Tres versiones del plan de la zona de actividades logísticas del Puerto de Valencia y una retahíla de fallos en contra

La Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia supuso la destrucción de gran parte de la huerta milenaria de La Punta de Valencia, una pedanía situada al sur de la ciudad y a tiro de piedra del parque natural de l'Albufera. Un auténtico pulmón verde arrasado por las máquinas excavadoras en un tormentoso proceso que supuso el derribo de las viviendas de 147 familias a pesar de la intensa lucha vecinal. Aquella actuación partió de una resolución ilegal, según una sentencia del Tribunal Supremo dictada cuando La Punta ya había sido borrada del mapa y convertida en un enorme descampado de hormigón. La última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha vuelto a remarcar que el plan especial de la ZAL se basa en una resolución ilegal.

A pesar del enésimo fallo judicial en contra, la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, que dirige la socialista Rebeca Torró, anunció que recurriría el fallo. Y es que la parte socialista del Ejecutivo autonómico valenciano ha apostado siempre por la aprobación del proyecto declarado ilegal por los tribunales, en paralelo a la ampliación del Puerto de Valencia, que preside Aurelio Martínez. Todo ello con la oposición de sus socios de gobierno de Compromís y Unides Podem y de entidades ecologistas como Per l'Horta, entre otras.

El proyecto se remonta a 1999, cuando el entonces gobierno autonómico popular presidido por Eduardo Zaplana aprobó el plan especial modificativo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia para el desarrollo de la ZAL. Las obras del proyecto, que contaron con una larga oposición vecinal, concluyeron en 2005. Cuatro años más tarde, la ZAL fue declarada nula por el Tribunal Supremo (TS). Aquella decisión supuso la nulidad en cascada de los instrumentos aprobados en desarrollo del plan especial.

Semanas más tarde de la resolución del TS, el Ejecutivo valenciano presidido por Francisco Camps incorporó el informe preceptivo del Ministerio de Medio Ambiente, que se había omitido inicialmente. Sin embargo, el TSJ-CV declaró nulo, de nuevo, el plan especial y el TS conformó la resolución en 2015.

“Por consiguiente”, explica el abogado de Per l'Horta Antonio Montiel, el proyecto de urbanización “al amparo del cual se hicieron las obras permanecía en aquella situación de nulidad, como el resto de actos de desarrollo y ejecución sobre esos terrenos que habían recuperado su condición jurídica originaria de no urbanizable de especial protección agrícola”.

En 2017 el TSJ-CV anuló el proyecto aprobado casi dos décadas antes para la subestación y línea eléctrica de alta tensión que debía alimentar a la ZAL. “Con lo que la ZAL, en puridad, carece de suministró eléctrico legalizado”, señala Montiel, exportavoz de Podem en las Corts Valencianes durante la primera legislatura del Pacte del Botànic.

A pesar de la retahíla de sentencias judiciales en contra, que confirmaban el fracaso de cualquier intento de continuar con el proyecto, la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, que siempre ha estado en manos del PSPV-PSOE a lo largo de las dos legislaturas del Pacte del Botànic, siguió erre que erre. Así nació la tercera versión del plan especial aprobada en 2018 por la Generalitat Valenciana. El nuevo plan iba más allá en el desaguisado e incorporaba nuevas infraestructuras que no estaban incluidas inicialmente, como las conexiones eléctricas.

La última versión también ha topado con la negativa de los tribunales, tras sendos recursos de Per l'Horta (en nombre de la plataforma Horta és futur. No a la ZAL) y de la Asociación de Vecinos La Unificadora. La última sentencia reprocha a la Generalitat Valenciana que se saltara su propia normativa urbanística y refrenda que los terrenos de 772.961 metros cuadrados estaban clasificados como suelo no urbanizable de protección agrícola, a pesar de permanecer el espacio “completamente urbanizado” en la actualidad.

Además de los fallos principales sobre la ZAL, los tribunales también han dictado un puñado de sentencias adicionales exclusivamente referidas a la expropiación de terrenos a los vecinos y a las indemnizaciones, entre otros aspectos.

A pesar de que la última sentencia del TSJ-CV advertía de nuevo de la ilegalidad originaria del plan de la ZAL, la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad prepara un recurso. “La estrategia jurídica de la Abogacía no puede ir en contradicción”, señalaban fuentes del departamento que dirige Rebeca Torró a este diario. “Por regla general”, agregan, “en estos casos se procede a hacer lo mismo que se ha hecho anteriormente y la actual resolución reproduce literalmente los términos de la anterior”.

Recursos para “ganar tiempo”

El letrado Antonio Montiel lo interpreta de otra manera. “Los recursos al Tribunal Supremo” de la Generalitat Valenciana y de VPI Logística, empresa de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), “se orientan a ganar tiempo para consolidar la urbanización y, sobre todo, la instalación de algunas empresas, pocas porque el suelo sólo se puede ocupar en cesión de superficie (sin propiedad) para un periodo entre 15 y 35 años a un precio mínimo de 1,5 euros el metro cuadrado, más IVA”. “Una inversión poco atractiva comparada con la posibilidad de adquisición en propiedad en Sagunto, donde por cierto la APV ha estado vendiendo sus propiedades hasta hace tan solo tres años”, agrega.

Montiel recuerda que “sólo ha habido ofertas para cuatro parcelas y dos de esas ofertas son de empresas del grupo MSC, el mismo de la macroampliacion del Puerto”, apostilla. Mientras el alto tribunal resuelve, se abre la puerta a colocar peones sobre el tablero. “Si consiguen que las empresas inicien obras y se pongan en funcionamiento antes de la sentencia del TS, que estamos convencidos que confirmará las del TSJ-CV, será muy difícil el ejecutarla y revertir terrenos sin demoler no sólo la urbanización sino también las naves de empresas terceras y la amenaza de indemnización y eventual destrucción de puestos de trabajo actuarán como mecanismo de presión adicional para buscar alguna fórmula de parche”, concluye Antonio Montiel.