Torró multiplica por 20 el personal de la empresa pública que quiere cerrar
Arturo Torró, empresario, siempre ha presumido de liberal. Sin embargo, Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), la empresa del ayuntamiento que él preside, ha pasado de 5 a 104 empleados en sus tres años y medio de gestión. Ha multiplicado su personal por 20.
Siempre según el PSPV-PSOE, el coste de personal se ha multiplicado por 15, cuatro empleados cobran más de 3.000 euros al mes y otros 16 más de 2.000. Los socialistas sospechan que los nuevos contratados entraron a dedo, sin ningún concurso público.
Paradójicamente, Torró quiere liquidar la sociedad, sin acceso al crédito, únicamente sostenida por los préstamos –que no devuelve- que la da el ayuntamiento. IPG gestiona piscinas del consistorio, el servicio de bicicletas municipal o viviendas sociales.
Torró ha acusado a los socialistas, que basan su denuncia en datos de la Seguridad Social, de mentir. En julio justificó su voluntad de cerrar la empresa por la herencia recibida. “IPG ha estado mal hecha desde el principio tal y como siempre hemos dicho. Allí se han cometido las mayores maldades por parte del gobierno socialista y ahora, cumplo con mi compromiso y promesa electoral de cerrar la empresa pública”.
La candidata del PSPV a la alcaldía de Gandia, Diana Morant, niega la mayor: “Es una indecencia que el alcalde mantenga a 104 empleados en una empresa que ha arruinado y que está en disolución. El PP debe explicar si el ‘Ahora empleo’ que prometió en 2011 era esto”.
La gestión de Torró está salpicada por polémicas como la retirada de una escultura por catalanista o el intento de urbanizar la última playa virgen de la localidad. Dos grupos de rap de Gandia, Zoo y Embolicats, han criticado recientemente al alcalde en sus últimos trabajos.
