La izquierda de València exige que se publiquen las reuniones “ocultas” de los audios de Olano y Catalá dice que dará cualquier documentación

Los grupos municipales de Compromís y PSPV en València han rechazado las explicaciones ofrecidas por la alcaldesa, María José Catalá, relacionadas con la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción por posibles casos de “enchufismo” y han anunciado nuevas acciones legales.

La Fiscalía Anticorrupción investiga a la alcaldesa de València, María José Catalá, y a la presidenta del Puerto, Mar Chao, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias cometidos, al parecer, en procesos de colocación del personal del Consorcio Valencia 2007 tras su liquidación.

En un comunicado, la portavoz de Compromís en el Consistorio, Papi Robles, ha asegurado este jueves que una de las plazas —la de Visit València— que “la alcaldesa ponía como ejemplo de proceso correcto no cumplía los requisitos establecidos en la convocatoria”.

La coalición valencianista señala que la investigación “apunta a un sistema organizado para situar a personas afines en puestos directivos mientras se liquidaba el Consorcio València 2007, con procesos bajo sospecha de vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad, como recogía el informe de la Intervención General del Estado”.

En este contexto, el caso de Visit València “no sería una excepción ‘legal’, como ha tratado de hacer ver la alcaldesa, sino una pieza más de una operativa más amplia”, considera la portavoz de Compromís, Papi Robles.

Según Compromís, el puesto de trabajo adjudicado en la Fundación Visit València se asignó a una persona que, en el momento de la contratación, ya no cumplía el requisito esencial de ser empleado del sector público con relación funcionarial o laboral estable.

En concreto, esta persona fue despedida del Consorcio el 16 de octubre de 2024. Sin embargo, la resolución se firmó el 11 de noviembre de 2024 y el contrato al día siguiente, cuando ya había perdido esta condición tras el despido colectivo del Consorcio València 2007.

“Las bases de la convocatoria eran claras: era necesario acreditar la condición de personal del sector público tanto en el momento de presentarse como en el de formalizar el contrato. Para Compromís, el hecho de que esta exigencia no se cumpliera desmonta completamente la defensa de Catalá y pone en cuestión la validez del proceso”.

En esta línea, el concejal Ferran Puchades ha solicitado la documentación relativa al proceso, incluyendo las certificaciones que acreditaban el cumplimiento de los requisitos y la Relación de Puestos de Trabajo de la Fundación Visit València, con el objetivo de aclarar cómo se tramitó realmente esta contratación.

Sobre este mismo asunto, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Borja Sanjuan, ha exigido al gobierno de María José Catalá que “haga pública de manera inmediata la agenda de reuniones del concejal José Marí Olano, mano derecha de la alcaldesa, para esclarecer todas las reuniones que ha mantenido en secreto para ofrecer puestos de trabajo de manera irregular en el Ayuntamiento de València”.

Los socialistas han presentado una ampliación de denuncia en la Fiscalía para que se investigue también a Olano “después de que se hayan publicado audios suyos ofreciendo a los ex trabajadores del Consorcio Valencia 2007 plazas públicas a medida”, unos audios avanzados en exlusiva por elDiario.es.

“Olano es un concejal que no está publicando la agenda de con quién se reúne ni dice para qué empresas trabaja y está a sueldo porque, es necesario recordarlo, Catalá le concedió la compatibilidad para trabajar para empresas ajenas a este Ayuntamiento”, ha agregado Sanjuan, que anuncia nuevas acciones judiciales en caso de no obtener la información requerida.

“Hay que achicar el espacio que tienen determinadas personas para pensar que la administración es un sitio donde pueden regalar puestos públicos y asignar contratos a dedo”, ha concluido.

Catalá replica que las agendas son públicas

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este jueves que la agenda del concejal José Marí Olano es pública, al igual que la del resto de concejales del Ayuntamiento, y ha insistido en que aportará toda la documentación necesaria a la Fiscalía Anticorrupción sobre la recolocación de personal que investiga.

Preguntada por la petición del PSPV de conocer la agenda del concejal del Ayuntamiento de València José Marí Olano, que también ha sido incluido en su denuncia ante la Fiscalía por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la recolocación del personal del Consorcio Valencia 2007, Catalá ha insistido que, salvo las reuniones internas, “el PSPV sabe perfectamente que las agendas son públicas”.

“Yo creo que sobre este tema ya he dicho, durante dos días, todo lo que tenía que decir y he hecho todo lo que tenía que hacer”, ha señalado la alcaldesa.

A su juicio, “lo más importante ahora es dejar que se avance” y ha sostenido que el Ayuntamiento aportará a la Fiscalía “cualquier documentación que disipe todas las dudas sobre esta situación”.