del total de denuncias presentadas.

Llinares ha destacado ha destacado los fraudes en oposiciones como alguno “muy burdo” en el que alguien directamente facilitó las respuestas a un aspirante, en referencia a un alto cargo que envió respuestas a una amiga en un examen. “La selección pública es algo muy serio”, ha recordado, para evitar que los funcionarios sean mediocres o estén “cautivos” de quien le ha facilitado el puesto.

A su juicio, la falta de personal lastra las investigaciones y cree que es una cuestión que la administración pública “deberían de tomarse muy en serio” y que ha empeorado con la pandemia. Asimismo, ha destacado casos como el enriquecimiento injusto, los contratos menores fraccionados o el abono de facturas sin contratación, que ponen trabas al control administrativo.

La Agencia Antifraude tiene bajo protección a 24 personas, la mayoría funcionarios del ámbito local, tras recibir 35 solicitudes en 2020. En sus tres años de vida, el estatuto del denunciante ha protegido a 35 personas de posibles represalias por las denuncias interpuestas. De las 226 denuncias se han resuelto 36 expedientes, dos de ellos se han trasladado a órganos judiciales y cuatro al Tribunal de Cuentas.